Venezuela es el único país de América Latina que tiene más de 100 militares considerados presos políticos. La persecución a militares institucionales y a sus familias ha sido una constante en los últimos 10 años, “evolucionando en una represión sistemática cada vez más violenta”, revela el informe, al que tuvo acceso Infobae, de la organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM), que dirige Molly De La Sotta.
Por Sebastiana Barráez | Infobae
La persecución se ha extendido a su familia inmediata, “hasta el punto de mantener en prisión a hijos, madres, esposas, parejas, hermanas y familiares para generar terror y forzar declaraciones de supuestos magnicidios y conspiraciones que involucren a dirigentes políticos de la oposición, periodistas, defensores de derechos humanos y otros militares inconformes”.
Destaca el informe que muchos de los militares detenidos, «han sido presentados ante los jueces ‘visiblemente torturados’. Hasta ahora, no hay investigación de las denuncias de torturas y mucho menos los responsables han sido detenidos”.
La organización Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela (FPPM-Ve) da cuenta en su informe de lo ocurrido hasta diciembre 2024, destacando que aun cuando hay víctimas que han identificado a sus torturadores ante el juez, “ninguno ha recibido asistencia médica especializada posterior a las torturas”, y algunos han desarrollado estados depresivos tan fuertes que han intentado el suicidio.
La organización FPPM, que dirige Molly De La Sotta, hermana del Capitán de Navío Humberto De La Sotta, quien estuvo en manos de la DGCIM durante cinco años, 4 meses y once días, “registra 124 presos políticos militares activos y retirados, detenidos en sótanos y celdas infrahumanas en diferentes centros de reclusión”.
Hasta el 2018, a la mayoría de los militares se les imputaba delitos de instigación a la Rebelión en Tribunales Militares, “pero a partir de la Causa del Dron (intento de magnicidio) en agosto del 2018, militares activos y retirados son presentados en Tribunales de Terrorismo sobresaliendo los delitos de: Terrorismo, Magnicidio, Asociación para delinquir, por los cuales han recibido sentencias de hasta de 30 años de prisión”.
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