Las recientes declaraciones de los hermanos Daniel y Carmelo De Grazia (los días 18 y 20 de mayo de 2026) y del constructor Rafael Perdomo (29 de abril), imputados por corrupción por el caso Pdvsa Cripto coincidieron en señalar un presunto modus operandi la cárcel llegó acompañada del despojo de sus activos millonarios que fueron a parar a José Simón Elarba
El caso judicial por la trama de corrupción Pdvsa Cripto parece un ventilador de acusaciones. Cada declaración de algún imputado ante el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en Terrorismo y Corrupción, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo, incluye señalamientos a terceros.
Así volvió a ocurrir el lunes 18 de mayo con la comparecencia del banquero Daniel De Grazia Suárez y de su hermano Carmelo el 20 de mayo, exdueños de Bancamiga. Ellos apuntaron a otro empresario, que ya había sido mencionado semanas antes en el mismo banquillo por otro imputado, el constructor Rafael Perdomo, en su declaración del 29 de abril.
Los tres empresarios no solo denunciaron haber estado sometidos a regímenes de incomunicación durante su presidio, sino haber sido víctimas de torturas psicológicas y físicas. El objetivo de dichos tratos crueles, según sus versiones, habría sido el mapeo de sus patrimonios familiares de los cuales luego serían despojados.
Carmelo De Grazia denunció ante la jueza Romero Castillo que Elarba supuestamente coaccionó a los accionistas minoritarios originales mediante contratos privados de compraventa forzada, utilizando la advertencia de «mírate en este espejo». Aseguró que Elarba se acreditó la propiedad de 11 millones de acciones y que Sudeban emitió un oficio al respecto con una fecha inconsistente al intercambio entre socios.
Activos en juego
La denuncia de Carmelo De Grazia escaló al vincular la toma de la institución financiera con la cúpula del Poder Ejecutivo. El banquero afirmó que días antes de su captura, la familia Maduro Flores, supuestamente, ya había tomado la determinación de controlar Bancamiga a través de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la Cilia Flores, quien afirmó tiene nexos directos con José Simón Elarba.
De Grazia también sostuvo que 14 corporaciones operativas de su holding, fueron cedidas forzosamente y sin remuneración al hijastro de José Simón Elarba. Entre esis activos, el acusado enumeró:
- Empresa de puntos de venta: Holding donde el grupo poseía el 60% de participación, con una facturación estimada de 36 millones de dólares anuales. Dijo que fue asignada a una persona menor de 30 años.
- Global Ticket: Compañía dedicada a soluciones corporativas de bonos de alimentación.
- First Switch: Switch transaccional e interconector de redes financieras.
- Smart Solution e Infoceles: Empresas tecnológicas.
- Inmuebles de alta gama: La propiedad de los pisos 19 y 20 de la estructura CES Inversiones (donde funciona la alta gerencia de Bancamiga); el piso 17 de Servicios Inmobiliarios Positano (1.000 metros cuadrados de oficinas); y dos pisos corporativos adicionales con dos agencias bancarias adscritas a la firma Ivervenca. Además, se incluyen los activos de las sociedades Capcom, Primo, Club TDC y Los Ferrol.
Por su parte, el testimonio de Daniel De Grazia Suárez, dado ante sede judicial el 18 de mayo, narró cómo supuestamente perdió sus activos en la Mancomunidad de Dominica. El abogado y banquero relató que estando ya preso, el martes 9 de julio de 2024, tras pasar tres meses incomunicado en Boleíta, fue sacado de su calabozo por órdenes de un oficial con rango de Teniente Coronel identificado bajo el alias de «Santiago».
Daniel De Grazia afirmó que los custodios lo habrían forzado a vestirse con camisa y corbata antes de ser llevado a una oficina dentro de la Dgcim para conectarse a una videollamada por Zoom con un escritorio jurídico en Dominica para ceder el 90,7% de las acciones de Compass Bank & Trust Corporation a favor de Ibrahim Velutini Sosa, sin compensación. Dijo que Alfredo Porteles fue testigo presencial.
En 2024, Armando.info publicó que Bancamiga y el Compass Bank se «pusieron a valer» cuando de evadir sanciones petroleras se trató. Con participación de Samark López, los bancos de los De Grazia «eran principio y final de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa Cripto».
A «La Tumba»
Las declaraciones de los hermanos De Grazia Suárez también versaron sobre las condiciones de reclusión en la «Máxima II» de Boleíta, en la sede de la Dgcim. Ambos procesados denunciaron que las actas policiales de detención fueron modificadas, fijando sus capturas el 22 de abril de 2024 cuando fueron sacados de sus hogares el día 19. Contaron que pidieron tener acceso a asistencia jurídica, pero uniformados respondieron: «Aquí tu único abogado es Dios».
Carmelo De Grazia detalló un área de castigo que identificó como «La Tumba». Según su testimonio, se trata de una fosa angosta en el sótano, sellada en su parte superior por un bloque de cemento a modo de lápida, con una pequeña rendija para ventilación. Relató haber estado allí de dos a tres días continuos en cada una de las 15 veces que habría sido castigado.
Los hermanos también denunciaron celdas frías, esquemas de privación de sueño, e interrogatorios sin defensa que, afirmaron, no versaban sobre desfalco petrolero alguno. Afirmaron que las preguntas recurrentes tenían que ver con sus carros y un avión. Fue cuando afirmaron que funcionarios de la Dgcim se apropiaron de 28 vehículos, un avión privado a nombre de Daniel De Grazia y un yate propiedad de su hermano Carmelo.
Los De Grazia –que permanecen detenidos en el Rodeo I a pesar de que un tribunal emitió ordenes de excarcelación– reclamaron que durante más de dos años no pudieron juramentar a su defensa privada, pues un juzgado de control lo imppidió 15 veces. «Nos dan ahora defensa cuando se han jugado siete innings de los nueve que lleva el juego» , dijo Carmelo De Grazia.
Otro que también señaló a Elarba
Los De Grazia no son los únicos que han apuntado al propietario de Fospuca. Rafael Perdomo, accionista de Constructora HP y recordado por el escándalo que se generó en Baruta cuando fue detenido por la trama Pdvsa Cripto en marzo de 2023, detalló ante la jueza Romero Castillo que tras su captura José Simón Elarba se presentó en el Colegio Jefferson para tomarlo.
De acuerdo con el relato de Perdomo, Elarba habría coaccionado e intimidado a su coaccionó a su esposa, entonces amninistradora del plantel educativo de élite, obligándola a desalojar las oficinas y a sacar a sus hijos de las aulas para proclamarse como el «nuevo dueño» de la institución escolar. En octubre de 2023
Los registros históricos indican que en octubre de 2023, la Policía Nacional Contra la Corrupción ejecutó una incautación de carácter preventivo del colegio ubicado en Valle Arriba, al este de Caracas. En diciembre de 2024 el Tribunal 15 Civil con competencia en Extinción de Dominio entinguió las propiedades de los hermanos Perdomo. Aquella decisión hizo que pasaran al Estado la torre Sena, el edificio Camponorte, un apartamento en el Country Club, un PH en Valle Arriba, un terreno en Las Mercedes, la Torre Europa, una oficina en el Centro Empresarial Galipán, una oficina en la Torre La Castellana, la Torre Guayana, unas oficinas en la Torre BNC, la Torre SMA y la Torre Empresarial JL. Fue la primera aplicación de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio promulgada año y medio antes.
En su declaración del 29 de abril de 2026 ante el juzgado de la causa Pdvsa Cipto, Rafael Perdomo señaló a dos funcionarios del Sebin, que identificó con los apellidos Quintana y Flores, de haberlo supuestamente obligado a firmar recibos falsos que simulaban el pago de coimas a Juan Posner y Harold Sosa, directores en la Alcaldía de Baruta cuando fueron detenidos en 2023, para presionar políticamente al alcalde Darwin González. Dijo haberse negado y que por ello tanto él como su hermano Roger Perdomo fueron castigados con cinco días de privación de comida.
Agregó que funcionarios allanaron su oficina para confiscar hojas con membrete y producir documentos que acreditaban supuestas entregas de 70.000 dólares para campañas electorales. «Tendría que ser el sujeto más imbécil del planeta para dejar por escrito un soborno, detallándolo en hoja membretada y dejándolo a la vista de todos en el escritorio de mi oficina», sentenció Perdomo.
Por otra parte, Perdomo aclaró que su ingreso al área petrolera se dio bajo la firma 2PT2 debido a la solicitud del exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez –también imputado en esta trama–, quien bajo el amparo de la Ley Antibloqueo le pidió reparar los muelles de Guaraguao (Anzoátegui) y Capaya (Miranda) para exportar crudo de Chevron, por lo cual Pdvsa aún le debe 20 millones de dólares, según dijo.
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TAL CUAL
Coinciden en un nombre
Un nombre unifica los testimonios de De Grazia y Rafael Perdomo: el empresario José Simón Elarba, accionista de la empresa de recolección de desechos Fospuca. De acuerdo con las transcripciones de las audiencias a las que tuvo acceso TalCual, Elarba fue señalado de tomar las compañías afectadas, aprovechando la prisión de los imputados en la Pdvsa Cripto.
En el caso del sector financiero, Carmelo De Grazia Suárez —quien fungía como presidente y accionista mayoritario de Bancamiga con el 49,5% de las acciones— relató el 20 de mayo que su detención, ejecutada por la Dgcim el 19 de abril de 2024 contra él y sus hermanos Daniel y Levin –este último supuestamente en casa por cárcel–, sirvió de antesala para el desmantelamiento de la junta directiva. Según el declarante, mientras él y su hermano permanecían encerrados en los sótanos de Boleíta, José Simón Elarba se habría presentado en el lapso de una semana como el nuevo propietario de la entidad.
