La alimentación, la salud, los servicios públicos y la educación son derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se niegan a los waraos en sus propias tierras
Desde los años 60, los indígenas de la etnia Warao han salido de sus caños, en Delta Amacuro, buscando mejores condiciones de vida. Sin embargo, la transición de los hombres de agua a ciudades asfaltadas y urbanizadas no ha asegurado el respeto a sus derechos humanos más esenciales, ni una garantía de vida digna.
En los caños del Delta vivían de la pesca, la recolección de alimentos y la palma de moriche. En tierra firme, sobreviven en construcciones precarias, sin servicios de calidad y expuestos a trabajos mal remunerados o que vulneran aún más su condición.
En la comunidad 23 de febrero, ubicada en el municipio Tucupita, capital de Delta Amacuro, el acceso a las casas es por un camino de tierra. Las viviendas son construidas con materiales como zinc o madera y carecen de servicios básicos de forma corriente.
En muchos casos los waraos deben cocinar sus alimentos en fogones o fogatas de leña
“Señores… ¡Existimos! ¡Aquí estamos! En cuanto a derechos humanos, estamos prácticamente desasistidos, desamparados, teniendo aún esa Ley de Comunidades Indígenas”, expresa Alfonzo Campero, uno de los habitantes más antiguos de esta comunidad, como mensaje a las autoridades del Estado.
Insiste en que de nada ha servido movilizarse a la capital de Delta Amacuro, porque a pesar de que tienen hospitales y centros de Diagnóstico Integral, estos espacios no tienen insumos para atender de cuidados básicos o cuidados intensivos, en caso de alguna emergencia.
“Es más de lo mismo. Si tenemos una enfermedad o emergencia, acudimos al hospital y lo que te dan es el récipe. ¿Cuántos waraos no han muerto porque no hay medicinas?”, lamenta.
Campero se quejó de la carencia de medicamentos
Según el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
Esto se amplía de forma más marcada con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece que los Estados deben adoptar medidas especiales para que mejoren las condiciones económicas y sociales. “Entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social”, puntualiza.
En Venezuela, la realidad es otra. World Justice Proyecta evalúa a Venezuela como el peor país en Estado de Derecho: de un total de 142, lo ubica en el puesto 132, cuando se habla de garantías fundamentales. Esto lo viven las comunidades indígenas y ha sido documentado por organizaciones internacionales.
En agosto de 2024, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó a Venezuela intensificar los esfuerzos para eliminar la discriminación institucional y racial contra los pueblos indígenas.
“El Comité subrayó las altas tasas de deserción escolar y la falta de maestros calificados en las escuelas, principalmente en las zonas donde habitan estos pueblos”, destaca la nota. “Además, manifestó preocupación por las limitaciones que encaran los pueblos indígenas para acceder a servicios de salud de calidad y culturalmente apropiados, al igual que los obstáculos para su acceso al mercado laboral”.
Expuestos a la basura y alejados de las aulas
Los derechos humanos de los waraos permanecen en papel, pero no en políticas dirigidas al beneficio de esta etnia, así lo denuncian miembros de las comunidades más vulnerables de Bolívar, estado al que llegaron en los años 90.
En el municipio Caroní, del estado Bolívar, los waraos padecen iguales o mayores penurias que en el Delta. No tienen acceso a agua potable, la educación es deficiente y no cuentan con acceso a trabajos dignos, lo que los lleva a depender de un vertedero municipal de basura llamado Cañaveral.
En el vertedero Cañaveral los waraos buscan en la basura para subsistir
En este espacio, niños y adultos, waraos y no indígenas, se adentran en la basura para recolectar y vender plástico, cobre y aluminio a empresas recicladoras, lo que a su vez aleja a los más pequeños de los salones de clases.
La educación en el vertedero no existe, aunque es otro de los derechos humanos establecidos por las Naciones Unidas. “Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma”, establece en la declaración de los pueblos indígenas, en su artículo 14.
En el vertedero, los niños desde los siete años se camuflan entre la basura para ayudar a sus familias. Un joven warao de 19 años, que prefirió mantener su nombre bajo reserva, llegó hace cinco años a Caroní. Dejó de estudiar en cuarto grado, cuando la necesidad de alimentos lo empujó a trabajar en condiciones insalubres y peligrosas para su salud.
“Aquí en el vertedero uno trabaja con la basura. Aquí uno consigue lo que uno necesita. Yo me vine de los caños porque no tenía ropa, allá ni rial consigue”, declaró.
Sin embargo, las ventajas económicas de la recolección representan otros problemas en materia de salud. Anny Alcázar, madre warao habitante de la comunidad de Cambalache, estuvo tres meses en el vertedero, de donde sacaba comida para su hijo de dos años, hasta que le aparecieron llagas en la piel al niño y tuvo que salir del lugar.
Una mujer se prepara para cocinar en la comunidad warao de Cambalache
Alcázar, como pudo, trató las lesiones con “un monte”, cloro y detergente en polvo, debido a que no tenía dinero para movilizar a su hijo al hospital, pagar un pediatra ni costear exámenes médicos o tratamiento.
“Aquí no vienen alcaldes, aquí no viene el gobernador; cuando llegan votaciones, ahí es que vienen ellos”, expresa Antonio Valenzuela, un warao que vive hace 24 años en la comunidad de Cambalache.
La comunidad warao de Cambalache es una zona a orillas del vasto río Orinoco, pero sin acceso a agua potable corriente en las viviendas. La carencia de este servicio mantiene a las familias expuestas a problemas de salud, sobre todo a los más vulnerables.
A principios de 2020, tres niños indígenas murieron luego de sufrir cuadros de vómito y diarrea. Familiares señalaban que los decesos ocurrieron tras ingerir agua directamente del río sin ningún tipo de potabilización. Los menores mueren, incluso, sin ser presentados en el registro civil.
En Cambalache, niños y adultos consumen agua cruda ante la carencia de infraestructura para recibir el servicio
Las promesas que los políticos hacen a la comunidad para asegurar los votos quedan en el olvido una vez que asumen el poder. “Aquí nos tienen engañados, las calles están mal, no hay viviendas, no hay escuelas buenas”, lamentó Valenzuela.
Sin ser incluidos en la sociedad
Pese a que en Delta Amacuro habitan 48771 waraos, de acuerdo con el último censo nacional realizado en 2011, en esta entidad no se han generado políticas estructurales que permitan la inclusión de la etnia en su totalidad.
“Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas”, destaca la Declaración de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. “Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad”.
Pero en las ciudades, las limitaciones del lenguaje, el analfabetismo y la falta de políticas inclusivas deja a los waraos rezagados.
Los trámites en la ciudad se dificultan para personas mayores de la etnia Warao
De acuerdo con Euclimar Palacios, habitante de la comunidad El Moriche y educadora warao, entidades y organismos públicos muchas veces no cuentan con personal que hable la lengua warao y ni ofrecen atención especializada, lo que dificulta los procesos en la mayoría de las instituciones públicas y privadas.
Esto ocurre cuando necesitan atención médica en un hospital, hacer una diligencia en instituciones como el Saime, abrir una cuenta bancaria o solicitar información en la alcaldía del Delta.
Si no cuentan con un familiar que los oriente o hable español, llegan a las instalaciones sin saber cómo explicar el objetivo de su viaje que, en la mayoría de ocasiones, requiere de horas o días a canalete desde sus territorios ancestrales.
Una población vulnerable
El informe anual de Provea 2023 asegura que uno de los estados venezolanos con mayor número de denuncias de «trata de personas» es Delta Amacuro, como consecuencia de su ubicación estratégica. La población más afectada es la warao.
Citando a FundaRedes en su informe, Provea sostiene que en territorio deltano se favorece el tráfico de menores hacia Trinidad y Tobago. Allí, «mafias de delincuentes las explotan, las despojan de su documentación y se ven obligadas a servir de carnada para un gran comercio humano».
Niños waraos están expuestos a graves peligros en los caños
El documento firmado por Provea presume la condescendencia de algunos órganos de seguridad asentados en la región, a pesar de lo expresado en el artículo 7 de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, según el cual «los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo».
Sumado a lo anterior, cabe recordar que la legislación venezolana establece que «el Estado velará por la protección integral del indígena».
Migración creciente
A buena parte de la población no le ha quedado otra opción que huir ante la falta de garantías. En 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), estimaba que habían al menos 7 mil waraos desplazados en Brasil, huyendo del hambre, la desnutrición y enfermedades como el VIH. Fue tan alto el éxodo, que los waraos representaban el 67% de todos los indígenas venezolanos en Brasil.
Los waraos son la etnia venezolana con mayor población en Brasil
Migrantes waraos entrevistados por este medio han reportado mejoras al tener acceso a alimentación, atención médica y salud; sin embargo, la violación de derechos humanos sigue afectando a la población, incluso fuera de esas fronteras.
Una defensora de derechos indígenas de la etnia warao manifestó que en Brasil los waraos han sido recluidos en refugios, pero no se les han brindado herramientas para tener una vida independiente, de acuerdo con sus costumbres y tradiciones.
“Se supone que los albergues deberían ser un lugar de paso, especialmente para que la gente no se encuentre en situación de calle. No obstante, los abrigos se han convertido en espacios de dependencia, incluso el índice de alcoholismo ha aumentado por el régimen carcelario de algunos de estos espacios, con horarios de entrada y salida, comida precaria y prohibición de visitas”, señalaba Provea en un reportaje.
Hasta ahora, la migración a Brasil no se ha detenido, ni la situación de vida en el Delta ha mejorado. Los Waraos siguen sobreviviendo a una emergencia humanitaria compleja que vulnera sus vidas y la supervivencia de la etnia.
CORREO DEL CARONI
