El funcionario tiene 62 años de edad y está recluido en el Rodeo I
Maryuri Trejo, hija del funcionario policial José Gregorio Trejo Figueredo, detenido por motivos políticos, se presentó ante la Embajada de Estados Unidos en Caracas este lunes 23 de marzo para consignar documentos y solicitar la intervención internacional en el caso de su padre.
La acción busca denunciar las irregularidades que mantienen al efectivo policial privado de libertad sin una resolución judicial clara.
La hija del funcionario de la policía del estado Apure detalló que su padre tiene 62 años de edad y se encuentra recluido en el centro penitenciario Rodeo I, en el estado Miranda. Trejo denunció que, tras más de dos años de detención, el proceso legal se encuentra paralizado, lo que afecta gravemente sus derechos fundamentales.
La denuncia se dio a conocer a través de un video publicado en la cuenta de X de la periodista Beatriz Adrián, en el que se exponen las violaciones al debido proceso y el estado de «limbo jurídico» que mantiene al funcionario tras las rejas sin que se le haya iniciado un juicio previo.
Proceso estancado
Trejo Figueredo fue detenido en febrero de 2024 y enfrenta cargos por la presunta comisión de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y favorecimiento bélico. Sin embargo, su familia sostiene que no existen pruebas que sustenten tales acusaciones y que el proceso no ha avanzado ni un solo paso en más de dos años.
«Venimos a consignar una solicitud, un documento para la revisión del caso de mi papá. Han pasado dos años y un mes y no se le ha realizado nada, no se le ha aperturado nada», afirmó Margari Trejo a las afueras de la sede diplomática.
Violación del debido proceso
La preocupación de los familiares radica en la edad del detenido y el deterioro de su situación legal. Según explican, han agotado las instancias nacionales, incluyendo la comisión de amnistía, sin obtener respuestas claras o soluciones efectivas.
La defensa argumenta que ya corresponde el decaimiento de la medida de coerción, dado que el tiempo de detención sin juicio ha superado los límites legales.
«Solicitamos la celeridad en el asunto, la atención; el debido proceso que se le ha violentado. Ya le corresponde el decaimiento de la medida, porque no se le ha celebrado ningún acto, no se le ha dado apertura a juicio y entonces están allí en el limbo», denunció.
El llamado a la comunidad internacional
La decisión de acudir a la Embajada de Estados Unidos surge como un último recurso para visibilizar la falta de elementos de convicción en el expediente y la supuesta fabricación de pruebas por parte de los cuerpos de investigación.
Los familiares esperan que la presión diplomática o el registro del caso por organismos internacionales obligue a las autoridades venezolanas a cumplir con los lapsos procesales.
«Esperamos una respuesta favorable, una respuesta satisfactoria, que nos quite ya todo este tiempo de espera y de sufrimiento que hemos tenido. No hay pruebas, no hay elementos de convicción; es como una historia holística del investigador», concluyó Trejo.
EFECTO COCUYO
