Honor a Casimiro Hernández. Que la libertad de Venezuela sea referencia de que sí se puede dejar un legado de honestidad y decencia
Venezuela no necesita un cambio de rostro, necesita un cambio de sistema. La reconstrucción no puede ser con los mismos. Es a pesar de los mismos.
Después de 27 años, la reconstrucción del país solo será posible si re-institucionalizamos la República. No hay economía sin Estado de Derecho. No hay inversión ni recuperación productiva mientras el poder judicial siga sin independencia y se mantengan los mismos mecanismos que permitieron la violación de la Constitución, la persecución por disentir y la muerte de ciudadanos en custodia.
Hablar de Guayana es hablar de dignidad. Casimiro Hernández, hombre sencillo que defendió la decencia hasta su último día, murió preguntándose si valió la pena ser honesto en un país donde la ley fue secuestrada. En su memoria, y en la de miles de guayaneses que no se rindieron, exigimos que la libertad de Venezuela vuelva a ser referencia, de que sí se puede construir un legado sin corrupción, sin atropello y sin miedo.
Hoy los venezolanos enfrentan una emergencia nacional: salarios que no alcanzan, familias separadas por la migración, productores sin seguridad jurídica y empresarios sin garantías para invertir. Ningún plan económico será viable si no se restablece primero la confianza en las instituciones. Con un Tribunal Supremo de Justicia que recibe órdenes, con una Fiscalía sin autonomía y con un Consejo Nacional Electoral cuestionado, no hay contratos que valgan ni empleos que se sostengan.
Quienes guardaron silencio cuando murieron Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo, Víctor Hugo Quero y tantos otros venezolanos, no pueden ser los encargados de conducir la nueva etapa. La transición real implica renovar el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y el Consejo Nacional Electoral mediante procesos transparentes, con participación de las academias y la sociedad civil.
Hay que exigir la salida inmediata de los presos políticos aún en cautiverio, sin excepción, y suprimir la persecución política. No habrá reconciliación ni confianza mientras haya un solo venezolano preso por pensar distinto o por defender su voto. El cierre de centros como El Helicoide, Boleíta y Ramo Verde como cárceles políticas es impostergable.
El próximo 3 de julio el país espera definiciones. La Asamblea Nacional tiene la responsabilidad histórica de declarar la vacante absoluta conforme a la Constitución. De no producirse esa decisión, corresponde a la encargada de la transición evaluar su permanencia en el cargo. El limbo institucional no puede prolongarse más.
Es indispensable se fije un cronograma electoral con garantías plenas, observación internacional calificada y condiciones técnicas verificables. Ese cronograma debe incluir el regreso seguro de quienes están fuera del país y, en su caso, el derecho al voto de la diáspora venezolana. Sin voto libre no hay legitimidad. Sin retorno seguro, no hay reencuentro.
El llamado es a la unidad ciudadana y a la defensa de la República. A la comunidad internacional a acompañar el anhelo de los venezolanos de vivir en democracia y bajo el imperio de la ley.
A los del pasado y colaboradores desde hace más de 27 años hay que sacarlos, pero también hay que asegurarse que no puedan regresar. Es hora de re-institucionalizar. Es hora de que Venezuela vuelva a producir, a invertir y a reencontrarse, como lo soñó Casimiro Hernández desde Upata.
