Familiares de los detenidos por el caso Plaza Venezuela, entre ellos la adolescente Samantha Hernández, denuncian que fueron excluidos de la amnistía y temen que queden «en el olvido». El pasado 5 de marzo se les hizo la audiencia preliminar y fueron enviados a juicio por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. La causa ha seguido sumando arrestados este año
Los familiares de más de 50 detenidos, entre ellos una adolescente y su hermana de apenas 19 años, tenían las esperanzas puestas en una amnistía que fue despachada el mismo día en que introdujeron los documentos en tribunales. Con una negativa a cuestas y en espera de apelación, las familias temen que el caso «Plaza Venezuela» quede «en el olvido» y llevando un proceso judicial donde ninguno de los lapsos establecidos en las leyes se ha cumplido.
A principios de agosto de 2025, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció el desmantelamiento de una presunta conspiración para detonar explosivos en Plaza Venezuela, orquestada –según dijo– por dirigentes opositores como María Corina Machado.
En ese entonces comentó que habían detenido a varios vinculados y estaban en la búsqueda de otras personas que, según el ministro, habían colaborado o estaban al tanto de los planes para detonar la plaza.
Su hija, Érika Díaz, pudo saber de su paradero al día siguiente cuando le avisaron que le llevara comida a la sede del Cicpc ubicada en la avenida Urdaneta. Allí estuvo cuatro días, luego fue trasladada el día 12 a la cárcel de máxima seguridad Rodeo I (Guatire, estado Miranda).
Érika estuvo cinco meses sin tener algún contacto con su madre o conocer las razones de su detención. «Eran 13 mujeres en un tigrito en el Rodeo I. Nunca me informaron por qué se le detuvo y siempre se le negó que en ese centro de detención estuvieran mujeres. Entre el ir y venir, en denunciar, es que me comentan que mi mamá fue detenida por la presunta bomba de Plaza Venezuela que iba a colocar el 3 de agosto».
Pero el día de los hechos, recuerda Érika, su mamá pasó todo el día con ella en Los Teques. Yarilys tampoco conoce al resto de los detenidos que, según las cuentas de los familiares, son más de 50. «La audiencia de presentación se la hicieron el 29 de septiembre de 2025 y la audiencia preliminar se la hicieron el 5 de marzo de 2025. Así como está ella, están muchos de este caso. Estuvieron en desaparición forzada al igual que mi mamá».
Todos los detenidos por la causa signada bajo expediente 2CT 124-25 fueron imputados por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Se les asignó defensor público y aún se encuentran a la espera de que un tribunal asuma el caso para iniciar el juicio.
El pasado 12 de enero, a Yarilys la trasladaron al centro penitenciario femenino La Crisálida, ubicado en Los Teques. Su hija pudo acceder a la visita el 28 de ese mes. La vio pálida y más flaca. «Fue torturada (en el Rodeo). Aunque ella me diga que no, yo sé que fue torturada porque con información de otras detenidas con ella, me dijeron que a todas las torturaron con golpes, (maltrato) psicológico, sin bañarse, sin atención médica».
Rafael Antonio Escorihuela es otro de los detenidos por el caso «Plaza Venezuela». El exfuncionario del Cicpc fue detenido el 22 de octubre en La Guaira, en la vivienda familiar mientras arreglaba un carro, para una «declaración». Lo señalaron de ser uno de los que iba a grabar la explosión, dice su hermana Rossana.
Pero Escorihuela, señala, tenía siete años fuera de Venezuela y ni siquiera se encontraba en el país cuando se desmanteló la presunta conspiración. Llegó el pasado 25 de septiembre para visitar a su padre –quien se encontraba hospitalizado por una enfermedad coronaria– y tenía boleto de avión de retorno el 24 de octubre a Perú, donde tenía siete años laborando como chófer para una empresa de transporte.
«Es un hombre de familia, sin ningún tipo de antecedentes penales. Simplemente fue funcionario del Cicpc… Lo acusaron de terrorista. A las 3:00 a.m. lo dejaron ver y luego se lo llevan a la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta. Ahí sigue detenido. A él no lo golpearon, pero sí fue coaccionado para que se declarara culpable», afirma Rossana.
Plaza Venezuela: sin amnistía
«Nunca hemos podido ver el expediente del caso. Hay personas con patologías médicas, con hernias, alergias y a raíz de las detenciones y desapariciones, mi mamá quedó en un estado de depresión y ansiedad muy fuerte», denuncia Érika Díaz.
Díaz introdujo la solicitud de sobreseimiento de la causa vía Ley de Amnistía el pasado 26 de febrero. Ese mismo día se la negaron al igual que a otros familiares, según consta en el escrito de respuesta. Sin embargo, el documento se lo entregaron un mes después. «Apelé a pesar de que me dijeron que a ninguno se la iban a aprobar».
Rossana Escorihuela pide justicia, «que esto se haga público. Así como Rafael, hay 50 personas vinculadas a este caso, incluso una menor de edad. Ninguno de ellos se conoce o tiene vínculo, son de diferentes estados». Se refiere a Samantha Hernández, hermana del teniente exiliado Cristian Hernández, quien está recluida en la entidad de atención para menores Dr. José Gregorio Hernández, en Caracas.
Su hermana Arantza, de 19 años, también está detenida. Ambas fueron acusadas de los mismos delitos que el resto de los señalados por el caso «Plaza Venezuela».
*Lea también: PJ cuestiona discrecionalidad y rechaza negativa de amnistía a hermanas Hernández
Escorihuela asegura que su hermano, a quien puede ver cada sábado aunque debe llevarle las tres comidas todos los días a los calabozos del Cicpc, «se encuentra con un deterioro emocional muy grande. Nosotros queremos justicia».
Los familiares han criticado que a dos personas vinculadas al caso, uno de ellos llamado José David Espinosa, fueron sobreseídos vía amnistía el 22 de febrero. Esperan que se aplique el mismo concepto para el resto de las personas que se encuentran bajo arresto por el caso, pues tienen la misma acusación y los mismos delitos.
Cansados de la falta de respuestas, los familiares entregaron una carta a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela el pasado 23 de marzo pidiendo su intervención. «Si le dieron el sobreseimiento de causa a uno, estás extinguiendo la causa. Entonces no entendemos por qué todavía siguen detenidas 50 personas. Antes de Semana Santa, detuvieron a otras tres personas en Maracaibo, nos enteramos esta semana».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
TAL CUAL
