Venezuela atraviesa una encrucijada histórica marcada por la erosión profunda de su contrato social. Tras años de deterioro sistemático, la realidad de nuestra patria demanda una mirada desprovista de dogmatismos y de la retórica política convencional. Como trabajadores, educadores y dirigentes sindicales, constatamos a diario que el verdadero drama institucional del país no radica únicamente en la confrontación entre parcialidades políticas, sino en la pérdida efectiva del Estado de Derecho y en la transformación de la Constitución de la República en un texto puramente ornamental.
El diagnóstico debe ser transparente: hemos presenciado la captura de los poderes públicos por una élite reducida que administra los recursos de la nación de manera discrecional, subordinando las instituciones a conveniencias de grupo e invalidando los contrapesos indispensables para la vida en democracia. Esta dinámica ha despojado al ciudadano de sus garantías fundamentales y ha vaciado de contenido al servicio público, sustituyendo la idoneidad técnica por la lealtad política.
Sin embargo, pretender que la solución a este colapso se encuentra en el simplista «quítate tú para ponerme yo» es condenar a Venezuela a un ciclo interminable de revanchismo y frustración. La sustitución de una cúpula por otra no restablece la república; lo que reconstruye a la nación es el rescate de las reglas del juego. Venezuela no necesita una nueva distribución de cuotas partidistas, sino la devolución de la funcionalidad, la autonomía y el respeto a la norma en cada una de sus instituciones.
En la coyuntura actual, donde la dinámica internacional y los esquemas de negociación imponen un escenario de tutela de facto sobre los procesos de reinstitucionalización —particularmente en órganos neurálgicos como el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral—, la sociedad civil y el movimiento sindical debemos mantener una postura firme y pragmática. Cualquier mesa de acuerdo o iniciativa de reforma solo será provechosa si trasciende la transacción geopolítica y se traduce en garantías reales para el pueblo venezolano.
Esa reinstitucionalización real pasa de manera obligatoria por la *meritocracia* . Es urgente desmontar el criterio de la militancia como requisito para la conducción del Estado. Las rectorías de las universidades, los juzgados, las comisiones electorales y los ministerios técnicos deben ser dirigidos por venezolanos con credenciales académicas impecables, solvencia moral y trayectoria profesional demostrable. Solo cuando la función pública vuelva a estar en manos de los más aptos y no de los más sumisos, las instituciones recuperarán su capacidad de servir a la sociedad y resistir los abusos del poder de turno.
Como dirigente sindical vinculado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y a la Federación de Trabajadores Sindicalizados de la Educación (FETRASINED), sostengo con firmeza que a partir de este 1 de agosto no nos jugamos el destino de un gobierno o de una coalición opositora, sino la viabilidad misma de Venezuela como república. Es hora de dejar atrás el cortoplacismo y dar paso a un proyecto de país donde la Constitución sea la guía, la meritocracia el criterio de gestión y el trabajo honesto el motor de nuestro desarrollo.
Es hora de devolverle el valor a la norma jurídica y la dignidad al trabajo. El retorno a la legalidad constitucional no es solo una exigencia política; es la condición indispensable para rescatar la calidad de vida, la justicia social y el futuro de todos los venezolanos.
Por: Tomás Terán Durán_*
_Dirigente Sindical de la CTV y FETRASINED_
