Cuatro meses de los sismos en La Guaira: «La gente no espera milagros, pero sí claridad»

La Red de Sobrevivientes de La Guaira espera mayor claridad de las autoridades venezolanas sobre la atención a la emergencia, tras cuatro meses de los sismos que asolaron al estado

Luisa Quintero

Cuatro meses han transcurrido del doblete sísmico que asoló gran parte de La Guaira y afectó varios estados del país. Los anuncios de las autoridades no han parado desde entonces, pero entre remoción de escombros, asignaciones de viviendas o el otorgamiento de créditos puntuales, aún muchas familias de la entidad costera esperan por una hoja de ruta clara sobre lo que viene.

El pasado 11 de octubre, mientras se encontraba en Italia, se divulgó un video donde Delcy Rodríguez hizo un recuento de las labores del gobierno nacional para la atención de la emergencia post sismos: se han rehabilitado y entregado 2.422 viviendas en Caracas, en especial atención a los municipios Libertador y Chacao; se han entregado 700 viviendas nuevas en seis estados; en La Guaira se recuperaron 686 viviendas.

«Seguimos rehabilitando 20.083 viviendas que beneficiarán en su conjunto a 82.205 personas en trece estados del país. Hemos entregado 461 créditos a condominios, con beneficio para 16.172 familias, para la recuperación de sus espacios, de sus viviendas y se está ejecutando el plan de 3.000 viviendas unifamiliares transitorias en Ciudad Caribia, con 27% de avance y una meta total de 6.000 viviendas unifamiliares», dijo entonces Rodríguez.

Asimismo, la encargada del Poder Ejecutivo dijo que se han reubicado a 7.336 personas y liberado 30 campamentos transitorios. «Seguimos acompañando a quienes necesitan una respuesta habitacional, una vivienda. Aún se encuentran activos 86 campamentos donde diariamente se atienden a 18.055 personas. A quienes están aún en un campamento, tengan la certeza de que pronto van a tener una vivienda. Trabajamos para responder a las familias que esperan recuperar sus hogares».

Pero Iván Cedeño, profesor universitario y coordinador de la Red de Sobrevivientes de La Guaira, dice que sin un registro público independiente o base de datos «es complicado» verificar o validar las declaraciones que se hacen de manera oficial.

«En el estado se están ejecutando trabajos, por ejemplo, de remoción de escombros. Uno observa que así como se remueven, hay muchos escombros por la magnitud de lo que ocurrió pero no tenemos una métrica oficial sobre cuánto se ha recogido. Así mismo, el reporte de fallecidos se quedó congelado desde el pasado 24 de agosto en 6.509 fallecidos y ese día se nos notificó que habían 60.785 viviendas afectadas. Pero eso quedó allí», señala.

Según las autoridades, en La Guaira se han recolectado un millón 200 mil toneladas de escombros de los 2.100.000 toneladas de la meta total, «despejando en tiempo récord 120 frentes para la pronta recuperación de las zonas afectadas». Pero no hay información clara sobre los planes para transformar estos desechos, si ya se están usando para la reconstrucción o dónde se encuentran los 14 Centros de Disposición Temporal (CDT) creados para tal fin.

Las autoridades también han dicho que se recuperó 99% del servicio de agua potable y 85% de conectividad. Respecto a la infraestructura hospitalaria y educativa, Delcy Rodríguez afirmó que la rehabilitación del hospital José María Vargas «alcanza 46% y hay 10 hospitales en reparación, mientras se han recuperado 115 de las 120 escuelas afectadas en La Guaira».

Tampoco hay manera de contrastar estos datos. Según datos de la Fundación Unidos en la Misión, los sismos afectaron unas 400 escuelas, lo que implica que alrededor de 200.000 niños, niñas y adolescentes han quedado fuera del sistema escolar.

Sin ruta clara en La Guaira

La Red de Sobrevivientes de La Guaira señala que muchas comunidades «están esperando respuestas y se encuentran en una situación de incertidumbre. El balance que hacemos a cuatro meses es que hay temas que son prioritarios resolver, como las personas que se encuentran en estos campamentos de tránsito porque todo esto genera un desgaste emocional agudo en las personas que, además de haber vivido el doble terremoto, han perdido a sus seres queridos, han perdido sus bienes materiales y están en estos refugios lo que genera una sobrecarga mental enorme por la incertidumbre».

En ese estado, ha identificado la red, hay 28 campamentos transitorios en sectores como Mare Abajo, Playa Grande, los campos de golf de Caraballeda, Tanaguarena, el polideportivo, Puerto Viejo o la Universidad Marítima del Caribe. En estos sitios viven al menos 14.000 personas que, si bien están siendo atendidas, esperan por una asignación de vivienda y acceder a otras ayudas como créditos para emprender.

«La gente no espera milagros, pero sí quiere claridad, quiere la verdad del asunto y esa verdad da tranquilidad porque sabemos hacia dónde vamos y cuándo se les va a asignar una vivienda, que constituye un derecho. Después de que perdiste todo, es lo menos que puede hacer el Estado venezolano», afirma Cedeño.

La noche del jueves 22, los damnificados de los campos de golf trancaron la calle y protestaron por «respuestas» ante la nula información que tienen sobre una posible reubicación. «Escuchen el clamor de un pueblo que está sufriendo mucho», expresó uno de los afectados.

Denunciaron a La Verdad de Vargas que están hacinados y enfrentan constantes inundaciones por las lluvias, lo que daña los pocos enseres que han logrado reunir. Asimismo, dijeron que el jueves les ordenaron recoger sus pertenencias pues serían trasladados a las viviendas unifamiliares transitorias construidas en Ciudad Caribia, pero luego frenaron la reubicación.

Una situación similar atraviesan los refugiados en el campo de béisbol de San Julián. Carlos Fariñas expresó que «estamos esperando todavía respuesta» sobre las reubicaciones, mientras que Maryuri Chávez pidió ayuda directa con materiales de construcción para poder reconstruir su casa. «No tenemos empleo para poder arreglar nuestras viviendas y mucho menos pagar la mano de obra», señaló la mujer a La Verdad.

Dos días antes, Delcy Rodríguez entregó 500 módulos transitorios en Ciudad Caribia a familias que se encontraban en el estadio César Nieves. En la actividad, detalló que proyectan entregar 4.000 viviendas ya censadas que se encuentran en ejecución, además de la construcción de otras 2.000 unidades en los próximos meses: «De aquí a finales de diciembre nosotros esperamos que todas las personas que están en campamentos vayan a una vivienda definitiva».

Iván Cedeño insiste en que es una prioridad la existencia de una «hoja de ruta clara» para que las personas en campamentos puedan salir a viviendas definitivas. «El campamento y el refugio salva la vida de las personas y las ayuda las primeras cuatro semanas, pero a doce semanas estar en un refugio tiene implicaciones».

La asociación también ha recibido denuncias sobre presiones indebidas para que las personas desalojen algunos campamentos. «Sobre todo los que están ubicados en infraestructura educativa. Sabemos que es un tema complejo, pero insistimos en que lo más importante es que haya un respeto a la dignidad humana y una hoja de ruta para estas familias».

Una de las cuestiones a las que se opone la Red, comenta su coordinador, es que estas personas en campamentos sean, por cualquier vía, presionadas para irse a otros estados. «Hay que respetar el derecho a ser habitante con todo el peso de una historia, de que formamos parte de esta comunidad. Eso también genera un tema de identidad. Cuando sacas a una persona de su contexto, de su cultura, de sus amigos, eso genera una especie de violencia cultural».

Reclamos que no cesan

Decenas de comunidades aún esperan respuestas sobre una posible reubicación o ayudas para recuperar sus edificios y viviendas. Según Delcy Rodríguez, la comisión presidencial ha inspeccionado más de 63.000 inmuebles para determinar su habitabilidad, «y por seguridad se han tenido que demoler 267 edificios».

Sin embargo, tanto en La Guaira como en Caracas hay decenas de denuncias sobre los retrasos en inspecciones a edificios, mal registro o etiquetado, lo que impide acceder a nuevas soluciones habitacionales o créditos para la recuperación. TalCual contactó al ministro Francisco Garcés, quien preside la comisión de habitabilidad y se mostró dispuesto a declarar sobre el asunto, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

Por ejemplo, los vecinos de los bloques 1, 2 y 3 de la urbanización José Antonio Páez (Catia La Mar) no tienen respuesta oficial sobre las reparaciones a los edificios de 15 pisos, con 10 apartamentos por piso.

Casi 200 familias de los edificios Mirador, ubicado en la urbanización La Llanada, han solicitado a las autoridades que haya una inspección de los edificios y se defina desde el punto de vista técnico cuál es el estatus de los mismos. En Residencias Arichuna (Los Corales) y la torre B de la OPP 33 (Tanaguarena) denuncian cambios en los sistemas que impiden tramitar los créditos sociales o subsidios directos (de hasta 80%) destinados a la compra de viviendas en el mercado secundario.

Desaparecidos en La Guaira

Uno de los datos más desestimados por las autoridades ha sido la cifra de personas desaparecidas por el doblete sísmico en La Guaira. El 25 de junio, las autoridades nacionales informaron de 157 desaparecidos. El 4 de agosto, el gobernador José Alejandro Terán dijo que tenían reportadas 1.579 personas desaparecidas. Desde esa fecha no hay información oficial.

«Nosotros como red de sobrevivientes estamos en el campo tratando de hacer un esfuerzo para recoger información y tener datos que, obviamente, no van a ser oficiales. Nosotros solicitamos por escrito a la Gobernación que nos recibiera para conversar sobre estas inquietudes y reflexiones que estamos haciendo como sociedad civil organizada. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta», dice Iván Cedeño. El documento se entregó hace más de cuatro semanas.

Mientras, la búsqueda individual de cuerpos gracias a los esfuerzos de los propios familiares y comunidad organizada continúa. En la parroquia Caraballeda, bajo los escombros del edificio Caribe se han rescatado los cuerpos de dos personas esta semana, entre ellos el piloto de Aviación Gustavo Riascos, de 51 años, y quien vivía en la torre B.

Familiares de un grupo de niños, niñas y adolescentes fundaron el movimiento «Hasta Encontrarlos La Guaira» para exigir al Estado que active los mecanismos de búsqueda o les ofrezca una respuesta.

Han logrado reunir a familiares de 11 niños y niñas, la mayoría estaba en la OPP 26, y según vídeos se ha logrado verificar que algunos de ellos salieron de los edificios antes de colapsar.

Uno de esos es Dylan Antonio Aguilar, de 14 años. «Sacamos a su papá, a su mamá, a sus hermanas y él no estaba en ese edificio. De ahí empezamos con las máquinas, sin las máquinas, y se acabó el edificio y parte de los otros y no lo hemos encontrado. Fuimos a Los Silos, revisamos a las personas ahí, fuimos a Bello Monte, nos hicimos las pruebas y todavía nada de él», dijo Adriana Méndez, tía del niño.

También comentó que han ido a campamentos transitorios y sólo les muestran las listas. «Hemos pedido verlos, pero nos dicen que no», indicó Adriana.

«No están en Los Silos, no están en los hospitales, no están en los sitios de recuperación de los cuerpos. A medida que pasa el tiempo seguimos esperando respuestas de las pruebas de ADN que se hicieron los familiares y las crucen con los cuerpos que se encontraron. También estamos esperando que den respuesta de los supuestos 40 niños que se enterraron sin familiares, hay fotos pero algunas no son identificables. Estamos esperando las pruebas, pero no nos las están dando… Nos dicen que faltan pruebas que no han enviado al IVIC», dijo por su parte Alejandra Capote.

Lo que viene

La Red de Sobrevivientes de La Guaira espera que, además de la atención de las personas en refugios, las autoridades informen cuándo será el cierre formal de la emergencia operativa. «Es decir, cuándo cerramos esta etapa de contención, socorro y de atención primaria que se le ha estado prestando a las personas», expresa su coordinador Iván Cedeño.

Explica que «hay emergencias que a la fecha no han cerrado nunca, es como si siguiéramos en una emergencia permanente. Por ejemplo, nosotros no sabemos si la emergencia del año 99 se cerró o no formalmente. Ha habido una prolongación indefinida del esquema de emergencia. La Red y la sociedad civil esperan que no se prolongue un esquema de emergencia que paraliza toda la dinámica económica del estado, que genera incertidumbre y desgasta el tejido social».

Bajo ese esquema de emergencia indefinida se prolonga además la opacidad en el uso de los recursos. Cedeño insiste en que «no hay un registro público o base de datos, hay anuncios o declaraciones oficiales que no podemos dar por sentadas porque no se pueden verificar. Esperamos el cierre operativo de la emergencia para pasar a la fase de reconstrucción organizada. No es mucho pedir».

_{*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.}

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