Los trabajadores venezolanos nos debatimos en una danza de términos de contenido semántico y conceptuales que desembocan en la miseria de la gente.
Ya hemos transitado por el salario básico, integral, normal, nominal hasta llegar al establecido por la OIT; el concepto de salario vital en consonancia con el espíritu del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[1] en el que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor sin distinciones de ninguna especie y condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias.
Hemos pasado por los conceptos históricos de Salario justo y digno de Tomas de Aquino enunciado en el siglo XIII y de León XIII en la encíclica Rerum Novarun del siglo XIX. Ahora, en pleno siglo XXI la usurpación venezolana pretende envolvernos en el salario responsable y cauteloso.
Después de 26 años de corrupción, saqueos, torturas y persecuciones y de someter al pueblo venezolano al hambre y la miseria, la encargada del régimen venezolano anuncia un aumento de salario sujeto a las restricciones de sus posibilidades presupuestarias, de las cuales exime la cuantiosa fortuna que reposa en paraísos fiscales y quizás en cuantas cavernas al estilo de Ali Babá.
La corrupción no puede estar por encima de las necesidades de los trabajadores venezolanos. Un cambio de gobierno es necesario, un cambio de modelo es urgente. Unas elecciones libres no pueden espera.
Economista José Luis Alcocer
