¿Adónde iría a dar el músculo de aquella vigorosa oposición que, tomando el simbolismo democrático del 23 de enero, salió masivamente a las calles hace 24 años, a menos de tres meses del estallido de la crisis nacional el 11 de abril de 2002?
La pregunta es pertinente porque, pese a que con la extracción por fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro se ha abierto una etapa favorable para el inicio de una transición democrática, el vacío y la quietud en las calles surgen como señal inequívoca de que el país sigue bajo el mismo clima de opresión que dejó el apresado mandatario.
El último acto de calle de la oposición fue el que encabezó María Corina Machado —con un amago de detención— a pocos días de las elecciones del 28-J, hace más de año y medio. Hoy apenas vemos manifestarse a los grupos que valientemente exigen la libertad de los presos políticos y a los estudiantes universitarios que muestran atisbos de movilización.
Por supuesto, no es que la oposición no mantenga la misma dimensión mayoritaria que mostró en las elecciones del 28-J, cuando sumó el 70% de los sufragios en favor de Edmundo González. Lo más probable es que haya crecido.
Pero, sin duda, la represión con saldo de más de veinte muertes en 48 horas, la persecución y detenciones indiscriminadas que se desataron en la etapa postelectoral contra la ciudadanía y la dirigencia política han empujado hacia esa especie de estado catatónico del pueblo opositor, sin correlato en la calle ni dirigencia que la convoque.
Probablemente, para el 2002 habían pasado muchos años sin que la población saliera a las calles en los aniversarios del derrocamiento de la dictadura perezjimenista. Pero el malestar creciente por la gestión de Chávez desde el segundo semestre de 2001 hizo que el 23 de enero siguiente se convirtiera en una demostración palpable de ese descontento.
En el segundo semestre de 2001, la popularidad de Chávez había caído en picada, al punto de perder más de 20 puntos porcentuales en cinco meses. Del 55,8% del mes de julio había caído a 35,5% al comenzar diciembre, según una encuesta nacional Omnibus de Datanálisis. La crisis continuó acentuándose hasta la incontenible marejada opositora en la calle y el golpe del 11-A.
La incapacidad de Chávez para cumplir su oferta electoral surgía como la principal causa de su caída en barrena, pero también incidía su talante abiertamente autoritario. Todo ello se ha acentuado exponencialmente a lo largo de este cuarto de siglo, del cual a Maduro le correspondió conducir más de una década del fracasado proyecto chavista hasta el día de su captura por fuerzas militares de los EEUU.
Ese evento reavivó la esperanza de dejar atrás, al menos antes de fin de año de acuerdo al dispositivo constitucional, un régimen que además de sumir a la población en menguadas condiciones de vida, desconoció la voluntad soberana expresada en el voto y ha mantenido una línea de opresión contra la disidencia.
Estabilización, recuperación y transición ha dicho Marco Rubio que son las tres fases del plan de la administración Trump, que el régimen hoy está más interesado en acatar en el plano de la reactivación petrolera con la aprobación exprés de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que en la legítima aspiración ciudadana de volver a contar con todas las garantías democráticas.
¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para ver vaciarse las cárceles de presos políticos? Hasta ahora tal vez hayan salido en libertad (condicionada) un 15% de los detenidos y algunos de ellos evidentemente a regañadientes, como ocurrió con Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González encarcelado sin razón alguna.
¿Cuándo cesará el yugo comunicacional que todavía ejerce, por ejemplo, Venezolana de Televisión cuando saca del aire el discurso incómodo de algún opositor en la AN? ¿Cuándo devolverán la voz a los dirigentes políticos excarcelados que siguen privados por un juez de su libertad de expresión?
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¿Cuándo comenzarán a darse los primeros pasos para la reinstitucionalización del país? ¿O es que la ciudadanía deberá seguir padeciendo indefinidamente esas instituciones cuyas sesgadas actuaciones vaciaron de legitimidad y de respeto como el TSJ, el CNE y la Fiscalía General?
No podrá haber un clima de convivencia nacional y favorable al desarrollo de las nuevas actividades económicas sin plena restitución del Estado de derecho, comenzando por contar con autoridades legítimamente electas.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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