Lo que debió ser un despliegue inmediato de asistencia y rescate se ha visto empañado por el control gubernamental, el hostigamiento a la prensa independiente, el bloqueo a la ayuda humanitaria, la alarmante escasez de maquinaria pesada y la inconsistencia en las cifras oficiales
A una semana de los terremotos de 7.2 y 7.5 que agravaron la crisis en el país, la gestión de la emergencia por parte del Ejecutivo ya suma numerosas irregularidades que han sido documentadas por los afectados, organizaciones civiles y medios independientes. Mientras la ciudadanía lidia con el dolor por la pérdida de seres queridos y bienes materiales, la respuesta gubernamental parece concentrarse en blindar la narrativa oficial y demostrar que tiene el control de la situación, aunque la realidad demuestre lo contrario.
Escasez de maquinaria pesada y abandono militar
Una de las mayores quejas en La Guaira, el estado más golpeado por el desastre natural, es la ausencia de maquinaria pesada del Estado durante las primeras 72 horas críticas, lo que obligó a los propios vecinos a remover escombros con sus manos.
En los recorridos realizados por el equipo de reporteros de TalCual en las zonas afectadas, se pudo constatar la lentitud estatal: hasta la tarde del viernes 27 de junio apenas se divisaba una sola máquina trabajando, el sábado no hubo presencia de equipos y no fue sino hasta el domingo cuando comenzó a registrarse el movimiento de unidades pesadas.
Igualmente, vecinos del edificio Coral Mar denunciaron a TalCual que en los días posteriores al sismo ninguna maquinaria ni autoridad gubernamental se había presentado en el lugar para evaluar los daños o pedir apoyo. Expresaron su profundo temor de que las instituciones declaren el sitio como «zona muerta» de forma arbitraria, sin siquiera realizar una inspección técnica previa. Asimismo, en las edificaciones de la OPP 26, los propios habitantes tuvieron que impedir que funcionarios militares se llevaran los pocos equipos disponibles. “Nadie nos quiere ayudar. Estamos solos”, relató a este diario una allegada de los residentes del sector.
Mientras la desesperación civil escala, los funcionarios militares son señalados de acudir a los sectores solo a «vigilar y tomarse fotos» con los escombros de fondo para las cuentas oficiales. “Con el respeto que se merecen, pero aquí yo he visto más fusiles que palas”, increpó un joven voluntario a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en La Guaira. En redes sociales también se viralizaron videos de uniformados impidiendo el paso de civiles que intentaban socorrer a las víctimas, e incluso denuncias de funcionarios robando dinero y electrodomésticos de las viviendas colapsadas.
Trabas a la ayuda humanitaria
A pesar de que cada minuto cuenta en las labores de búsqueda y rescate de víctimas, la administración de Delcy Rodríguez priorizó la burocracia y el control, impidiendo el ingreso de grupos rescatistas. El Ministerio de Salud rechazó la entrada de un equipo de 41 expertos voluntarios de las organizaciones europeas ISAR Germany y SA-RRT. Asimismo, hasta el lunes 29 de junio, rescatistas chilenos permanecían varados en la frontera con Cúcuta sin autorización de ingreso.
Algunos corrieron con más suerte y pasaron, no sin antes sortear severos obstáculos administrativos. Poco después de los sismos, un grupo de bomberos de Medellín (Colombia) viajó a Venezuela con cuatro toneladas de ayuda humanitaria, pero fue retenido durante cuatro horas en Maiquetía. Los rescatistas españoles de Alicante y Castellón quedaron varados temporalmente en el aeropuerto de Madrid debido a las trabas de la Embajada de Venezuela en España para emitir las acreditaciones exigidas.
Sin embargo, el problema no es solo entrar, sino operar in situ. El líder del grupo de rescate Topos de Chile, Alejandro Lermanda, denunció que un militar impidió el reingreso de sus médicos e ingenieros estructurales al área de trabajo, alegando «órdenes superiores». Además, relató que un soldado les confiscó un teléfono celular acusándolos de «espionaje» solo por fotografiar y consultar externamente el cuadro clínico de un adolescente de 14 años rescatado con síndrome compartimental.
Bajo este esquema de persecución, la Red de Voluntarios Intérpretes, destinada para que personas que manejaran más de un idioma pudieran traducir a los brigadistas internacionales, tuvo que desactivar su plataforma el 30 de junio tras reportar acoso contra sus colaboradores por parte de funcionarios del Sebin y la Dgcim.
La emergencia humanitaria tampoco ha escapado de la vieja y conocida práctica de persecución política. El Comité de DDHH de Vente Venezuela denunció que cuerpos de seguridad del Estado están amedrentando y desmantelando centros de acopio vecinales organizados para recolectar insumos destinados a los damnificados.
De igual modo, a TalCual llegaron denuncias de coordinadores de los centros de acopio en la parroquia María Auxiliadora (Sarría) y la Escuela Francisco Pimentel, en el municipio Libertador, sobre las exigencias de la Alcaldía y la policía municipal para centralizar las donaciones a través de las autoridades.
El cerco a la prensa
En medio de la tragedia, el acceso a la información es limitado por las trabas que ha impuesto el gobierno para la cobertura del desastre. La Oficina de Información Regional (OIR) de la Gobernación de Sucre emitió un comunicado donde «exhorta de manera categórica» a periodistas y medios a no difundir información independiente ni reportes que no tengan el aval del oficialismo.
Igualmente, el gobierno suspendió por 48 horas los traslados de periodistas a las zonas de desastre alegando razones sanitarias, una medida que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció porque agrava la falta de información verificada. Las autoridades primero obligaron a los reporteros, tanto nacionales como extranjeros, a someterse a un proceso de acreditación obligatoria en la base aérea de La Carlota, para luego, de igual forma, dejarlos plantados.
Para la cobertura en Los Silos, la nueva morgue a cielo abierto donde centralizan el traslado de cadáveres de las víctimas, efectivos de la GNB impusieron un perímetro para mantener alejados a los reporteros. «Es el protocolo», justificó un funcionario a TalCual al ordenar que el trabajo de prensa se hiciera obligatoriamente al otro lado de la calle. Esta medida de aislamiento dificulta el contacto directo con los deudos, ya que para llegar a ese punto los familiares tendrían que caminar una distancia importante y cruzar una pasarela subterránea. Igualmente, las rejas del puerto fueron tapadas con bolsas luego de que fuesen difundidas imágenes de cientos de ataudes.
El hostigamiento también ocurre en la capital y ha sido documentado por el sindicato de la prensa. Un equipo de El Noticiero, liderado por Daniel Álvarez, fue fotografiado y hostigado en Pinto Salinas, Caracas, por personas vinculadas al jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte. Hechos similares afectaron a Diana Vásquez, reportera de Noticiero Venevisión en el Hospital Pérez Carreño, así como a Reinaldo Mozo, de Efecto Cocuyo, en el Hospital de niños J.M. de los Ríos.
Adicionalmente, las páginas web de más de 60 medios de comunicación, entre ellos TalCual, y la red social X siguen enfrentando bloqueos en los principales proveedores de internet del país, coaccionando el derecho de los venezolanos a recibir información veraz y oportuna.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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