Delcy Rodríguez dijo que desde enero se han excarcelado a 1.594 personas detenidas por motivos políticos, mientras que vía amnistía se han otorgado 8.740 libertades plenas, entre ellas 314 beneficiaron a privados de libertad. La funcionaria dijo que por «interconsultas» con la comisión de revolución judicial y el Programa Nacional de Convivencia Democrática y Paz se decidió aumentar el número de excarcelaciones
Delcy Rodríguez aseguró que «en las próximas horas» se superarán las 500 «liberaciones» de personas detenidas por motivos políticos, sin precisar quiénes serán los principales beneficiados de estas excarcelaciones.
Desde el Palacio de Miraflores, Rodríguez dijo que previo a la Ley de Amnistía se registraron 885 excarcelaciones. Durante la aplicación de esta medida y hasta su cierre, señaló la funcionaria, se han producido «395 liberaciones» por revisiones de la comisión de revolución judicial y el Programa Nacional de Convivencia Democrática y Paz.
«Y sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas», afirmó.
Según datos de las autoridades hasta el mes de abril, 8.616 personas recibieron la amnistía y se les otorgó libertad plena, entre ellas 314 que se encontraban privadas de libertad. En un nuevo balance este viernes, el diputado Jorge Arreaza explicó que desde la aplicación de la Ley se aprobaron 8.740. El número de medidas aprobadas a personas detenidas no cambió.
El balance se produce días después del anuncio de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, sobre la excarcelación de 300 personas por «medidas humanitarias», entre ellos una adolescente, adultos mayores y personas con patologías crónicas o enfermedades que requieren atención médica especializada.
Según el parlamentario, estas liberaciones se producirían entre el martes 19 y viernes 22. Sin embargo, organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón han reportado un «incumplimiento» de esta promesa, pues solo han registrado 43 excarcelados.
«Ese número ha aumentado producto de esta interconsulta en las distintas instancias y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones que son buenas noticias para nuestro país. Pero yo pido que esas excarcelaciones se asuman con madurez, con respeto y desde el punto de vista constructivo de lo nuevo que estamos construyendo», reiteró Delcy Rodríguez.
La funcionaria dijo que estas 1.594 personas excarceladas desde enero bajo distintos mecanismos son «resultados palpables para el país y también para la comunidad internacional», aunque se dan en un «momento duro» para una justicia con retardo procesal, corrupción de jueces y fiscales, un uso político-partidista de la justicia y la criminalización de la pobreza.
Dijo que están llamados a corregir «todos estos desafíos que hemos heredado, décadas (…) Vimos avances importantes pero no suficientes para construir un nuevo modelo de justicia penal acorde con el sistema de los derechos humanos».
«Ahora falta que nosotros definamos las líneas gruesas de lo que está avizorando y proyectando lo que puede ser la justicia penal en Venezuela, lo que tiene que ver con el retardo procesal, con la corrupción judicial; desde los delitos cometidos desde el año 2002, concebidos para el golpe de Estado y el sabotaje petrolero, los delitos de 2014 y 2017; la violencia poselectoral de 2024», señaló.
La funcionaria destacó además que el 1 de junio iniciará una «gran consulta nacional» para la reforma del sistema judicial penal, que avanzará en conjunto con la comisión para la revolución judicial y el Programa Nacional para la Convivencia Democrática.
El fiscal general de la República, Larry Devoe, ratificó que «se ha venido dando una salida, especialmente en casos donde hay complicaciones de salud, por razones de edad, casos donde la persona ha permanecido un tiempo importante privada de libertad».
«A través del sistema de justicia se ha permitido el otorgamiento de medidas cautelares, pero también ha permitido el desarrollo de juicios con todas las garantías previstas en las Constitución, con la asistencia de abogados, con la participación del público en el desarrollo de las audiencias», argumentó Devoe como avances en estos meses, pese a ser derechos constitucionales.
También se refirió a la consulta nacional para la reforma del sistema penal y mencionó que, además de entrevistarse con todos los sectores posibles, se hará una investigación en cada estado de la infraestructura judicial disponible, el personal y proceso de ingresos de esos trabajadores.
Reforma judicial avanza
Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo que 3.630 personas procesadas por delitos ordinarios han sido liberados bajo medidas cautelares durante este año, debido a mecanismos como cumplimiento o redención de la pena, retardo procesal o el principio de juzgamiento en libertad y por sus jueces naturales.
Indicó que el año pasado apenas se produjeron 2.244 liberaciones bajo estos procedimientos. La comisión para la revolución judicial, dijo además Cabello, también ha avanzado en el uso de audiencias telemáticas para garantizar la justicia.
Durante su intervención, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que el parlamento venezolano está disponible para hacer las reformas legislativas necesarias y contribuir a las reformas del sistema penal. Insistió en que el aumento de magistrados «va a acelerar el retardo procesal, dar más fuerza al trabajo del Tribunal Supremo de Justicia y el trabajo de inspectores».
El ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, dijo que esta propuesta de reforma al sistema penal se produce en un «momento ideal en el cual hoy el Estado tiene el control de los procesos penitenciarios, toda esta política hoy nos dice que estamos transformando, que hay una dinámica distinta en los centros penitenciarios».
Dijo que deben incorporarse mesas de trabajo para la consulta con los privados de libertad y sus familias. El ministro, al igual que el resto de los funcionarios, no se refirió a las muertes bajo custodia ocurridas en las últimas semanas, como la de Víctor Quero Navas, o la investigación sobre el presunto motín que se produjo en la cárcel de Yare III el pasado 20 de abril.
Mientras que la ministra Ana María Sanjuán, secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Convivencia Democrática y Paz, dijo que se debe tomar en cuenta y superar la «sobrerrepresentación» de la pobreza dentro de los índices delictivos. «Las familias se quedan presas, las madres se quedan con los hijos de los hijos (…) Tenemos la posibilidad de ir más allá de las cosas que hemos hecho con las excarcelaciones, y lo hemos hablado aquí sobre qué cosas podemos hacer aplicando la prerrogativa de la ley para lograr más liberaciones».
Indicó además que desde el Ministerio de Educación Superior se coordinará un «nodo de información e investigación en justicia para poder plantear exactamente cuál es la necesidad que tiene el país en cuanto a una reforma del sistema penal».
En la actividad, Delcy Rodríguez también firmó y promulgó la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aprobada el pasado 12 de mayo, donde se aumentó el número de magistrados de 20 a 32 para –según argumentaron los diputados– atender los retrasos en las decisiones judiciales y fortalecer la eficiencia operativa del máximo tribunal del país.
«También pido que se incorporen plataformas tecnológicas en esta dirección, ya la inteligencia artificial está ayudando enormemente contra el retardo procesal», expresó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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