Desde resmas de papel hasta dólares en efectivo piden para procesar las solicitudes, señala el grupo
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció irregularidades en la implementación de la Ley de Amnistía en Venezuela. Según un comunicado emitido en Caracas el 3 de marzo de 2026, los Tribunales Primero, Segundo y Tercero con competencia en juicio para casos vinculados a delitos asociados al terrorismo exigen a familiares de beneficiarios pagos en dólares en efectivo, resmas de papel y cajas de bolígrafos como requisito para notificar la decisión de amnistía y entregar copia certificada del fallo.
El grupo reconoció que el procesamiento de las solicitudes ha avanzado con rapidez, pues desde el 24 de febrero de 2026 las familias presentaron sus peticiones y recibieron información de que el trámite ya se había iniciado por otras vías.
Les indicaron regresar en un plazo de 15 días para recibir la notificación y retirar la copia correspondiente, lo que representó un avance significativo tras meses de reclusión de sus parientes en centros alejados.
Sin embargo, el Comité calificó estas exigencias como una práctica arbitraria y un atropello adicional.
«Los familiares ya enfrentaron grandes sacrificios económicos durante el encierro para cubrir visitas, alimentos y necesidades básicas. Muchas madres recolectaron fondos solo para trasladarse a Caracas y ahora rechazan estos cobros, que consideran ilegales e injustos, dada su precaria situación económica», denunció la ONG.
La entidad subrayó que la entrega de copia de la decisión judicial constituye un derecho constitucional y no una mercancía. Ese documento resulta esencial para eliminar antecedentes penales y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados.
Los tribunales, según el grupo de madres, deben cumplir esa obligación sin imponer pagos adicionales.El Comité instó a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y al Programa de Convivencia y Paz a verificar la denuncia de forma inmediata y exigir a las autoridades judiciales el cumplimiento estricto de la ley sin condiciones económicas arbitrarias.
Esta denuncia se produce en el contexto de la reciente aprobación e implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que busca otorgar libertad plena a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos, incluidos aquellos tipificados como terrorismo, en hechos ocurridos desde 2014 hasta inicios de 2026.
Organizaciones de derechos humanos y familiares han reportado avances en liberaciones, aunque también han señalado trabas administrativas en algunos tribunales durante las primeras semanas de aplicación.
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que impulsó una propuesta inicial de amnistía a finales de enero de 2026, reiteró su llamado a garantizar que la justicia opere sin obstáculos ni costos indebidos para las víctimas de la persecución política.
EFECTO COCUYO
