¿Cómo pagar la luz con 130 bolívares mientras desaparecen 100 mil millones de dólares?
«Es propio de la tiranía empobrecer a los súbditos, para que el costo de la vida los obligue a ocupar cada minuto
en buscar el sustento diario y no tengan tiempo ni energía para exigir sus derechos».
— Aristóteles, La Política
Pretender aplicar aumentos tarifarios en el servicio eléctrico cuando el ingreso o la pensión base de un ciudadano
permanece anclada en 130 bolívares mensuales no es una medida de ajuste económico; es una crueldad y un
exabrupto social. Se trata de someter al venezolano a una matemática imposible, donde se le obliga a elegir entre
comprar un pedazo de pan, adquirir sus medicinas esenciales o entregar la totalidad de su subsistencia a una empresa
pública a cambio de un servicio deficiente.
El fondo de esta tragedia no reside en la falta de recursos invertidos, sino en el destino que tuvieron. Durante los
últimos 20 años se asignaron más de 100 mil millones de dólares al sector eléctrico nacional. Una cifra astronómica
que debió garantizar un sistema moderno y autosuficiente, pero que terminó disuelta en la corrupción, el abandono
del parque termoeléctrico y monumentos a la desidia como la inconclusa represa de Tocoma. Pretender cobrar hoy
tarifas impagables a la población es el intento más burdo de hacer que el ciudadano de a pie financie con su miseria
el agujero negro de esa gigantesca masa de dinero desaparecida.
En la región de Guayana, la medida adquiere tintes de afrenta histórica. Esta tierra es el corazón energético de la
nación; desde las aguas del río Caroní y las centrales de Guri, Caruachi y Macagua se iluminó a toda Venezuela. Ver
hoy a las familias guayanesas padecer cortes diarios, perder la comida de la semana y sufrir el daño continuo de sus
electrodomésticos —mientras la narrativa oficial pretende culpar al «consumo excesivo» de la gente— es obligar a la
víctima a pagar por las ruinas de su propio patrimonio.
Atrévete a rechazar la resignación. Atrévete a no acostumbrarte a la penuria ni a aceptar que sobrevivir en la
oscuridad sea nuestro único destino. Exigir la paralización inmediata de estos incrementos, demandar una auditoría
transparente sobre esos 100 mil millones de dólares y reclamar el respeto a la tierra que le dio luz al país no es una
concesión: es un deber ciudadano irrenunciable.
