La Ley de Amnistía aprobada es el reconocimiento a violaciones graves de los derechos humanos en los últimos 27 años, es un parche que deja pendiente la persecución. Definitivamente, sin la apertura a un nuevo sistema judicial y medidas de protección de los derechos humanos, es un salto a la nada. La vigencia de leyes como la «Simón Bolívar» y la mal llamada «Contra el Odio» facilitan que nuevas detenciones ocurran, incluso con la Ley de Amnistía vigente, sencillamente porque son estas leyes las que permitieron la persecución y detención arbitrarias que mantuvieron -y aún mantiene- en cautiverio a muchos venezolanos y extranjeros, civiles y militares.
Algunos fallecieron en cautiverio y otros salieron con profundas cicatrices físicas y en el alma, al igual que familiares que soportaron en silencio tamañas barbaridades. Esta Ley de Amnistía, tal como ha sido aprobada, no garantiza libertad inmediata y sus beneficiarios deben presentar solicitudes de libertad en los mismos tribunales donde fueron juzgados y, violando el debido proceso, son los que deben decidir caso por caso.
La Ley de Amnistía aprobada no contempla automáticamente la devolución de bienes «confiscados», indemnizaciones o el retorno seguro para los exiliados. Otra cosa importante es que no elimina las inhabilitaciones políticas para muchos ciudadanos, por lo que es discrecional y selectiva.
En fin, la Ley de Amnistía no garantiza justicia y el hecho de que los crueles hechos sean la vergüenza de un país no vuelva a repetirse. Desde la Angostura del Orinoco, un pueblo clama por justicia y esta Ley pronto será breve, muy breve, en honor a víctimas y familiares.
