El modelo económico y laboral del sector público en Venezuela atraviesa su momento más crítico. Así lo advirtió el economista José Luis Alcocer, asesor de la Federación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Venezuela (FENAJUPV) en el capítulo Bolívar, quien señaló que el ingreso mensual de los trabajadores estatales dista totalmente de lo que legalmente se define como un salario.
Según el especialista, el esquema actual está desproporcionado: apenas un 1 % corresponde al salario base, mientras que el 99 % restante proviene de transferencias no salariales, compuestas principalmente por bonificaciones como el Cestaticket Socialista y el denominado Bono de Guerra Económica. Esta distorsión ocurre en un contexto donde el salario mínimo legal nominal permanece congelado en apenas 130 bolívares mensuales. Alcocer destacó que hoy en día más de 8 millones de personas —entre empleados públicos, jubilados y pensionados— dependen directamente del Estado. A su juicio, esta situación representa la «crónica de una muerte anunciada» cuyo origen se remonta al ciclo de expropiaciones masivas.
«Recordemos que en el socialismo el primer empleador es el Estado, a diferencia de una economía de mercado, donde se reduce el tamaño del sector público y el sector privado se convierte en el mayor generador de empleo», enfatizó el economista. Las consecuencias de este esquema bonificado golpean directamente el futuro de la fuerza laboral y la calidad de vida de los adultos mayores:
Al no tener carácter salarial el grueso del ingreso, las prestaciones de los trabajadores se diluyen cuantitativamente, dejándolos en absoluta indefensión al terminar su relación laboral.
Para los jubilados y pensionados, el panorama es aún más desalentador, quedando reducidos al «más abyecto abandono y a expensas de la buena de Dios». Ante esta realidad, el asesor de FENAJUPV hizo un llamado contundente a las autoridades y actores políticos, exigiendo que los jubilados y pensionados —por ser el sector más vulnerable de la sociedad— sean colocados como prioridad absoluta en la agenda de cambio que se inicia este próximo 1ro de agosto.
