Con todas las reservas del caso, ahora que se han convocado desde el sector oficial varias mesas de diálogo, entre ellas una para las comunicaciones, valdría la pena cerciorarse de cuánto ha cambiado la histórica percepción del régimen sobre la labor de los periodistas venezolanos, supuestamente faltos de todo apego a la ética, y sobre el rol de las empresas periodísticas (las que sobreviven) acusadas de entregarse a pervertir el “orden” comunicacional y político.
La inopinada convocatoria, hecha en el marco del anunciado Plan para la Paz y la Convivencia Democrática, ha incluido a gremios, ONG y representantes de medios, y se plantea que de sus mesas de trabajo salgan propuestas para la cabeza del Ejecutivo, que no dudamos serán presentadas en el informe sobre lo que ofrecerá Delcy Rodríguez como logros de gestión durante sus primeros cien días en Miraflores, bajo la bendición de Donald Trump.
Tenemos, pues, que la Paz y la Convivencia, conceptos que, además de haber sido instrumentalizados propagandísticamente hasta vaciarlos de contenido, fueron demolidos durante los últimos 27 años, son retomados por el oficialismo gracias a, como consecuencia de u obligados por los eventos de la madrugada del 3 de enero tras la defenestración de Nicolás Maduro, usurpador de la presidencia, por los EEUU. De eso no hay duda.
La oferta, que dice incluir en su plan de acción a diversos sectores de oposición “para fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político”, se inició bajo la coordinación del Ministerio de la Cultura, cuyo titular renunció en pleno proceso para postularse infructuosamente como Defensor del Pueblo. (¿Tan grande es la escasez de cuadros en las huestes revolucionarias?). Y aquí ya estamos frente a la primera de las grandes incoherencias.
La pregunta es si ese plan que incluye un debate sobre las comunicaciones, la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la información, en síntesis todo lo que involucra el ecosistema de medios, cuya incidencia es como nunca antes crucial para la vida institucional y política del país no ha debido ser en todo caso coordinado por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Sí, también para la paz. La respuesta es demasiado obvia al ver que hasta la responsabilidad de la vigencia de ese valor democrático está enunciada en la denominación ministerial.
Vale la pena recordar cuales son las líneas maestras de la visión que ha consolidado el régimen sobre la labor periodística y de los medios de comunicación. Fue expresada tan tempranamente como en el 2006 en el prólogo del Código de Ética del Periodista venezolano de una edición financiada por el Ministerio de Comunicación e Información, cuando lo dirigía William Lara (QEPD), el mismo que luego ejecutaría el cierre de Radio Caracas Televisión y la expropiación sin indemnización de sus instalaciones.
A los periodistas se les atribuye en dicho prólogo haber «enseñoreado»: «El falseamiento de los hechos, la manipulación, la distorsión, la omisión, la aplicación de mecanismos sensacionalistas y amarillistas en el tratamiento de la información, así como los que se articulan con la información dirigida…».
Y a los medios haber «asumido un rol político que no les compete, pervirtiendo con su acción la dinámica de las comunicaciones y el flujo de la información; vulnerando el derecho de los venezolanos de recibir una información veraz y oportuna…».
Eran tiempos en que el chavismo se sentía con plena autoridad para pontificar sobre los derechos comunicacionales de los venezolanos y cuando todavía no se había producido en sus colosales dimensiones la mayor devastación de un ecosistema de medios vista en el continente y hasta en el ámbito mundial. Pero aún hoy, tras la instalación de la Mesa de Comunicaciones, siguen afirmando que vienen a «rescatar el periodismo venezolano».
Y entre tantos males, ni qué hablar de la vigencia de una política comunicacional harto degradada, entregada absolutamente a la propaganda a través de una parafernalia mediática creada y administrada desde el centro del poder. Llamativo que ese tema de discusión, que debería figurar en primerísimo lugar del debate en la Mesa de Comunicaciones, no esté.
*Lea también: El autoengaño de subestimar al adversario (II), por Luis Ernesto Aparicio M.
De modo que si para algo pudiera servir la Mesa de Comunicaciones es para que la representación oficialista, que es decir los colegas chavistas, los directores de la exuberante fronda mediática de la otrora revolución imperialista y sus jefes políticos, se confronte consigo misma, se mire al espejo, haga un profundo análisis introspectivo, reflexione, recapacite, asuma un sincero acto de contrición y, en consecuencia, se arrepienta y rectifique.
Por lo demás, en materia de vulneración de derechos profesionales y degollinas mediáticas, el régimen chavista conoce muy bien lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer durante el último cuarto de siglo.
Entonces también debería saber muy bien lo que hay que hacer para iniciar un proceso genuino de restitución democrática, más allá de la presentación de esos encuentros sectoriales como los éxitos de la batuta concertante de Delcy Rodríguez.
Pero si no fuera así y la amnesia volviera a imponerse, aquí les dejamos muy apretadamente el Decálogo de Acción Inmediata presentado por las organizaciones que integran la Alianza por la Libertad de Expresión: cesar de inmediato la persecución policial por ejercer la libertad de expresión; detener los ataques discursivos, amenazas, intimidaciones y agresiones; desbloqueo de web, portales de medios, redes sociales y redes virtuales privadas; derogar leyes restrictivas, especialmente la nefasta Ley Contra el Odio; retomar el carácter técnico de Conatel; ordenar y ejecutar la devolución de bienes y licencia de los medios revocadas arbitrariamente; restituir documentos de identidad; acceso pleno, seguro e independiente a las fuentes de información; cesar la vigilancia, monitoreo y revisión ilegal de comunicaciones. Es justicia.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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