(I) INTRODUCCION.
Con la elección de Hugo Chávez Frías como presidente de la República de Venezuela
el 06 de diciembre de 1998 y la formal y efectiva toma del cargo de jefe del Estado y
del gobierno el 02 de febrero de 1999 se inicia, más que un periodo constitucional, un
nuevo ciclo político. Vale decir, un periodo histórico, relativamente estable, largo,
perfectamente diferenciado del anterior momento que le precede (democrático) tanto
por el estilo de los actores políticos como por una forma de dominación y de gobierno
autoritaria y populista, en principio, que con el tiempo devino en una sui generis
dictadura. Este proceso histórico o ciclo político es el objeto de la reflexión y el análisis
de este trabajo.
El desarrollo de este particular momento histórico, que consideramos ha sido conflictivo
y contradictorio entre el relato que pregonan sus lideres y la práctica gubernamental y
política. En el mismo se identifican etapas separadas y un hilo conductor inequívoco
que lo caracteriza como un salto atrás, como un retraso político institucional, de fractura
de valores y principios democráticos, de empobrecimiento material y espiritual de la
sociedad venezolana, una corrupción generalizada de todo el aparato del Estado, de
ruina o bancarrota económica y de una conflictividad política extrema con un
lamentable saldo humano. Su superación es un imperativo político e histórico o, de lo
contrario, el Estado venezolano puede devenir en fallido con un impacto humanitario
catastrófico. Un tema absolutamente relevante. Este ciclo nace cargado de ideas y
propuestas que valoramos positivamente, idealista y de cambios interesantes y
profundos, pero con una praxis concreta negadora de los principios enarbolados y que
devino en un régimen autocrático, dictatorial, corrupto y presumiblemente asociado al
crimen organizado. El análisis siguiente pretende despejar cualquiera duda al respecto.
Para comprender la aparición y mantenimiento durante mas de un cuarto de siglo de
esta dramática etapa del desarrollo político e histórico de Venezuela es necesario
identificar las causas y condiciones que lo hicieron posible, indagar y penetrar en el
entramado ideológico con el cual pretendió legitimar su aparición y mantenimiento,
discernir las diferentes etapas o periodos de su evolución, los motivos por los cuales
sus conductores se aferran al poder a todo costo y las posibles causas que cierren o
clausuren la dominación chavista, nombre propio de este ciclo político. Descifrar esas
interrogantes y exponerlos de manera clara son los objetivos concretos de este papel
de trabajo.
(II) ¿CÓMO Y POR QUÉ?
La aparición primigenia del chavismo es cuartelaria, producto de la conspiración de un
conjunto de cuadros medios de las Fuerzas Armadas, como se sabe. contra las
instituciones democráticas iniciada en la década de los 80 del siglo XX, según
confesión de los golpistas liderados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías.
Supuestamente inspirados en el pensamiento político del libertador Simón Bolívar.
Las causas y circunstancias últimas de este surgimiento se encuentran en la pérdida de
credibilidad de los partidos políticos sustentos de la democracia representativa
inaugurada en 1958, posterior al derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. El
relato político fue sustituido por el clientelismo y el liderazgo partidista no fue capaz de
interpretar el clamor popular. La democracia representativa mutó a “partidocracia”, la
corrupción se enseñoreó en la administración pública y la élite política y económica se
fracturó involucrándose en una diabólica diatriba que concluyó en la conjura contra el
presidente Carlos Andrés Pérez. La elite no fue capaz de leer correctamente los
tiempos y frustró la ambiciosa Reforma del Estado diseñada por la COPRE. La
democracia y sus instituciones se deslegitimaron y la sociedad venezolana acusó
elevados niveles de pobreza y de pobreza crítica. Acontecimientos como los del 27 y
28 de febrero de 1989 (Caracazo), las intentonas golpistas de 04 de febrero y 27 de
noviembre 1992 y el juicio político y defenestración del presidente Pérez El 21 de mayo
del año 1993 son manifestaciones de la crisis política y deslegitimación de la
democracia representativa que, como mar de fondo, explican la aparición, en primera
instancia, del fenómeno electoral Chávez y, posteriormente, del régimen que define el
ciclo político post democracia en Venezuela.
El militarismo, por otra parte, que es un flagelo de vieja data en Venezuela tuvo una alta
cuota de incidencia. Los 40 años de la democracia liberal es un paréntesis en la historia
política del siglo XX. Esa perspectiva político culturas explica, en parte, el
comportamiento golpista de los jefes militares. El militarismo, y los “valores” que le son
consustanciales, no es exclusivo del país, sino de América Latina en su conjunto.
Desde luego, la perspectiva latinoamericana escapa al propósito de esta reflexión, pero
vale el señalamiento para contextualizar el asunto que no es un hecho local y aislado.
(III) LA UTOPIA.
Desde el 04 de febrero de 1992 y hasta y hasta el 06 de diciembre de 1998, previo a la
instauración del ciclo político chavista propiamente dicho, los lideres del MBR 200 y el
MVR (formaciones políticas originarias lideradas por Hugo Chávez) expusieron ante el
país su pensamiento y proyecto político primario. Ese conjunto de ideas, no siempre
coherentes, es lo que denominamos la utopía revolucionaria. A grandes rasgos
podemos describirla del modo siguiente:
La utopía revolucionaria fue, en principio, un conjunto de propuestas programáticas
expuestas por el candidato Chávez a lo largo de la campaña electoral de 1998 e
incluso antes. El programa de gobierno presentado por el mencionado candidato
distaba mucho de ser una utopía propiamente dicho. Eran más bien un “rosario” de
ofertas y propósitos sin explicar cómo se podrían alcanzar, salvo la afirmación del
futuro uso de la renta petrolera, bajo control absoluto del Estado, como palanca para
“modificar el actual estado de cosas”.
Del total de los propósitos expresados por Chávez desde el año 92 y en la campaña
electoral del 98 podemos rescatar los siguientes, a riesgo de que se perciba como una
visión restringida:
Una alternativa al fracaso de la democracia de partidos expresada con nitidez en
la frase que lo colocó en el centro del debate político en la mañana del 4 de
febrero de 1992, una vez derrotada la intentona golpista y capturado por las
fuerzas leales a la democracia. “…lamentablemente, por ahora, los objetivos que
nos plantamos no fueron logrados en la ciudad capital…” Dejando claro que el
fracaso golpista no clausuraba el proyecto alternativo.
Los fundamentos ideológicos del movimiento “alternativo” de los golpistas del 4 f
eran el nacionalismo (entendido como el rescate de la soberanía nacional) y el
pensamiento político de Bolívar, el Libertador. Sin obviar, desde luego, la
influencia que la revista Ruptura, órgano del PRV, partido fundado por el
legendario comandante guerrillero Douglas Bravo, ejerció sobre algunos de los
golpistas según confesión de uno de los complotados. de ellas.
Alternativa que tomó cuerpo y un mayor nivel de precisión en la oferta electoral
de 1998 con planteamientos como “la refundación de la Nación” a través de la
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y la aprobación de una
nueva Carta Magna fundacional de la “quinta república” ; un nuevo modelo de
Estado y un nuevo sistema político con preminencia de la participación
ciudadana.
Reducción de la pobreza y la desigualdad social en función de la justicia social.
La renta petrolera sería puesta al servicio de este objetivo redentor.
La propuesta en su conjunto se presentó arropada con la epopeya libertadora y
el culto a Simón Bolívar (revolución bolivariana) y en menor medida asociada a
la guerra federal en Venezuela dada entre 1859 y 1863 y el culto a Ezequiel
Zamora. Tanto que la intentona golpista de 1992 se llamó “operación Zamora”
El “sueño” propiamente dicho aparece con la aprobación de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) el 15 de diciembre de 1999 en un
referéndum consultivo, previa sanción favorable por parte de la Asamblea
Nacional Constituyente elegida el 25 de julio de ese mismo año.
Aunque no muy distante de la Constitución Nacional de 1961, en cuanto a
derechos y garantías se refiere, el texto constitucional de 1999 define un
proyecto país y de Estado alternativo de estimable valor; aunque también
contiene elementos estatistas, centralistas, presidencialistas y militaristas que la
empañan.
En efecto, la CRBV contiene principios, valores y normas que expresan un ideal
y una visión de país plausible; el preámbulo de la misma declara como fin
supremo de la República “establecer una sociedad democrática, participativa y
protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y
descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la
paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el
imperio de la ley para esta y las futura generaciones…” Aunque la Constitución
es de todos es innegable la marca e inspiración chavista que contiene.
El Titulo Primero de la CRBV desarrolla y concreta en normas los principios
fundamentales de la República que se proyecta construir. Los artículos 2, 3, 4, 5
y 6, en particular, expresan que Venezuela se “constituye en un Estado
democrático y social de derecho y de justicia…” con preminencia en los
derechos humanos y que tiene como fines la defensa y el desarrollo de la
persona y su dignidad; dispone que es un Estado federal y descentralizado; que
la “soberanía reside intransferiblemente en el pueblo” y que “los órganos del
Estado emanan de la soberanía popular” y a ella están sometidos. Los
gobiernos, el de la República y el de otros niveles (estadales y locales) serán
siempre electivos, democráticos y alternativos.
El conjunto de derechos humanos, civiles, sociales, políticos, ambientales,
económicos normados en el Titulo Tercero de la CRBV. le dan un indiscutible
carácter garantista, Protege a la ciudadanía general y, particularmente, a los
trabajadores y a la familia. Las libertades democráticas como la libertad de
expresión y las libertades económicas como el derecho de propiedad hablan de
un proyecto de sociedad abierta y libre.
Consagra el principio de la separación de poderes normado y desarrollado en el
Titulo Quinto de la Carta Magna. Un principio de la democracia liberal de
aceptación universal, salvo en los regímenes dictatoriales y las anacrónicas
monarquías absolutas que aún perduran en Asia y en África.
En fin, la seguridad social y económica, la participación ciudadana, las libertades
democráticas y derechos políticos amplios delinean un modelo de sociedad
plural y libre y un Estado democrático, de justicia y de derecho que la mayoría
de los venezolanos podrían compartir y asumir. Lamentablemente, aquí
tiene vigencia el viejo refrán español “del dicho al hecho hay un largo trecho”.
El ideal originario del proyecto chavista se trastocó por decisión propia de sus
jefes políticos. En septiembre del año 2007 Chávez presentó el “plan de la
patria” o “Proyecto Nacional Simón Bolívar” en el cual establece
lineamientos de políticas para el desarrollo económico social orientadas a
construir el socialismo. El “socialismo del siglo XXI”. Este plan puede sintetizarse
así:
Es un giro de 180 grados en el pensamiento político e ideológico del chavismo
en comparación con el manifestado en la CRBV. Es una ruptura con lo
pregonado anteriormente. Se presenta formalmente la tesis del Socialismo del
Siglo XXI (nueva utopía o tal vez sería mejor llamarla quimera). Su primer
objetivo es la creación de una nueva ética y moral socialista fundamentada en
los valores de “las corrientes socialistas avanzadas” y en la herencia histórica
del pensamiento de Bolívar para construir un Estado ético y un hombre nuevo
con “conciencia revolucionaria”. Incluye la formación de un sistema de
planificación, producción y distribución orientado al socialismo; más claro aún, la
construcción de “sistemas de intercambio justos”, equitativos, solidarios y
contrarios al capitalismo. O, lo que es lo mismo, dirigido a desmontar
progresivamente al mercado como mecanismo de intercambio de mercancías,
acompañado de lo que denomina propiedad social.
Se propone como objetivo fundamental construir una nueva geopolítica nacional
que no era otra cosa que modificar “la estructura socio territorial del país”. Un
modelo de desarrollo territorial desconcentrado, que no descentralizado, definido
por ejes territoriales integrados, regiones programas, ciudades interconectadas y
municipio federales; superar la democracia representativa y “sustituirla por una
verdadera y auténtica democracia”. La denominó “democracia protagónica y
revolucionaria”. Cierra proponiendo la creación de un nuevo poder: el Poder
Popular.
La propuesta de reforma constitucional presentada por Hugo Chávez y
modificada por la Asamblea Nacional en Decreto del 02 noviembre del mismo
año 2007 y sometida a consulta a través de un referéndum consultivo efectuado
el 02 de diciembre contiene la versión del Socialismo del Siglo XXI propugnada
por el chavismo. Rechazada, como se sabe, por el pueblo venezolano. Decisión
soberana de los venezolanos posteriormente burlada por el oficialismo
sancionando leyes inspiradas en el proyecto de reforma constitucional, pero
contrarias a la letra y el espíritu de la vigente Constitución nacional.
De manera resumida el proyecto de reforma constitucional planteaba una “nueva
geometría del poder” según el cual el territorio nacional estaría conformado por
“un distrito federal, por los estados, las regiones marítimas, los territorios
federales, los municipios federales y los distritos insulares,” y la unidad política
primaria dejaría de ser el municipio y seria la ciudad entendida como “todo
asentamiento poblacional” e integradas por extensiones geográficas
denominadas comunas. Éstas últimas conformadas por las comunidades…”
El presidente de la República mediante Decreto podrá crear regiones marítimas,
territorios federales, ciudades federales, municipios federales y distritos insulares
en las cuales las autoridades serán designadas y removidas por el presidente de
la Republica. Además, con el agregado según el cual, el pueblo es el depositario
de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular que no nace
“del sufragio ni de elección alguna, sino de la condición de los grupos humanos
organizados como base de la población”. La proposición era una fractura a la
columna del ejercicio democrático, a la descentralización, a la autonomía de los
municipios y de la Estados y, al contrario, fortalecía del centralismo y el
presidencialismo.
La reforma constitucional con la cual se pretendió darle concreción al Socialismo
del Siglo XXI cercenaba la libertad de las personas para dedicarse a la actividad
económica de su preferencia y el derecho de propiedad. En efecto, las normas
proyectadas establecían que “el Estado promoverá el desarrollo de un modelo
económico productivo, intermedio, diversificado e independiente…” “fomentará
y desarrollará distintas formas de empresas, unidades económicas de propiedad
social, tanto directa o comunal como indirectas estatales …” así como empresas
de producción social de propiedad mixta (Estado, sector comunal y sector
privado).
Establecía, reconocía y garantizaba diferentes formas de propiedad. La publica o
del Estado, la propiedad social directa e indirecta (esta última la asigna el Estado
bajo diferentes formas), propiedad colectiva y propiedad privada. La privada
sujeta a políticas coercitivas en tanto que expropiables por “causa de utilidad
pública”.
El proyecto original presentado por el chavismo y que estuvo vigente durante
algunos años mutó a un relato político de corte autoritario y antidemocrático. El
curso político del país devino de la democracia de partidos vigente hasta 1999
pasando por un periodo de “autoritarismo competitivo”, según la clasificación del
politólogo John Magdaleno, hasta desembocar en un régimen autocrático y
dictatorial con claras pretensiones totalitarias.
(IV) CAMINO A LA BARBARIE.
El primer momento del proceso político real. Desde la toma del poder por Hugo Chávez
el 02 de febrero de 1999 y hasta diciembre de 2006 se desarrolló en Venezuela un
proceso político turbulento, polarizado, violento y, al mismo tiempo, democrático en
tanto que la conflictividad, a pesar de las manifestaciones autoritarias, fue canalizada y
satisfecha electoralmente. Sólo en 1999 se celebraron tres eventos electorales. Dos
referéndums y la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. En todos ellos el
chavismo resultó victorioso, ganó la consulta para convocar o no a una Asamblea
Constituyente realizada el 25 de abril de ese año que ganó con el 88 % de los
sufragios, ganó las elecciones para elegir a los constituyentes donde la coalición
oficialista obtuvo el 65 % de los votos y la abstención alcanzo al 56 % de los
ciudadanos con derecho a participar. Este dato posiblemente sea el primer campanazo
que indique un sensible desacuerdo de la población con el estilo chavista de
relacionarse con la sociedad. El 15 de diciembre del año que comentamos en
referéndum consultivo los venezolanos dijeron si a la CRBV con 71 por ciento de
aprobación y una abstención de 55,63 por ciento. De estos datos estadísticos
obtenidos de Wikipedia pudiéramos extraer a manera de primera aproximación a una
interpretación política según la cual la conjunción de la indiferencia ciudadana con el
proceso político en marcha y la oposición al proyecto político de Chávez, aun en shock
por la derrota electoral de diciembre del 98, simbolizaban la punta del iceberg de la
conflictividad que marcó este primer momento de los largos 26 años del chavismo en el
poder.
El 30 de julio del año 2.000 continuó la pauta electoral para relegitimar los poderes
públicos e inaugurar la “Quinta República”. Las mega elección, que así fue bautizada
popularmente, para elegir presidente de la República, parlamento nacional y los
poderes estadales y municipales, concluyó con una victoria del Chávez con el 59,7 por
ciento de los votos contra el 37,5 por obtenido por el candidato de la coalición
opositora, un militar golpista del 4 F llamado Arias Cárdenas. Se registra una sensible
baja de la abstención al 43,69 % de los potenciales electores.
La marca del momento político que consideramos no es sólo electoral, sino, además
conflictiva y violenta. Como respuesta al estilo autoritario de gobernar y a la práctica
cuartelaria y militarista del gobierno en contraposición a la cultura civilista y beligerante
propia de la sociedad política y la historia reciente del país se da inicio a una serie de
protestas populares. Las tensiones tomaron cuerpo desde febrero mismo de 1999 con
la aparición del “Plan Bolívar 2000” dirigido por un General de las Fuerzas Armadas
Bolivarianas, Víctor Cruz Weffer y cuyo centro de operaciones fueron los cuarteles y no
los ministerios con competencia en desarrollo y programas sociales y menos aún las
gobernaciones, alcaldías y las ONG. El experimento, con enfoque y paternalista y
militarista con el cual se pretendió elevar la eficiencia y la eficacia que la burocracia
estatal no garantizaba no resistió la presencia crónica de la corrupción administrativa
en Venezuela. La percepción de la opinión pública sobre el carácter corrupto del plan y
sus ejecutantes resultó una verdad incontestable.
Las tensiones se elevan y la conflictividad se convierte en el rasgo principal del período
en discusión por la crisis económica de los años 2001 y 2002. La caída del ingreso
petrolero por la disminución de los precios del barril de petróleo, la reducción de la
producción debido a los recortes programados y acordados por la OPEP, la elevación
de las tasas de inflación (12,3 % en el 2001 y 31,2 % en el 2002), desempleo (16,2 %),
una caída del consumo privado de 5,9 %, según el BCV generaron un malestar
creciente en la población. La respuesta oficial a la situación económica descrita fue la
creación del Impuesto al Débito Bancario y la aprobación de 49 leyes habilitantes.
Estas políticas y medidas respondían a la crisis coyuntural y no a un plan para la
implantación y desarrollo del Socialismo del Siglo XXI. En el Plan de Desarrollo
Económico Social aprobado en el año 2001 no hay ninguna formulación ni indicios que
apunten a ese propósito. La finalidad expuesta en los documentos oficiales del
gobierno era una economía productiva que no rentista, diversificada que no mono
productiva, basada en la iniciativa privada y dejando al Estado centrado la industria
estratégica (petróleo y empresas básicas).
Lo que si es cierto es que las políticas del gobierno afectaron al sector productivo
industrial, comercial y agropecuario (expropiaciones de empresas privadas como
AGROISLEÑA, Electricidad de Caracas, CANTV, VENEPAL, Hato La Marqueseña,
entre otras), a trabajadores, empleados y ejecutivos de PDVSA, a periodistas y medios
de comunicación e, incluso, a padres y representantes de niños y adolescentes
escolares. Lo que produjo una reacción masiva de protestas y movilizaciones
populares. Dos de ellas tienen un carácter histórico trascendental. La marcha
ciudadana del 11 de abril de 2002 y el paro cívico y petrolero de diciembre 2002 a
febrero de 2003. La primera condujo a la renuncia de Hugo Chávez a la presidencia
como lo atestiguó su ministro de la Defensa, General en Jefe Lucas Rincón Romero.
Esa colosal protesta cívica reprimida brutalmente dejando un saldo de 19
manifestantes asesinados resultó frustrada en su objetivo, cuál era la rectificación de
las políticas oficiales, por el intento de golpe de Estado ejecutado por militares y civiles
bajo la conducción de Pedro Carmona, a la sazón presidente de la Federación de
Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS).
Es pertinente destacar que el liderazgo de las protestas del 2002 fue de la Central de
Trabajadores de Venezuela (CTV) y de FEDECAMARAS. Los partidos políticos de
oposición extrañamente abandonaron el rol dirigente que les corresponde dando pie
para que “aprendices de brujo” marcaron la pauta. El paro cívico de finales del 2002 y
el paro petrolero no lograron una rectificación de las políticas del gobierno, pero
sirvieron de excusas a Chávez para acentuar el autoritarismo del gobierno, la
militarización de la administración pública (ministerios, institutos autónomos y empresas
públicas conducidas por militares). Ya antes, en las elecciones para gobernadores de
Estado del 2000 varios militares son elegidos para las primeras magistraturas
estadales.
Hugo Chávez asume definitivamente la formula planteada por el sociólogo argentino
Norberto Ceresole. Caudillo, ejercito y pueblo. Las organizaciones de la sociedad civil
(sindicatos, gremios profesionales y las ONG) son combatidas y neutralizadas, los
gremios empresariales estigmatizados y la sociedad política arrinconada; sin
abandonar la política electoral y los procesos comiciales que le permiten presentar a la
“revolución” como democrática, avanza hacia la implantación de un régimen autocrático
y autoritario. Por eso se somete a un referéndum revocatorio promovido por la
oposición en el año 2004, no sin antes recurrir a prácticas represivas y
antidemocráticas como lo fue la persecución y el amedrantamiento a los ciudadanos
firmantes de la solicitud de referéndum revocatorio (la tristemente célebre lista Tascón).
El 15 de agosto del 2004 se realiza el referéndum revocatorio y Hugo Chávez es
ratificado con el 59 por ciento de los votos. Se reafirma y consolida el proyecto
chavista.
A partir de la abstención de las fuerzas políticas democráticas en las elecciones
parlamentarias del 04 de diciembre del año 2005 (craso error político) el partido de
gobierno controla absolutamente al parlamento nacional y este procede a la elección
del resto de los poderes públicos (TSJ, CNE y Poder Ciudadano). El MVR. Partido de
gobierno que gana unas elecciones donde se impone una abstención ciudadana de
casi el 75 por ciento de los electores, se convierte en una fuerza política dominante.
Todos los poderes concentrados en la figura del presidente. Así, se configura como un
régimen autocrático, autoritario, militarista y centralista. Hugo Chávez de presidente
democrático muta a autócrata, simplemente.
Segundo momento del proceso. Coincide con el inicio del nuevo periodo constitucional
en enero del 2007, una vez celebradas las elecciones presidenciales de 13 de
diciembre de 2006 que gana Chávez con el 62.89% de los votos. Se inicia con la
declaración expresa de Hugo Chávez de conducir al país hacia el Socialismo del Siglo
XXI, tal como se dispone en el ya citado “Proyecto Nacional Simón Bolívar” de
septiembre de 2007. Objetivo que procura convertir en principios y normas
constitucionales que en referéndum constitucional el pueblo venezolano derrotó, como
ha sido dicho.
En la práctica el socialismo pregonado por el gobierno, es decir, cambiar el “modo de
producción” capitalista se quedó en un ensayo fracasado de implantar un sistema
cooperativo de propiedad, la construcción de una red de Empresas de Producción
Social (EPS) que nunca se consolidó y la estatización de empresas privadas vía
expropiaciones y nacionalizaciones. Al final del día lo que se implantó en Venezuela no
es otra cosa que un capitalismo de Estado. Mas de un millar de empresas fueron
estatizadas, entre otras destacan SIDOR, la Electricidad de Caracas, Lácteos Los
Andes, Banco de Venezuela, minas de oro Las Cristinas (Crystalex), MONACA, todas
las cementeras, COMSIGUA, CARGIL, SIDETUR, Orinoco Iron y el sector privado
MATESI, treinta y dos campos petroleros de la Faja Petrolífera del Orinoco, las cadenas
de supermercados CADA y ÉXITO.
Con el ensayo de propiedad social arruinado y fracasado, unas mil empresas
estatizadas improductivas y el sector privado de la economía disminuido
(especialmente el manufacturero y la construcción) queda en evidencia no solo el
fracaso de la política económica del gobierno, sino que el socialismo como modo de
organización y distribución de bienes y servicio no existe en Venezuela. Repito, lo
predominante es un capitalismo de Estado. Hay que anotar, además, el despilfarro, la
irresponsabilidad y el manejo nada transparente de los recursos y los dineros públicos.
Basta con recordar la colosal renta petrolera recibida por los gobiernos de Chávez, el
crecimiento de la deuda externa que se elevó de 27 mil millones de dólares en el último
año del gobierno de Rafael Caldera a unos 110 mil millones de dólares en el año 2012
y la creación y manejo discrecional de una decena de Fondos parafiscales sobre los
cuales nunca hubo rendición de cuentas. Pero sólo el FONDEM manejó mas de 100 mil
millones de dólares americanos, agréguese el Fondo Conjunto Chino Venezolano, el
Fondo de Desarrollo China Venezuela, el Fondo de inversión con Siria, etc.
Un rasgo predominante en la etapa que analizamos es, como ya adelantamos, la
consolidación de un sistema político autoritario, autocrático, centralista y militarista.
Adicionalmente, asociado a grupos terroristas foráneos (FARC y ELN de Colombia)
que, por cierto, provocó. En ese entonces, estados de tensión con el Estado
colombiano.
Un lineamiento fundamental de la estrategia del régimen durante el mandato de
Chávez, contrariando la voluntad popular expresada en el referéndum constitucional del
año 2007, fue la construcción de del llamado Poder Popular. Con la aprobación de un
paquete de leyes para darle piso jurídico como, en efecto son, la Ley Orgánica del
Poder Popular, Ley Orgánica de la Contraloría Social, Ley Orgánica de los Consejos
Comunales, Ley Orgánica de las Comunas y Ley Orgánica del Consejo Federal de
Gobierno se inicia esta iniciativa. La siembra a todo lo largo y ancho del país de
consejos comunales pero no como organizaciones de base autónomas e
independientes, sino tuteladas por el partido-gobierno, esterilizadas como herramientas
de participación ciudadana e instrumentalizadas como mecanismos de control social y
político. Tamaña distorsión convirtió a la llamada “democracia participativa y
protagónica” en una pésima caricatura.
La represión se hizo presente nuevamente, el cierre de Radio Caracas Televisión,
cierre de radio emisoras privadas, persecución a periodistas y acoso a los medios de
comunicación social y las inhabilitaciones al liderazgo político opositor son, entre otras,
claras manifestaciones de la represión autoritaria e ilegal.
En conclusión, este segundo momento del proceso que consideramos, a pesar de un
inicio hegemónico, marca al final una clara tendencia a la pérdida de viabilidad del
proyecto político chavista, de agotamiento del discurso político y a abandonar la vía
democrática y privilegiar el autocratismo, el militarismo y el autoritarismo. Mas aún, a
pesar de la victoria electoral de Hugo Chávez el 07 de octubre de 2012 se registran
datos según los cuales el gobierno y su proyecto ya no cuentan con el consenso
necesario para impulsar un cambio político como el ofertado en su mejor momento.
El tercer momento es el de la debacle. Se extiende desde el año 2013 hasta la
presente fecha (diciembre de 2025). En las elecciones presidenciales celebradas el 14
de abril de ese año, debido a la vacante absoluta provocada por el fallecimiento del
presidente Chávez quien había sido reelecto en el 2012, resultó elegido Nicolás
Maduro con el 50,93% de los sufragios emitidos derrotando al líder y candidato de la
oposición, Henrique Capriles Radonski, que obtuvo el 49,07% de los votos, según el
CNE, de dudosa imparcialidad. En las elecciones parlamentarias del 2015 el chavismo
sufrió una derrota de gran magnitud ya que las fuerzas políticas democráticas ganaron
las dos terceras partes de los curules de la Asamblea Nacional al triunfar en la mayoría
de las entidades federales y circuitos electorales. La victoria electoral de la oposición
fue burlada fraudulentamente a través de sentencias arbitrarias del TSJ. Pero ese tema
y la gestión de la mayoría parlamentaria, incluyendo la designación de un gobierno
interino y el desempeño de éste ultimo es materia de una reflexión distinta en
elaboración. Las cifras de los resultados electorales son reveladoras de la tendencia a
la perdida de consenso del chavismo y del alejamiento paulatino de su otrora fiel base
social de apoyo. 37 por ciento de votos obtuvo el oficialismo y 45,3 por ciento la
oposición democrática.
El ciclo político de dominación chavista ha colapsado y es absolutamente inviable,
independientemente del tiempo que dure su agonía final. Esta afirmación no es
caprichosa, responde a la constatación de que tanto el gobierno de Nicolas Maduro
como el conjunto del sistema político institucional establecido es ilegitimo. Ilegitimidad
de origen y de desempeño como demostraremos a continuación.
Al primer año de gobierno, en febrero del 2014 desató una brutal represión contra las
protestas populares dejando un saldo fatal de 43 jóvenes asesinados en las calles y
decenas de detenciones arbitrarias. Según el informe Bachelet del 05 de julio del año
2019 sobre las violaciones a los derechos humanos en el país se registra y documenta
6.800 ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por las Fuerzas de Acción Especial
(FAES) entre enero del 2008 y mayo de 2019; en una estrategia dirigida a a
“neutralizar” a la oposición el mencionado informe registra detenciones arbitrarias,
torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas y criminalización de la oposición;
informa sobre la crisis humanitaria expresada en escasez de alimentos y medicinas y
una migración masiva de venezolanos.
En ese mismo orden de ideas, la Misión Internacional Independiente de Determinación
de los Hechos en Venezuela creada por el Consejo de los Derechos Humanos de la
ONU en seis informes anuales (el ultimo de ellos fechado el 19 de septiembre de 2024)
sobre este asunto documenta graves violaciones a los DD. HH y crímenes de lesa
humanidad. Represión sistemática contra periodistas, activistas defensores de los
derechos humanos y activistas y dirigentes políticos; detenciones arbitrarias (incluidos
158 menores de edad) sin el debido proceso y desapariciones forzadas.
Estos hechos, más el desconocimiento fraudulento de la voluntad popular expresada
inequívocamente en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año 2024 ganadas
por Edmundo González Urrutia, son manifestaciones claras e incontestables de la
ilegitimidad de origen y desempeño no solo del gobierno, sino de todo el entramado
“institucional” que conforman el Poder Publico Nacional. En la componenda, violatoria
del artículo 5 constitucional participaron, en comandita, el gobierno, el CNE, el TSJ y la
Fiscalía General de la Republica.
El colapso que consideramos tiene en el ámbito de la economía un desarrollo
irreversible, Desde la prolongada recesión iniciada en el 2013 y prolongada hasta el
2019 que supuso una contracción económica por el orden del 75 %, según todas las
fuentes consultadas, y una hiper inflación acumulada durante los años 2017 y 2021 de
144.163 % , generando como consecuencia una profunda crisis humanitaria compleja
que se extiende hasta nuestros días, la profundización del flagelo de la pobreza según
la encuesta ENCOVI 2024, escasez y desabastecimiento de alimentos y medicamentos
durante los años 2016 y 2019, ambos inclusive, además, provocando, conjuntamente
con la represión, la migración de casi 9 millones de venezolanos, un tercio de la
población. Según el economista Manuel Southerland la devaluación del bolívar durante
el año 2025 ronda por el 420 %, sin considerar la brecha cambiaria, por lo cual es
presumible, agregamos nosotros, que pueda desatarse una nueva hiperinflación en el
país. Un contexto económico que habla del irreversible quiebre del modelo económico
social chavista que lamentablemente arrastra a la Nación entera.
El aislamiento internacional del régimen. Salvo excepciones, los países de América
Latina desconocen a Maduro como presidente legítimo; organismos internacionales
como la ONU, OEA, CIDH y la CPI han hecho observaciones, criticas y abierto
averiguaciones sobre el desempeño del gobierno por las prácticas fraudulentas,
violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que ha cometido.
Su principal herramienta de política exterior, el ALBA, es de un futuro incierto dados los
cambios políticos en el continente y el pretendido ingreso al MERCOSUR y a los
BRICS naufragó rotundamente. Las sanciones de los EE. UU y la UE y la amenaza
militar del gobierno Trump que ha calificado al régimen de narcotraficante y terrorista
amenazan severamente la estabilidad política de un gobierno rechazado por mas del
80 por ciento de los venezolanos.
Una variable determinante del colapso es la posibilidad cierta de una implosión
provocada por la fractura interna de los factores que lo sostienen. La FANB, por
ejemplo, que si bien es verdad que buena parte de sus oficiales han sido cooptados por
el régimen, vía sobornos y otros mecanismos corruptos y, a pesar, del espionaje que
sobre ellos ejerce la inteligencia cubana y cuerpos represivos del régimen , también es
cierto que la mayoría de sus cuadros medios son testigos de excepción del fraude
electoral del 28 de julio en tanto que estuvieron presentes en las mesas de votación,
presenciaron los escrutinios, trasladaron y salvaguardaron las actas de votación y las
cajas contentivas de las boletas de votación. En cada uno de ellos hay un conflicto
interno entre los valores éticos y morales y la debida obediencia a una jerarquía
inescrupulosa.
En conclusión, lo que una vez fue un sueño utópico concluye penosamente en una
barbarie, Un estrepitoso naufragio que los jefes políticos del chavismo se rehúsan
vanamente admitir. Pero es inútil todo esfuerzo por rescatarlo, el hundimiento del
proyecto es irreversible y con él muere un ciclo político. Cuando y de qué modo
concreto se consuma el hecho escapa a un análisis realista. Lo cierto es que
Venezuela está por entrar en un nuevo ciclo político que aspiramos sea democrático y
de justicia. Sobre los términos de la transición trabajamos para una próxima entrega.
Ciudad Guayana, diciembre de 2025.
