Comienza la segunda etapa del plan de tres fases para la transición en Venezuela elaborado por Estados Unidos. La reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, promulgada este jueves en Caracas, y la Licencia General 46, emitida desde Washington en paralelo, evidencian que las condiciones y el ritmo de los cambios se dictan desde el norte
Desde 2006, cuando se aprobó inicialmente la Ley Orgánica de Hidrocarburos que fue reformada este jueves, el petróleo venezolano se convirtió en una herramienta política para comprar respaldo internacional con los llamado «petrodólares». (PanAm Post)
En tiempo récord y por unanimidad se aprobó este jueves en la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permite dejar atrás la política petrolera estatista impulsada por Hugo Chávez en 2006 para pasar a un modelo que prioriza la inversión y operatividad privada, en el marco del acuerdo con Estados Unidos, que espera recibir entre 30 y 50 millones de barriles bajo la tutela del presidente Donald Trump, quien sostuvo hace un par de semanas una reunión en la Casa Blanca con los altos ejecutivos de las principales petroleras para motivarlos a invertir unos 100.000 millones de dólares en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero. Luego de la sanción en el Legislativo, Delcy Rodríguez, encargada de la Presidencia, procedió a la promulgación definitiva al estampar su firma sin perder tiempo. En paralelo, desde Washington se emitía una licencia general que levanta algunas sanciones al petróleo venezolano para dar paso a la segunda fase de la transición: la recuperación económica.
La retórica ideológica de Delcy Rodríguez pasó a segundo plano este jueves frente a las novedades que evidencian el tutelaje que mantiene la Casa Blanca sobre Miraflores. Además de confirmar sus contactos con el presidente Donald Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio, la heredera de los restos del chavismo demostró que la cooperación con Washington avanza sin inconvenientes y con la prisa que se exige desde el norte. Más allá de los análisis sobre quién mueve los hilos del poder, lo importante es que todas las noticias son positivas. Desde la decisión de reabrir el espacio aéreo comercial hasta la adopción de un modelo de libre mercado en la industria petrolera, aunque no haya sido por el reconocimiento del fracaso de más de dos décadas de una gestión que prometía «socialismo o muerte» y que solo aprovechó el principal recurso natural del país como herramienta política para comprar respaldo internacional con los llamados «petrodólares»
Ahora las cosas se hacen de otra manera. La prioridad ya no es ideológica sino financiera. Solo de esta forma será posible garantizar la estabilización política y la recuperación económica, que constituyen las dos primera etapas del plan de transición de tres fases presentado por Marco Rubio. La última etapa será sin duda la más compleja. El régimen intentará ganar tiempo para evitar perder el poder. Sin embargo, la determinación mostrada hasta el momento por el Gobierno estadounidense le augura poco éxito a la repetida estrategia oficialista. Al revisar en detalle la recién reformada Ley Orgánica de Hidrocarburos y la nueva Licencia General 46 se evidencia que las condiciones se han impuesto desde Washington sin posibilidad de reparos en Caracas.
Condiciones del norte sin reparos
El instrumento jurídico modificado este jueves en la Asamblea Nacional abre amplios espacios a la participación privada tanto para la gestión operativa como para la comercialización, que se reservaban mayoritariamente al Estado. En ese mismo orden de ideas, se reducen a la mitad las regalías, pudiendo llegar a ser hasta de 15 %, y se ofrece mayor seguridad jurídica al permitir que los conflictos puedan ser resueltos «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes».
Por su parte, la Licencia General 46, que se emitió en paralelo, evidencia que desde Washington estaban al tanto de lo que se aprobaba en la capital venezolana. La decisión anunciada por el Departamento del Tesoro constituye un permiso más generalizado, en comparación con la licencia individual que le ha permitido a Chevron mantener sus operaciones en Venezuela, pero en este caso con condiciones y prohibiciones bastante específicas: se autorizan ciertas transacciones y exportaciones por parte de entidades estadounidenses, los pagos deberán hacerse en una cuenta bancaria controlada por EEUU, los contratos se regirán por las leyes de la potencia norteamericana y las disputa deberán resolverse en ese país. Y adicionalmente, se prohíben canjes de deuda, pagos en oro o transacciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.
Si la excarcelación de presos políticos y todas estas condiciones –tanto las incluidas en la nueva licencia como las incorporadas en la reformada ley– no fueron decisiones totalmente impuestas por Estados Unidos, entonces pronto los dirigentes que quedaron al frente del remanente del chavismo podrían declararse más anarcocapitalista que el presidente argentino, Javier Milei, y para asombro de todos terminarían incluyendo entre sus consignas el grito libertario: «¡Viva la libertad, carajo!».
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