Foto: Luna Perdomo
«Respeto a todos los trabajadores del país porque hoy están marchando en todos los estados!», así de forma imprevista e inesperada, pero además firme y vehemente, entró la voz de los trabajadores al mismísimo recinto de la Asamblea Nacional para exigir la atención a la demanda de un aumento salarial por más de cuatro años postergados. Y apenas ha transcurrido 68 días desde que Maduro salió del poder. Quien lo diría…
La humilde presencia del sindicalista José Patines, arropado con el tricolor nacional, habló de forma por demás elocuente ante la representación parlamentaria para enfatizar que se requiere «un aumento salarial con capacidad adquisitiva».
Tuvo además la valentía de recordarles los grandes lujos que se da el alto funcionariado del gobierno, cuyo símbolo de distinción son «las camionetotas de 150 mil dólares», en las que, no es mentira, se desplazan hasta el alcalde oficialista del más pequeño municipio. Así que no le vinieran con el viejo cuento chavista de “que ser rico es malo…”
Antes tuvieron que superar piquetes policiales y de la GNB y de los insultos lanzados desde muy bien instaladas tribunas por parte de los partidarios del oficialismo. Nada nuevo en verdad. Adentrarse en esos territorios capitalinos después de tanto tiempo fue ya una proeza digna de destacar.
Las exigencias de un aumento del salario mínimo, que de manera salvajemente neoliberal ha sido represado desde marzo de 2022 hasta llegar a un ínfimo equivalente a 30 centavos de dólar, no ha cesado a lo largo de los años, pero viene subiendo de intensidad en las últimas semanas, impulsado por las nuevas perspectivas económicas del país tras la proyectada llegada de transnacionales del petróleo y el aumento de los ingresos del país.
El debate ha escalado mediáticamente hasta involucrar también al sector privado y seguramente a propósito de las expectativas de inversiones extranjeras. Por supuesto, las viejas controversias sobre el régimen de prestaciones sociales han vuelto al primer plano.
El empresariado se ha incorporado al debate para sostener que sin modificar la ley del trabajo, y específicamente lo atinente al cálculo de las prestaciones, será difícil que haya aumentos significativos de salarios. Es ese el mismo régimen de prestaciones al cual Maduro le sacó el cuerpo desde que la quiebra del Estado por el fracasado modelo económico estatista y centralizado, el desborde hiperinflacionario y otros males de la economía se hicieron patentes.
Antes todo fue un despliegue de perfección revolucionaria y de “democracia social y participativa”. En ese frenesí, y siguiendo los precedentes de Chávez, se dieron entre 2016 y 2018 hasta seis aumentos anuales. Los tan satanizados bonos se han convertido en la totalidad del ingreso de los trabajadores, con lo cual los conceptos que se derivan del salario, como utilidades, aguinaldos, bonos vacacionales, etc., han quedado también congelados y las prestaciones sociales borradas del mapa.
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Mucho más grave, además, en un país donde el mandatario se jactaba de haber «aplanado la pirámide salarial». Apoteosis revolucionaria inspirada en la cubana. Cómo no recordar que la falsaria consigna del «robo de las prestaciones» fue uno de los temas centrales de la campaña electoral de Chávez en 1998.
Sin embargo, pasaron trece años, uno antes de morir, para que Chávez, en medio de una nueva campaña electoral (¡qué casualidad!), repusiera parcialmente la vieja modalidad del cálculo de prestaciones con la aprobación de la LOTTT. La misma que la bonificación sin medida del salario ha hecho nugatoria.
Es ineludible un aumento salarial que alivie la carga de los trabajadores, los activos en número aproximado a los 3 millones. Y los pensionados que andan por los 4 millones de almas. Pero probablemente volverá a prevalecer el incremento de distintos bonos. Lo decimos porque ya hay una propuesta de la genuflexa central sindical oficialista, la CBST, para que el régimen decrete un aumento salarial trimestral de 50 dólares o en su defecto el de otros bonos.
La fórmula es conocida: al ser los mendrugos propuestos desde el seno de la propia central, no habrá controversia y todo quedará convalidado en casa. Los trabajadores venezolanos continuarán, por lo visto, su larga y agobiante travesía en el desierto.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
TAL CUAL
