PERFIL | Delcy Rodríguez, heredera gracias a Trump y partícipe de la represión venezolana

El 2 de julio de 2024 a Delcy Rodríguez le cayó un árbol de mamón encima. El accidente le causó lesiones en su brazo derecho que, con cierta frecuencia, llevaba con vendajes. Ese día Rodríguez estaba en Cumanacoa, en el oriente de Venezuela, supervisando los daños del paso del Huracán Beryl: fue una ráfaga de esos vientos la que tumbó el enorme árbol encima de ella y parte de su equipo.

El anuncio del accidente lo dio Nicolás Maduro en un acto público, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año. Con un humor desafinado que envejeció mal, dijo: “A Delcy, trabajando en Cumanacoa, le cayó un misil. Pero ella se repone de todo”.

Y la afirmación luce cierta. Pues año y medio después, la vemos -bastante repuesta- jurando como presidenta encargada de Venezuela después que, en efecto, cayeran bombas norteamericanas sobre Caracas para llevarse a Maduro y su esposa Cilia Flores.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la mujer que ocupa la silla presidencial en Miraflores con el inesperado aval de los Estados Unidos, es una de las figuras con mayor acumulación de poder dentro del oficialismo venezolano y una operadora clave del entramado político, represivo y económico del Estado.

A Delcy Rodríguez la han presentado como una moderada, una tecnócrata, una chavista “distinta” por sus estudios en Francia e Inglaterra o su excelente dominio del inglés. Lo primero no lo es. Lo confirman la articulista norteamericana Eva Golinger, que pasó varios años en Venezuela al lado de Hugo Chávez, y el ex diplomático turco Imdat Oner, que sirvió en Caracas y recuerda una reunión con embajadores que hubo en 2015 cuando Rodríguez era canciller: “ella llegó dos horas tarde y empezó a gritarle a los diplomáticos de Estados Unidos y los europeos. Ella es una chavista radical, en términos de ideología”, comenta a La Hora de Venezuela.

Lo que sí es Delcy Rodríguez es pragmática, coinciden observadores y analistas. De hecho, su mayor crecimiento dentro de la estructura de poder del chavismo ha sido desde que comenzó a mover los hilos de la agenda económica. Con los años se ha convertido en algo más que la vicepresidenta de turno: es una operadora central del sistema, la figura a la que se recurre cuando hay que confrontar, ejecutar, cerrar filas y conseguir salvavidas económicos.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació en Caracas el 18 de mayo de 1969. Su biografía política no se entiende sin una fecha posterior: 25 de julio de 1976, cuando su padre, Jorge Antonio Rodríguez, murió bajo custodia policial tras ser detenido en el marco del secuestro del empresario William Niehous. La muerte —atribuida a torturas y malos tratos— se convirtió en un punto de quiebre familiar y, con el tiempo, en una pieza clave del relato chavista sobre la «Cuarta República». Para Delcy y su hermano Jorge, esa historia operó como herida y como brújula: la política como reparación, como justicia, como revancha.

Esa noción aparece incluso en una frase que alguna vez dijo en televisión: «La revolución bolivariana, la llegada de nuestro comandante, fue nuestra venganza personal». No es una consigna sino una confesión de identidad, en la que la revolución es reparación íntima más que proyecto colectivo.

Además, Delcy no es solo Delcy. Es parte de un dúo que, desde hace años, opera como columna vertebral del sistema: junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ambos han sido descritos como «gemelos políticos» del chavismo. Comparten origen, relato y ambición.

Esa alianza familiar explica su resiliencia: cuando fue apartada, volvió; cuando cayó en sombras, regresó con más peso; cuando rivales se desplomaron, ella se quedó en pie. En un gobierno donde los apellidos se repiten, la política se hereda y la confianza se administra como un recurso escaso, Delcy ha permanecido por algo fundamental: sirve para sostener el edificio cuando cruje.

Por eso cuando la economía tocó su punto más bajo y necesitaba reflote, Rodríguez se convirtió en la única funcionaria de alto nivel que acudía a las asambleas empresariales, mientras bajo su sombra se iba creando una amplia red de iniciativas privadas. Plataformas de periodismo de investigación como Armando.info han develado nexos de la ahora presidenta encargada con “un séquito empresarial” con ramificaciones en los sectores de construcción, servicios turísticos, inmobiliarias, importadoras de alimentos o empaquetadoras.

En el plano interno, fuentes del oficialismo la describen como una figura reservada, silenciosa y de bajo perfil, con un círculo de aliados reducido pero altamente leal, aliados que ahora la acompañan en la que podría ser la mayor paradoja de su vida: denunciar en el discurso la aprehensión de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, mientras en la práctica, se permite la entrada de la administración Trump en tomas de decisiones políticas y se reanudan acuerdos de ventas del petróleo a EE.UU.

Sin embargo, a la mano con la que juega Delcy Rodriguez en este momento le falta, por mucho, las cartas de seguridad jurídica, de confiabilidad, y de garantías constitucionales que los empresarios petroleros le pidieron a Donald Trump para embarcarse en su plan de regresar a Venezuela. Además de una larga historia de violaciones de derechos humanos, la precariedad económica, más de 900 presos políticos aún en prisión y disputas internas acompañan a la nueva presidenta encargada del país y eso no se borra de la noche a la mañana.

Rodriguez fue Ministra del Despacho de la Presidencia (2006), Ministra de Comunicación e Información (2013-2014), Canciller de la República (2014–2017), Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (2017-2018) y, desde junio de 2018, Vicepresidenta Ejecutiva. Sin embargo, uno de los puntos de inflexión de su carrera fue su presidencia en la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano creado sin referendo previo y no reconocido por la comunidad internacional.

Desde la presidencia de la ANC, encabezó un proceso que anuló en la práctica a la Asamblea Nacional electa en 2015, concentrando funciones legislativas, judiciales y de control político en un cuerpo dominado exclusivamente por el chavismo. Bajo su mandato se aprobaron instrumentos legales ampliamente cuestionados por organismos de derechos humanos.

Fueron los tiempos en que Delcy Rodríguez también ejerció la presidencia pro tempore del Mercosur y en los que Venezuela dejó de formar parte de la organización por haber incumplido el Protocolo de Adhesión. En diciembre de 2016, la entonces canciller venezolana no logró entrar a la reunión de la organización celebrada en Buenos Aires, pero logró ser noticia al mostrarse con un cabestrillo en el brazo producto de la supuestas lesiones que sufrió cuando se le impidió el acceso a la reunión. “Fui golpeada por un policía (…) es bochornoso las ofensas y maltrato físico que se puede dar en el seno del Mercosur a una nación y su canciller”, manifestó en esa oportunidad Rodríguez

Legisladora, Vicepresidenta y rol en violaciones de DD.HH.

El historial de Delcy Rodríguez en materia de derechos humanos va desde su participación en la creación de un marco legal represivo, hasta su papel como uno de los principales ejecutores de una de las olas de represión más intensas de la era chavista.

Durante su gestión en la ANC se impulsaron y consolidaron marcos normativos y decisiones que facilitaron la represión y la criminalización de la disidencia.

Entre ellos destacan:

• La Ley Constitucional contra el Odio (2017), utilizada de forma sistemática para procesar penalmente a opositores, periodistas, activistas y ciudadanos por expresiones en redes sociales, con penas de hasta 20 años de prisión.
• El respaldo político y legal a estados de excepción permanentes, que suspendieron garantías constitucionales y permitieron detenciones sin orden judicial.
• La legitimación del control civil-militar del orden público, consolidando el uso de tribunales militares y cuerpos de inteligencia contra civiles.

Como Vicepresidenta Ejecutiva de la República, tuvo autoridad directa sobre Ministerios y organismos de seguridad. Entre 2018 y abril de 2021, bajo su cadena de mando, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue documentado como responsable de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas temporales y vigilancia masiva.

La Misión de Determinación de Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2020 que existían “motivos razonables para creer” que Rodríguez conocía o debía conocer crímenes cometidos por el Estado y no actuó para impedirlo, pese a su posición de autoridad. Estas conclusiones fueron reiteradas y ampliadas en resoluciones posteriores que mantuvieron activa la investigación internacional sobre Venezuela.

Corrupción, oro y tramas internacionales

Más allá de su rol en la cadena de mando de violaciones de derechos humanos, Delcy Rodríguez ha sido vinculada a tramas de corrupción transnacional que involucran oro, empresarios extranjeros y circuitos financieros opacos.

El 20 de enero de 2020, Rodríguez (sancionada por la Unión Europea desde 2018) ingresó a España pese a la prohibición vigente y se reunió con el entonces ministro José Luis Ábalos, detonando el escándalo conocido como Delcygate. Investigaciones apuntan a que, días antes del viaje, facilitó la venta de 104 barras de oro venezolano valoradas en más de 60 millones de dólares a empresarios españoles. La Guardia Civil halló comunicaciones entre Rodríguez y el empresario Víctor de Aldama que vinculan directamente a la vicepresidenta con esta operación.

Este caso se inscribe en un patrón más amplio de extracción ilegal y lavado internacional del oro venezolano mediante sociedades pantalla, un esquema que refuerza la corrupción y la evasión de controles financieros. En el plano político y mediático, el Delcygate también ha sido asociado a otras controversias en España, como el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra, cercana a figuras del chavismo, aunque sin pruebas judiciales directas que involucren a Rodríguez.

Otra pieza clave es Jorge Giménez, empresario venezolano y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF); una investigación de Armando.info lo expone como operador del chavismo y hombre de confianza de Rodríguez, involucrado en contratos opacos vinculados a los CLAP y Pdvsa, con deudas y acuerdos irregulares que superan los 1.200 millones de dólares. Además, aparece mencionado en chats del caso español como interlocutor directo de su “jefa”, consolidando la conexión entre el poder político venezolano y redes internacionales de corrupción.

El 17 de enero de 2025, la agencia AP publicó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha tenido durante años en el radar a Delcy Rodríguez,que en 2022 fue clasificada como un «objetivo prioritario», una categoría reservada para personas consideradas con un «impacto significativo» en el tráfico de drogas.

La información fue obtenida por Associated Press (AP), que tuvo acceso a registros de la DEA y consultó a más de media docena de actuales y exfuncionarios de seguridad estadounidenses. De acuerdo con esos documentos, la agencia antidrogas elaboró desde al menos 2018 un expediente de inteligencia sobre Rodríguez, en el que se registran presuntas vinculaciones con tráfico de drogas, contrabando de oro y lavado de dinero. Uno de los reportes citados por AP recoge el testimonio de un informante confidencial que aseguró en 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en la isla de Margarita «como fachada para lavar dinero».

La agencia señala que no ha podido confirmar de forma independiente esa afirmación. Los registros también vinculan a Rodríguez con Alex Saab, empresario cercano a Nicolás Maduro, arrestado en 2020 por cargos de lavado de dinero y posteriormente indultado en 2023 en un intercambio de prisioneros.

Pese al interés sostenido de la DEA, el gobierno estadounidense nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito. Tampoco figura entre los más de una decena de altos funcionarios venezolanos formalmente imputados por narcotráfico junto a Maduro, capturado a inicios de enero para enfrentar cargos en EEUU.

Según AP, el nombre de Rodríguez aparece en casi una docena de investigaciones de la DEA, algunas aún abiertas, con participación de oficinas en Paraguay, Ecuador y varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Phoenix y Nueva York. Tres agentes actuales y retirados que revisaron los documentos indicaron que estos reflejan un seguimiento intenso, aunque subrayaron que la designación como «objetivo prioritario» no implica necesariamente que existan pruebas suficientes para una acusación penal.

Entre el círculo chavista y las negociaciones globales

El investigador ruso Daniel Estulin, quien trabajó con Delcy Rodriguez durante tres años y medio, explica que Hugo Chávez, cuando vivía, debía lidiar con riesgos de traición, mientras que la ahora presidenta encargada se centró en administrar y consolidar el poder heredado; apoyándose en un círculo cercano y altamente leal, y formando parte de lo que él llama el “dragón de dos cabezas”: un entramado familiar que distribuye y protege el control político y económico del régimen.

Estulin también reveló que su colaboración con los Rodríguez terminó cuando le solicitaron construir rutas de narcotráfico, un encargo que rechazó. Es así como Delcy, a pesar de su perfil reservado y calculador, opera dentro de un sistema donde el mantener el poder y la protección de los intereses familiares y del círculo alrededor de esta, parecen estar por encima de la construcción de proyectos de liderazgo propios.

El historial de Delcy Rodríguez dentro del círculo chavista genera desconfianza entre un sector de inversores y actores extranjeros y la obliga a maniobrar con cuidado. Sin embargo, para otros, es la figura más potable, para un modelo de transición con el visto bueno de los Estados Unidos. Esta dicotomía, hace que cada movimiento condicione así su estrategia de supervivencia política y control del poder doméstico.

Para mantenerse allí debe aparentar control político interno dentro del oficialismo, pero negociar con el gobierno estadounidense con una posición y acciones claras en cuanto a la dirección que debe tomar Venezuela; no solo en términos de apertura económica, sino también en el marco del respeto a los derechos humanos en el país. Con Maduro tras las rejas y Rodriguez juramentada como presidenta interina, el oficialismo se encuentra en su momento más vulnerable.

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