El proyecto de ley presentado por la presidencia encargada busca liquidar 27 años de conflictividad política mediante un perdón masivo que abarca desde 1999 hasta 2026. Aunque promete vaciar las cárceles de conciencia, la letra chiquita sobre la corrupción y la exclusión de «delitos de odio» mal interpretados levanta sospechas sobre una maniobra para garantizar la supervivencia de la estructura chavista bajo una nueva fachada de normalidad ante Washington
Familiares de presos políticos participan en una protesta frente al Palacio de Justicia este jueves, en Caracas. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Este jueves, el Palacio Federal Legislativo se convirtió en el escenario de una de las puestas en escena más determinantes de la era post-Maduro. El proyecto de Ley de Amnistía, Reconciliación y Reencuentro Nacional, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, no es solo un documento jurídico, es la pieza maestra de una arquitectura de emergencia diseñada para estabilizar un país que aún no termina de digerir el shock del 3 de enero.
Este proyecto, aprobado en primera discusión, busca un “borrón y cuenta nueva” que abarca 27 años de historia, pero deja grietas legales en temas de corrupción y derechos humanos que sugieren una maniobra de supervivencia ante la comunidad internacional.
El proyecto, sin embargo, debe leerse entre líneas. No es un acto de contrición, sino un movimiento de ajedrez pragmático. El chavismo, mutado en una corporación de sobrevivencia, entiende que para que la “normalidad” sea comprable en el exterior, debe soltar lastre: los cuerpos en las celdas.
Los objetivos: el “maquillaje” de la normalización
El proyecto declara como meta principal sentar las bases para la paz social y superar la conflictividad política acumulada desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Entre sus puntos más ambiciosos destacan:
- Vaciado de celdas: la aplicación inmediata y preferente para quienes están presos por manifestar, opinar en redes sociales o por motivos políticos.
- Limpieza de antecedentes: la obligación de eliminar registros policiales y judiciales de los amnistiados, buscando una reinserción total.
- Reincorporación laboral: el derecho de los empleados públicos despedidos por razones políticas a recuperar sus puestos.
- Garantía de retorno: el levantamiento de alertas de Interpol para permitir el regreso de los exiliados.
Los objetivos: el “maquillaje” de la normalización
El proyecto declara como meta principal sentar las bases para la paz social y superar la conflictividad política acumulada desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Entre sus puntos más ambiciosos destacan:
- Vaciado de celdas: la aplicación inmediata y preferente para quienes están presos por manifestar, opinar en redes sociales o por motivos políticos.
- Limpieza de antecedentes: la obligación de eliminar registros policiales y judiciales de los amnistiados, buscando una reinserción total.
- Reincorporación laboral: el derecho de los empleados públicos despedidos por razones políticas a recuperar sus puestos.
- Garantía de retorno: el levantamiento de alertas de Interpol para permitir el regreso de los exiliados.
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La zona gris: lo que queda fuera (y lo que se protege)
- El artículo 3 del proyecto establece los límites constitucionales. Quedan taxativamente excluidos los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y violaciones graves a los derechos humanos.Sin embargo, el ojo crítico se detiene en dos puntos ciegos:
- La trampa de la corrupción: el numeral 8 del artículo 3 excluye los delitos contra el patrimonio público, pero pone una condición: siempre que haya habido un “enriquecimiento ilícito efectivo” o beneficio económico comprobado. Esto podría ser un colador jurídico para exculpar a funcionarios cuya negligencia o gestión política del erario público no pueda ser vinculada directamente a una cuenta bancaria personal.
- El homicidio doloso: al excluir el homicidio en todas sus modalidades, la ley deja en el limbo a cientos de manifestantes y líderes sociales acusados —muchas veces bajo expedientes fabricados— de muertes ocurridas durante las protestas de 2014, 2017 y 2024.
La gran pregunta es si esta amnistía es un perdón real o un “maquillaje sistémico”. El proyecto introduce conceptos como el “quebrantamiento de la confiabilidad judicial» (artículo 12). Es un reconocimiento implícito de que el sistema de justicia fue utilizado como arma política: admite que los procesos iniciados tras exhortaciones públicas del presidente o con pruebas obtenidas sin orden judicial no tienen validez.
El escepticismo es inevitable. Mientras se anuncia el cierre de El Helicoide para convertirlo en un mall o centro deportivo, esta ley busca que el mundo olvide cómo se llenaron esas celdas. Como advierten analistas, el límite de esta generosidad lo marca Estados Unidos: el chavismo entregará exactamente lo que Washington exija para levantar sanciones, ni un ápice más.
Conclusión: el perdón como estrategia de supervivencia
Lo que este proyecto pretende es resetear el reloj político de Venezuela. Al otorgar una amnistía que abarca casi tres décadas, el chavismo busca diluir sus responsabilidades más recientes en un mar de expedientes antiguos.
Si se aprueba este jueves, veremos una liberación masiva que llenará los titulares de esperanza, pero la estructura que permite encarcelar por un mensaje en X (Twitter) o por disentir en una asamblea de trabajadores seguirá allí, intacta, esperando a que la mirada internacional se distraiga. El Helicoide puede que cambie de nombre, pero la arquitectura del control solo ha cambiado de fachada.
EL NACIONAL
