Una exministra del sistema penitenciario, una fiscal que impulsó casos contra presos políticos o un exmagistrado del TSJ en el exilio figuran entre los candidatos a fiscal general y defensor del pueblo. 14 personas se postularon para ambos cargos, pese a que tienen competencias y atribuciones constitucionales distintas, según una base de datos agrupada por el ciberactivista Giuseppe Gangi
El Comité de Evaluación de Postulaciones de la Asamblea Nacional publicó este lunes 16 las listas de candidatos postulados a los cargos de fiscal general y defensor del pueblo. Un total de 134 personas, entre ellos ex ministros o actuales funcionarios, fueron admitidas por los diputados.
14 personas se postularon para ambos cargos, pese a que tienen competencias y atribuciones constitucionales distintas, según una base de datos agrupada por el ciberactivista Giuseppe Gangi. Otros 16 han participado en las últimas elecciones convocadas para gobernadores, asambleas legislativas y jueces de paz.
Hay personas como Edgar Fuenmayor, Gabriel Guerrero y Tomás Aguilera que entran en esos dos ámbitos. Además de la doble postulación, también ha participado para ser electos como jueces de paz en Miranda (Fuenmayor) o Monagas (Aguilera). En el caso de Guerrero, de 50 años, fue la opción del PSUV y el Gran Polo Patriótico como diputado regional.
Datos recopilados por ciberactivista Giuseppe Gangi
Entre los nombres para Defensor del Pueblo destacan el del actual ministro de Cultura, Ernesto Villegas Poljak, quien además coordina el Programa Nacional para la Paz y la Convivencia, instalado por Delcy Rodríguez tras el ataque militar de Estados Unidos en enero.
Aspiran a defensor del pueblo el político Enrique Ochoa Antich, miembro fundador del Movimiento al Socialismo (MAS), el vicerrector de Postgrado de la Universidad Santa Rosa, Pedro Natera Piñerua, o la exministra de Servicio Penitenciario Mirelys Contreras, quien estuvo en el cargo entre los años 2017-2018 y 2020-2023. Su gestión fue señalada por denuncias de violaciones de derechos humanos, falta de control en los recintos carcelarios y permisividad para el florecimiento de estructuras criminales dentro de las prisiones.
También figuran el embajador Julio César Pineda, quien retiró su candidatura a gobernador de la Guayana Esequiba, o el activista Antonio González Plessman, parte del colectivo Surgentes y esposo de Martha Lía Grajales, quien estuvo detenida por razones políticas.
Entre los postulados admitidos a la Fiscalía General de la República hay nombres que resaltan, entre ellos de Larry Devoe, quien aspira mantener el cargo que actualmente ocupa como “encargado” desde el pasado 25 de febrero, tras la renuncia de Tarek William Saab.
Abogados como Joel han señalado una contradicción en su caso que lo descalificaría: Devoe fue agente del Estado venezolano ante la OEA y la ONU. «Su rol ha sido defender las políticas del Ejecutivo. Pasar de ser el «abogado defensor» del Gobierno a Fiscal General representa un conflicto de intereses insalvable que anula la imparcialidad objetiva», ha dicho.
Al cargo también postularon y fueron admitidos los abogados Adriana Meaño Díaz, Minerva Thaís Balza y Ramon Eduardo Meneses. En el caso de Balza, en 2017 –cuando Tarek William Saab asumió la Fiscalía– fue nombrada subdirectora en la Dirección contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y en 2024 se postuló como fiscal general.
En la terna además fue admitida Dinora Joselin Bustamante Puerta, exfiscal 83 nacional provisoria con competencia en legitimación de capitales y quien ha llevado decenas de casos políticos, como el de Roberto Marrero, Frank Cabaña, Juan Requesens o Fernando Albán. Ha sido sancionada por la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos.
Asimismo, fueron tomados en cuenta dos personas vinculadas al Tribunal Supremo de Justicia: el abogado Ricardo Mojica, hermano del exmagistrado Danilo Mojica Monsalvo, y Ángel Zerpa Aponte, quien estuvo vinculado al TSJ en el exilio nombrado por la Asamblea Nacional en el año 2017.
Zerpa Aponte, quien estuvo encarcelado durante varios meses en 2017, también es recordado como el juez que llevó el caso de la activista feminista y abogada Linda Loaiza López. Su denuncia fue llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la revictimización y constantes violaciones al debido proceso que permitieron la libertad de su agresor.
Organizaciones de la sociedad civil han exigido al Comité parlamentario que se elabore y publique el baremo para ambos cargos. Acceso a la Justicia ha explicado que «su utilidad principal es determinar quiénes están mejor capacitados, evitando que la selección dependa de inclinaciones personales. Para la elección del fiscal general y del defensor del pueblo en Venezuela, la aplicación de un baremo permite que la evaluación se centre en el mérito y la idoneidad de los postulados, en lugar de en consideraciones políticas».
Por su parte la exdiputada y presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, recordó que este listado de postulados no proviene de un comité de postulaciones del Poder Ciudadano, convocado por el Consejo Moral Republicano, como establece la Constitución.
«Ese comité debe realizar un proceso público de evaluación del cual surja una terna por cada cargo, que posteriormente se somete a la consideración de la Asamblea Nacional. Solo a partir de esas ternas la Asamblea Nacional puede escoger a los titulares correspondientes, mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes», explicó.
Este mecanismo es la garantía de transparencia, participación ciudadana e independencia institucional, dijo Solórzano. «Por eso preocupa que el procedimiento que actualmente se está llevando a cabo no esté respetando plenamente ese esquema constitucional. Nuestro interés es que esta nueva etapa del país se desarrolle de la mejor manera posible y que podamos avanzar efectivamente hacia las tres etapas que deben conducir a la transición democrática».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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