Si quisiéramos combatir la desesperanza y el escepticismo sobre el alcance del objetivo final de las «conversaciones» entre los equipos de Rodríguez y Figuera, tendremos que aferrarnos a la última parte del comunicado donde se comprometen a comenzar a ejecutar el cronograma de los acuerdos en este mismo mes de agosto, bajo las premisas de «trabajo continuo» y «cumplimiento estricto».
Lo acordado está rubricado por la foto entre las dos comisiones, cuyos integrantes, a excepción de las dos cabezas, la mayoría de la población o no conoce o, si los conoció, no los recuerda. Pero son ellos quienes, por un birlibirloque de la historia, han recibido el encargo de conducir las reformas para el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral.
Una tarea titánica que hace apenas algunas semanas no estaba en sus proyectos de vida. La gente ya asumió que pondrán la cara, pero que desde el Norte vendrá la letra.
Repetimos los tres grandes campos de la acción a iniciar: democracia, de la cual sin Estado de derecho solo quedan despojos; Poder Judicial, cuya reforma fue la primera que acometió Chávez al llegar al poder para terminar, en muy pocos años, degradando desde el primer juzgado hasta el Tribunal Supremo de Justicia, que en algunos tiempos de delirio coreaba las consignas chavistas en plenas ceremonias y, finalmente, el Poder Electoral, que con el falseamiento de los resultados del 28-J mediante el tristemente célebre «servilletazo» de Amoroso recibió lápida y epitafio.
Pero la historia también se encargó de demostrar que la falla no estaba en el articulado, sino en los grupos humanos encargados de hacerlo cumplir para que «Dios y la Patria» se los premiara. Para mejor comprobación, ¿en qué porcentaje determina o garantiza hoy el rumbo de la democracia venezolana la Constitución de 1999? Cero al cociente.
Hasta el 24 de junio sabíamos que las comisiones paritarias, surgidas una de la comisión delegada de una AN que se extinguió hace siete años y la otra de una elección fraudulenta en 2025, tendrían un cometido exclusivamente reinstitucionalizador, tal como se anunció poco después de la exitosa y ampliamente celebrada extracción de Maduro el 3-E.
Ahora, en orden de prelación, aparece la «atención de emergencia por el Doble Terremoto». Muy bien, estamos de acuerdo en que se atienda a las miles de víctimas de esa terrible tragedia y que se acometan de inmediato los programas de vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros.
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La gran sorpresa es que para ello haya que recurrir a la recuperación de los activos, dicho de otra forma: unas 31 toneladas de oro, valoradas en unos 4 mil millones de dólares, que están en el Banco de Inglaterra, justo cuando todas las cifras estadísticas indican que Venezuela está aumentando gradualmente su producción petrolera y a muy buen precio por la confrontación bélica entre Estados Unidos e Irak.
Se agiganta la sorpresa cuando se toma en cuenta que esta decisión, que el Rodrigato exigía a EEUU desde hace tiempo por la vía de la suspensión de las sanciones, se produce justo cuando en Estados Unidos y en suelo patrio se mantiene abierta una discusión sobre el destino de más de 13 mil millones de dólares producto de la venta del petróleo venezolano. Punto clave para la economía nacional.
¿Cuánto de ese oro se dedicará a los daños humanos y materiales dejados por el doble terremoto? ¿Estamos seguros de que de allí no nos descontarán también los gastos de la «guerra relámpago» del 3 de enero?
Se ofrece establecer mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos. Bien, que se hagan buenas esas promesas para evitar que la voracidad mercantil que campea y se fanfarronea en el Norte no nos deje sin «el oro y el moro», como reza la castiza expresión española.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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