En Venezuela no hay precedentes de una amnistía de este tipo que, en teoría, extinguiría los procesos penales y responsabilidades de aquellos detenidos e imputados por razones políticas. Delcy Rodríguez espera sea aprobada la primera semana de febrero y, aunque beneficiaría en primer momento a todos los detenidos por razones políticas, se desconocen los alcances reales de la normativa y si tendrá efectos en la represión que, según han denunciado organismos internacionales, ejerce la administración chavista contra opositores o aquellos que perciba como tales
Delcy Rodríguez anunció este viernes 30 una «ley de amnistía general» y ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, que discuta y apruebe la normativa «para favorecer la convivencia en Venezuela». También ordenó el cierre del Helicoide, una dependencia del Sebin que ha sido denominada como «centro de torturas» por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos.
«Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela», expresó Rodríguez durante la apertura del año judicial, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Si bien la ley de amnistía, que Rodríguez dijo abarcará sucesos desde 1999 y espera sea aprobada la primera semana de febrero, beneficiaría en primer momento a todos los detenidos por razones políticas, se desconocen los alcances reales de la normativa y si tendrá efectos en la represión que, según han denunciado organismos internacionales, ejerce la administración chavista contra opositores o aquellos que percibe como tales.
«Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto», dijo la funcionaria, quien también señaló que la decisión ya había sido discutida con Nicolás Maduro antes del 3 de enero, fecha de su captura por parte de fuerzas militares estadounidenses. Sobre el cierre del Helicoide, indicó que se convertirá en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.
El gobierno de Donald Trump, quien ha afirmado tener el «control total» de las operaciones de crudo venezolano y otros aspectos, ha presionado a la administración Rodríguez por la liberación de presos políticos. En una comparecencia ante el Senado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que parte del proceso de «transición» en el país pasa por la liberación de detenidos por motivos políticos.
«Parte de ello es la liberación de presos políticos, que según algunos cálculos ascienden a 2.000. Los están liberando. Lo están haciendo probablemente con más lentitud de lo que me gustaría, pero los están liberando. Y, de hecho, se está empezando a ver cómo algunas de las personas liberadas comienzan a expresarse y a participar en la vida política del país. Nos queda un largo camino por recorrer», expresó Rubio.
El pasado 27 de enero, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó un proyecto de ley de amnistía –compuesto por 12 artículos– para beneficiar a todos los presos políticos con «libertad plena», así como el diseño de mecanismos para evitar la repetición de persecución política y graves violaciones de derechos humanos en el país.
Desde el pasado 8 de enero se adelanta un proceso de excarcelaciones, anunciado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la encargada en funciones del Ejecutivo venezolano. Las cifras dentro del propio oficialismo son dispares.
Mientras el ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó que se habían excarcelado a 808 personas desde diciembre hasta el lunes 26 de enero, dos días después, en una entrevista para un medio colombiano, el fiscal general Tarek William Saab aseguró que se habían otorgado 643 medidas cautelares.
*Lea también: Fiscal Saab desestima publicar listado de excarcelados: Se han otorgado 643 medidas
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos cifran en 302 la cifra total de excarcelados desde el pasado 8 de enero. Estas personas salen con prohibiciones de dar declaraciones a los medios, uso de redes sociales y presentación periódica en tribunales. Familiares se mantienen en vigilia a las afueras de varios lugares de reclusión, exigiendo a las autoridades liberaciones plenas de todos los detenidos por razones políticas.
En Venezuela no hay precedentes de una amnistía de este tipo que, en teoría, extinguiría los procesos penales y responsabilidades de aquellos detenidos e imputados por razones políticas. En 2020, Nicolás Maduro otorgó un indulto presidencial que benefició a 110 personas, entre ellos parte del equipo de Juan Guaidó, quien era reconocido como presidente interino por parte de la comunidad internacional.
A pesar de la existencia de una lista, diversas ONG denunciaron que no todos los beneficiados estaban detenidos por razones políticas, y también se incluyó a personas que se encontraban en libertad bajo medidas cautelares.
El Foro Penal ha contabilizado 18.824 detenciones por motivos políticos desde 2014 hasta la fecha, y ha asistido a más de 14.000 que han sido excarceladas. También señaló que más de 11.000 personas aún están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
tal cual
