Provea destacó que las desapariciones forzadas son parte de un «patrón institucionalizado» donde las personas pasan días o semanas incomunicadas tras su detención arbitraria. En estos períodos, según han denunciado las propias víctimas, son objeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes
Luisa Quintero
El escenario de derechos humanos pasó de una represión masiva en 2024 a la selectividad de detenciones contra activistas sociales, dirigentes políticos y periodistas durante el año 2025. Pese a que las cifras de arrestos arbitrarios disminuyeron, las desapariciones forzadas se incrementaron al doble bajo un modelo de «pacificación negativa».
La conclusión se desprende del informe anual 2025 de Provea, titulado «El eclipse de la Constitución». La organización destacó que Venezuela atraviesa una «crisis estructural de derechos humanos», con un aparato represivo y normas legales para criminalizar a la disidencia vigentes, además de las continuas violaciones al debido proceso y un sistema de justicia que opera sin independencia.
Uno de los principales hallazgos es el crecimiento de las desapariciones forzadas durante 2025. Provea registró 160 víctimas en 95 casos el año pasado, lo que representa un incremento de 196% respecto a 2024, cuando se registraron 54 víctimas.
Lissette González, coordinadora de monitoreo de la organización, dijo que las desapariciones forzadas son parte de un «patrón institucionalizado» donde las personas pasan días o semanas incomunicadas tras su detención arbitraria. En estos períodos, según han denunciado las propias víctimas, son objeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El informe describe métodos de tortura como golpizas, fractura de huesos, amputación de uñas, ahogamientos simulados, asfixia con bolsas, descargas eléctricas en partes íntimas, quemaduras y simulación de ejecuciones. Estos mismos métodos han sido denunciados por la Misión de Determinación de Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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El documento incluye el testimonio de una víctima que no quiso ser identificada por temor a represalias, quien denunció haber sufrido descargas eléctricas en los testículos y fractura de piezas dentales mediante el uso de equipos de ortodoncia.
Asimismo, se registraron 580 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, de las cuales 90% fueron hombres adultos. Al menos 463 personas presas por razones políticas denunciaron ser víctimas de tratos crueles, incluyendo la negación de servicios de salud y contacto con sus familiares
El año pasado, la organización registró 659 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal.
Aunque las detenciones arbitrarias, parte de esa «represión sistemática» del Estado venezolano, bajaron a 596 casos, 86% de ellas tuvo motivaciones políticas, afectando a 513 personas. «A la disminución de las detenciones masivas y colectivas corresponde un aumento de las detenciones individuales. Esto revela que actualmente hay una mayor selectividad en las detenciones ilegales y arbitrarias».
Asimismo, las detenciones de civiles por motivos políticos aumentaron un 104% respecto al promedio histórico de la organización.
En los operativos militares y policiales en comunidades, reseñados en menor medida que en años anteriores, se mantiene el uso excesivo de la fuerza y la opacidad oficial: 336 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales y militares.
Más de la mitad eran hombres con edades comprendidas entre los 18 y 30 años de edad. Desde 2013, se acumulan 10.853 víctimas de este tipo de ejecuciones extrajudiciales, concentradas mayoritariamente en zonas populares.
Provea documentó casos de funcionarios (como del GOES, Sebin o PNB) que ingresan a hogares en barrios sin orden judicial y sin presencia de fiscales. En estos procedimientos es común el uso de capuchas, armas largas, métodos violentos y el robo de pertenencias de las familias afectadas.
Estos escenarios se configuran además con una política de «opacidad gubernamental». Ni el Ministerio Público, entonces encabezado por Tarek William Saab, o la Defensoría del Pueblo, que estaba a cargo de Alfredo Ruiz, investigaron alguna de estas denuncias. La Fiscalía General de la República tampoco ofreció información detallada sobre las personas investigadas, procesadas o sentenciadas por violaciones a los derechos humanos reportadas en su informe anual.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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