Diversas organizaciones no gubernamentales venezolanas manifestaron este jueves su rechazo categórico a las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien anunció el supuesto “fin” de la Ley de Amnistía. Para los defensores de derechos humanos, esta medida carece de sustento legal y representa una grave transgresión a la separación de poderes en el país.
Violación de la separación de poderes
La ONG Provea calificó el anuncio como una acción «arbitraria e inconstitucional». A través de sus redes sociales, la organización recordó que el Poder Ejecutivo no tiene la facultad de derogar leyes, una competencia que recae exclusivamente en la Asamblea Nacional o en el Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, Acceso a la Justicia subrayó que una norma de esta jerarquía no expira por decisión administrativa y sigue vigente mientras no sea anulada por los mecanismos legales correspondientes.
Inseguridad jurídica para los presos políticos
La organización Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que dar por cerrada la ley mediante un anuncio verbal genera una profunda inseguridad jurídica. Esta decisión afecta especialmente a los 473 presos políticos que, según registros independientes, aún permanecen tras las rejas. Las ONG señalan que cerrar este mecanismo apenas dos meses después de su aprobación deja en situación de extrema vulnerabilidad a quienes esperaban que la medida facilitara su libertad.
Dudas sobre los criterios de revisión
Aunque Rodríguez aseguró que los casos excluidos podrán ser revisados mediante “otros mecanismos institucionales”, no especificó cuáles serán ni bajo qué criterios operarán. La Ley de Amnistía, aprobada en febrero para hechos ocurridos entre 1999 y 2026, ya excluía delitos de lesa humanidad, corrupción y homicidios, lo que había sido criticado desde su origen. No obstante, las organizaciones insisten en que la opacidad actual del Ejecutivo envía un mensaje preocupante sobre la independencia del sistema judicial venezolano en este nuevo ciclo político.
PUNTO DE CORTE
