La ley establece en el artículo 7 que los detenidos o requeridos por la justicia que quieran ser amnistiados deben presentar una solicitud ante los tribunales de la República, y hasta ahora la Fiscalía y los defensores públicos han sido los encargados de hacer estas peticiones.
«La teoría dice que debería ser declarada de oficio porque las disposiciones de la ley son de orden público y de interés general, pero lo que estamos viendo es que no es un proceso verdaderamente automático, aunque debería serlo», dijo a Efe el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.
Hasta el lunes en la noche el Parlamento hablaba de más de 3.000 solicitudes, mientras planea abarcar a más de 11.000 personas bajo medidas cautelares.
Foro Penal ha cuestionado que los mismos jueces que dictaron condenas sean los que decidan sobre las liberaciones.
Selectividad
La ley aprobada establece que su aplicación abarca entre 1999 y 2026, los últimos 27 años de gobiernos chavistas, pero especifica 13 episodios, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Según Foro Penal, en Venezuela hay más de 600 presos políticos y de ellos más de 180 son militares.
La ley además excluye los delitos de violación de los derechos humanos, de lesa humanidad, guerra, narcotráfico, corrupción y homicidio intencional. Este último, a veces, imputado en casos de presos políticos detenidos durante protestas o crisis políticas, según la ONG.
Se dejan por fuera también a todos aquellos que hayan promovido operaciones militares contra el país.
Inmediatamente después de su aprobación, ONG como Provea, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón coincidieron en que hay un «injustificable exceso de exclusiones» con este marco legal.
La comisión de «seguimiento»
La ley, sin embargo, permitió la creación de una comisión especial que se encarga de velar el cumplimiento de la amnistía y que puede evaluar la solicitud de casos no especificados en la norma y para ello puede contar con el apoyo de expertos.
Esto, explica Himiob, abre la puerta a la posibilidad de «ampliar el marco de la amnistía», lo cual fue una sugerencia directa de las organizaciones no gubernamentales, pero aún no está claro el protocolo para ello.
La comisión está conformada por 12 diputados chavistas, entre ellos el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, y 9 opositores, varios de ellos tachados de colaboracionistas con el gobierno, lo que ha generado dudas de imparcialidad debido a su inclinación política.
«No hay despacho» y más…
Mientras el proceso avanza entre la coordinación de la Fiscalía y los tribunales, decenas de personas acuden al Palacio de Justicia en Caracas o buscan asesorías con ONG para pedir la aplicación de la ley para los casos de sus familiares.
Sin embargo, se han encontrado con tribunales «sin despacho» (como se conoce cuando no están funcionando), en «comisión» (desplazados a otros sitios), sin secretaria o una remisión a los defensores públicos correspondientes, denunció el lunes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa venezolano (SNTP), que también trabaja para apoyar en los casos del gremio que quieran solicitar amnistía.
Y aunque Himiob dijo a Efe que «hasta ahora es muy pronto para saber cómo se va a procesar la solicitud hecha por familiares y por los propios interesados», también advirtió luego en X que «ningún tribunal puede negarse» a recibir peticiones debido a que se trata de un asunto de «orden público «.
EL NACIONAL
