El cardenal Baltazar Porras denunció que el Gobierno le impidió viajar por aire y tierra a Trujillo para oficiar una misa por la canonización de José Gregorio Hernández. Aseguró que fue rodeado por militares y que las autoridades alegaron «riesgo de disturbios» y «peligro» por su presencia en Isnotú
El cardenal Baltazar Porras denunció este sábado 25 de octubre que las autoridades le impidieron trasladarse al estado Trujillo, tanto por vía aérea como terrestre, para presidir la misa de acción de gracias por la canonización del doctor José Gregorio Hernández, que se celebrará en Isnotú, tierra natal del nuevo santo, este 26 de octubre.
Porras relató que la noche del viernes, el viceministro de Instituciones Religiosas y Culto, Edgar Arteaga, se comunicó con la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) para informar que había «inconvenientes» con su presencia en Isnotú, «porque había noticias de disturbios o cosas que se iban a realizar ahí», pese a que —según explicó— se le aclaró que el evento consistía únicamente en una eucaristía. También se les dijo que su presencia era «un peligro».
Horas más tarde, cerca de la medianoche, el purpurado recibió un mensaje de WhatsApp y un correo electrónico notificándole que el vuelo de Conviasa hacia Trujillo había sido suspendido hasta el 28 de octubre. Sin embargo, luego supo que la aeronave despegó y aterrizó como estaba previsto.
«Nos fuimos dando cuenta de que algo extraño estaba pasando», señaló.
Ante la imposibilidad de viajar en vuelo comercial, el cardenal intentó llegar a la región en una aeronave privada, pero fue obligado a aterrizar en Barquisimeto por supuestas condiciones climáticas adversas en el aeropuerto de Valera. Según su testimonio, al llegar al terminal larense «estábamos rodeados de una cantidad de militares armados hasta los dientes y estábamos cinco personas esperando cómo continuar».
Porras añadió que la fuerza pública también impidió el alquiler de una unidad de transporte para continuar el recorrido por tierra, por lo que su equipo tuvo que regresar a Caracas sin recibir información oficial sobre lo sucedido.
«Llama la atención que ocurran este tipo de cosas y no haya una libertad de que uno como ciudadano pueda moverse de un lado para otro. Con un despliegue militar que pareciera que estuviéramos tramando quién sabe qué. Pudimos entender que son órdenes superiores, solo por la presencia de mi persona», denunció.
El arzobispo de Caracas cuestionó las razones detrás del operativo y se preguntó «cuál es el delito que ha cometido» para que se le impidiera asistir a una celebración religiosa. También aseguró que las autoridades regionales de Trujillo recibieron órdenes para evitar su presencia «por ser un peligro».
«¿Qué significa esto? Esa no es la forma de celebrar el ejemplo que nos deja José Gregorio Hernández, esto es un atropello», sostuvo.
La denuncia ocurre menos de una semana después de que el cardenal ofreciera en Roma una reflexión sobre la crisis venezolana, el mismo 19 de octubre, día de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la hermana Carmen Rendiles. Durante una intervención, Porras recordó a los presos políticos y afirmó que Venezuela atraviesa «una situación moralmente inaceptable», tal como ha reiterado en diversas ocasiones la CEV.
En esa oportunidad, el cardenal hizo un diagnóstico crítico de la realidad nacional y advirtió que la pobreza, la corrupción, la falta de independencia de los poderes públicos y la creciente militarización del poder «excitan a la violencia y la introducen como parte de la vida cotidiana».
Estos factores, señaló, «no contribuyen a la convivencia pacífica ni a la superación de las carencias estructurales de la sociedad».
El representante de la Iglesia católica insistió en que el país necesita «reconstruir la confianza entre ciudadanos e instituciones» y apeló a la solidaridad y la reconciliación como caminos para alcanzar la paz.
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