La movilización se presenta como una continuación de la masiva marcha del 12 de marzo,
Gremios sindicales, maestros, jubilados y pensionados de Venezuela convocaron a una nueva jornada de protestas para el próximo lunes 23 de marzo, en rechazo al mantenimiento del salario mínimo y las pensiones congelados desde 2022.
La movilización, que se presenta como una continuación de la masiva protesta del 12 de marzo, cuando trabajadores marcharon en Caracas desde Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional y en al menos 23 estados del país, busca presionar por un aumento salarial inmediato, pensiones dignas, respeto a las convenciones colectivas y la derogación de normativas que precarizan el empleo público, como el instructivo ONAPRE y el Memorando 2792.
En Caracas, la concentración principal será en la plaza Parque Carabobo a partir de las 9:00 a.m., desde donde los manifestantes estiman marchar hacia el Ministerio del Trabajo, en El Silencio, para entregar exigencias y demandar respuestas concretas al pliego presentado previamente.
Se espera que acciones simultáneas se desarrollen en las Inspectorías del Trabajo de cada entidad federal, con énfasis en regiones como Bolívar (Ciudad Guayana), Zulia, Carabobo, Lara y Mérida, donde ya se reportan adhesiones de trabajadores de empresas básicas, sector educativo y público.
Las principales organizaciones convocantes incluyen la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y otras federaciones del magisterio; Coalición Sindical Nacional; Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital (ASOCEJUPRC); COPEnJUVE (Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Venezuela) y Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), entre otras.
La protesta del pasado 12 de marzo logró llegar a la Asamblea Nacional pese a intentos iniciales de bloqueo policial, y allí se entregó un documento con demandas que incluyen salarios ajustados a la canasta básica (propuestas de entre 200 y 500 dólares), dolarización progresiva de ingresos, recuperación de prestaciones sociales y libertad para presos sindicales.
Representantes sindicales otorgaron un plazo hasta el 25 de marzo para una respuesta gubernamental concreta, advirtiendo que, de no haber avances, podrían escalar a medidas más contundentes como un paro nacional.
