El exgobernador de Bolívar denunció que el decreto de 2016 ha institucionalizado un saqueo nacional y extranjero que ha transformado ecosistemas vitales en tierras yermas.
- Por Edwin Rosal Vásquez
- Como una tragedia que hipoteca el futuro de las próximas generaciones calificó el dirigente Jorge Carvajal Morales la persistencia del decreto del Arco Minero del Orinoco (AMO), instando a su derogación urgente para frenar la destrucción sistemática del estado Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.
Carvajal Morales denunció que el decreto de 2016 ha institucionalizado un saqueo nacional y extranjero que ha transformado ecosistemas vitales en tierras yermas. Enfatizó que el impacto no es solo ambiental, sino una crisis humanitaria que afecta las cuencas de los ríos Caroní, Paragua, Cuchivero, Caura, Aro y Orinoco, pilares de la energía hidroeléctrica, la agricultura y la vida en el país.
Uno de los puntos más críticos señalados es el uso indiscriminado de mercurio. “Estamos ante un veneno que ya penetró la cadena alimentaria, acumulándose en peces y suelos hasta llegar al Delta”, advirtió.
“El mercurio no es un problema del futuro, es un daño presente con efectos neurológicos y reproductivos que está rompiendo el ciclo natural de vida de nuestra gente”, sentenció el dirigente, haciendo un llamado a la atención epidemiológica inmediata para las comunidades afectadas.
Reconstrucción bajo el proyecto Tierra de Gracia
Más allá de la denuncia, Carvajal Morales delineó la ruta para la recuperación de Guayana, alineada con el proyecto Tierra de Gracia impulsado por María Corina Machado. La propuesta se basa en tres pilares fundamentales:
● Seguridad jurídica y ambiental: Derogar el decreto del AMO y anular las concesiones ilegales que facilitaron el ecocidio.
● Sustentabilidad y tecnología: Transformar la minería en una actividad legal, técnica y regulada, donde la tecnología sustituya al mercurio, garantizando salarios dignos y protección laboral.
● Restauración del ecosistema: Iniciar un plan masivo de reforestación de selvas y suelos erosionados, junto a la expulsión de grupos armados de las zonas mineras.
Justicia para los pueblos originarios
La propuesta también incluye una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, cuyos derechos territoriales y ancestrales han sido vulnerados por la minería descontrolada. “El mandato falta por hacerse; nos toca reconstruir desde las cenizas de una mala política deliberada”, afirmó.
“Desde el soberbio Orinoco y el intrépido Caroní, Guayana clama justicia. Salvar la Amazonía no es una opción política, es un imperativo en nombre de la humanidad”, concluyó Carvajal Morales.
- CORREO DEL CARONI
