A más de tres meses desde que Delcy Rodríguez asumiera las riendas de la administración de Venezuela bajo una narrativa de «reconciliación», en el estado Táchira el panorama no ha cambiado: la crisis persiste y en algunos sectores es más pronunciada que en otros.
Mientras el chavismo habla de recuperación, en las calles de San Cristóbal y los municipios fronterizos la realidad se mide en pesos, bolívares devaluados y un estancamiento que asfixia al productor local.
El espejismo de la venta de gasolina sin control social, como se padeció durante más de 15 años en el estado Táchira, es lo único que ha dado un respiro a la movilidad. La liberación de la venta de gasolina permite ver un poco más de flujo de personas en las calles. Sin embargo, este movimiento se da en medio de una economía trabada, dijo José Colmenares, comerciante del área de la construcción.
Para Colmenares, el uso de tres monedas (bolívar, peso colombiano y dólar) con tasas que varían a diario, especialmente el diferencial del Banco Central de Venezuela y los pesos colombianos, sigue golpeando el bolsillo tanto del comerciante como del consumidor.
Explicó que en 2025 el contrabando alcanzó uno de sus momentos de «máximo esplendor en los últimos años». Ahora, aunque ha bajado un poco por nuevos cambios de autoridades y de funcionarios en alcabalas, sigue entrando mercancía sin control sanitario con la que es imposible competir.
La economía tachirense no crece, solo sobrevive. «Siguen suspendiendo salarios, siguen las amenazas, la persecución dentro de los centros educativos. Siguen irrespetando los derechos de los educadores”, enfatizó Gerardo Ramírez, líder sindical de los maestros en la entidad andina.
«Desde el año 2018, con el robo de nuestros salarios a través del memorándum 2792, la misma persona nos pretende seguir dando la dosis de reconciliación y paz. La situación sigue igual y, en algunos casos, peor después de aquella situación del 3 de enero», acotó Ramírez.
Por su parte, Melquiades Delgado, representante de la Intersindical de la Salud en Táchira, enfatizó que «no ha cambiado en nada, todo igual, los trabajadores sin salario, la diáspora de trabajadores, haciendo el sacrificio para poder llegar a sus sitios de trabajo, para poder llegar a la casa».
Igualmente, recordó que el pasado 15 de marzo se cumplieron cuatro años con el salario de 130 bolívares, que solo equivale a 0.33 céntimos de dólar, frente a una canasta alimentaria que está por encima de los 647 dólares. «Un empleado público debería tener un salario de 252 mil bolívares para cumplir las necesidades básicas de una familia».
Sin voluntad de querer paz
Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en esta entidad andina, manifestó que desde el 8 de enero se recibió con gran esperanza el anuncio de la posible liberación de los presos políticos. «Evidentemente en el primer momento se habló de una intención de reconciliación, de paz y de convivencia. Dentro de lo que uno asume, es que las partes están dispuestas para lograr esa voluntad».
«A pesar de la aplicación de la Ley de Amnistía en un número importante de presos políticos, aún se siente ese sabor amargo de que salieron unos y otros quedaron, y en estos momentos no se ve la buena voluntad de poner en libertad a personas que son inocentes, quienes siguen presos por motivos estrictamente políticos. Esa preocupación en nosotros subsiste», expresó Raquel Sánchez.
«El que las excarcelaciones se frenen de esta manera, el que estas personas sigan allí (privadas de libertad) siendo inocentes, unos enfrentando procesos amañados, violaciones al debido proceso, viciados, con cantidades de irregularidades, violaciones al derecho de la defensa, sin garantías como los que están en los tribunales de terrorismo con defensores públicos impuestos.
Obviamente allí se cae cualquier tipo de voluntad de querer una convivencia en paz y cualquier tipo de voluntad política para el restablecimiento del sistema democrático», señaló.
Destacó que es evidente que el tema ha servido más para manipulación que para proyectar un diálogo sincero, un entendimiento, donde se haga justicia
También insistió en el tema de las investigaciones que estaban en curso o los procesos donde están las víctimas de asesinatos, de violaciones de los derechos humanos, y que parecieran haberse paralizado.
«El Estado no está investigando nada de esto y eso es preocupante, porque algo positivo fue que se paralizaron las detenciones a líderes políticos, pero no es menos cierto que las víctimas que persisten dentro de estos procesos, tienen esos procesos prácticamente congelados, lo que es preocupante porque no se ve la voluntad de cesar en este tipo de conductas», puntualizó Sánchez.
LA PATILLA
