Las organizaciones documentaron que el Estado instrumentaliza la libertad de los detenidos para obtener legitimidad externa, sin abordar las fallas estructurales del sistema de justicia
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), con el apoyo de Alerta Venezuela, denunció que el Estado venezolano perfeccionó un sistema de control social que utiliza la arbitrariedad procesal para neutralizar a la disidencia.
El informe titulado «El balance de la arbitrariedad (2014-2026)» revela que, a pesar de la Ley de Amnistía promulgada en febrero de 2026, persiste una población de 689 detenidos en prisiones por motivos políticos al 16 de marzo de este año.
La ONG sostiene que el gobierno ejecuta una estrategia de «puerta giratoria», en la que las liberaciones mediáticas solo sirven para mitigar la presión internacional mientras nuevas oleadas de arrestos mantienen estable el censo de detenidos.
La investigación, presentada este 20 de marzo en su página web, un mes desde que se promulgó la Ley de Amnistía, identifica que la normativa de esa legislación opera como un instrumento de gestión política diseñado para mantener vigentes las estructuras de persecución sistémica.
Las organizaciones documentaron que el Estado instrumentaliza la libertad de los detenidos para obtener legitimidad externa, sin abordar las fallas estructurales del sistema de justicia ni garantizar la reparación integral de las víctimas, y enfatizan que «mientras existan celdas ocupadas por víctimas de persecución por razones políticas, la libertad será una fachada», se lee.
El balance expone que el 39,76% de los presos políticos reportan haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros de reclusión como Ramo Verde y El Rodeo I, en el estado Miranda. Además, la ONG detectó un subregistro masivo de casos generado por el temor de las familias a las represalias y la aplicación del patrón Sippenhaft, un concepto mediante el cual el Estado castiga al entorno familiar de los perseguidos para fracturar su núcleo afectivo y que en Venezuela se ha registrado desde 2019, incluso organismos internacionales lo han documentado.
El estancamiento de las cifras y la exclusión de presos históricos
efecto cocuyo
