Las palabras de Sonia Lugo de Márquez, esposa del preso político Enrique Márquez, la Nochebuena de Navidad, de seguro interpretaron lo más hondo del sentimiento familiar en todos y cada uno de los hogares donde faltó, en fecha de tanta unión familiar, la presencia de uno o varios seres queridos hoy absurda y abusivamente reducidos a prisión tras las elecciones del 28 de julio de 2024. «La sombra de una celda injusta se proyecta sobre nuestra mesa, pero no logra apagar nuestra voz», expresó.
Unos por pretender ejercer como ciudadanos sus derechos políticos, otros porque, infortunadamente, entraron en la cuota represiva exigida a cada entidad regional para ser llenadas mediante las razias generalizadas de los días 29 y 30 de julio. Otros, porque acentuando su giro represivo, el régimen ha aplicado el perverso sistema conocido como Sippenhaft, ejecutado por el nazismo hitleriano, en el que el único «delito» del encarcelado es tener un vínculo familiar con alguien a quien persiguen.
En el caso de Enrique Márquez, cuya verticalidad y transparencia en su actuación pública es reconocida, ya son 11 meses de reclusión desde que su decisión de exigir el cumplimiento de la Constitución por las instituciones del Estado confabuladas para el fraude lo convirtió en una víctima propiciatoria.
Fue 3 veces diputado a la Asamblea Nacional (AN), vicepresidente de la AN (2016) y vicepresidente del CNE de 2021 a 2023, hasta que los amos del poder hicieron colapsar la directiva de ese organismo electoral en lo que, indudablemente, resultaba una jugarreta imprescindible para la perpetración del gran fraude en las presidenciales de 2024.
Márquez emprendió una cruzada en nombre del partido que lo hizo candidato presidencial, Centrados en la Gente, para que el CNE abriera las urnas de votación y se hiciera un reconteo que se pudiera contrastar con las actas electorales, como se había hecho en otras oportunidades. Buscaba evitar que se burlara la soberanía popular y que en el país quedara definitivamente borrado el Estado de derecho.
No solo eso, requirió de las Salas Electoral y Constitucional del llamado Tribunal Supremo de Justicia el cabal cumplimiento de sus funciones y, cuando no lo hicieron, exigió del supuesto fiscal general la aplicación de la ley, así como ordenar la liberación de los presos políticos, entre los cuales había varios menores de edad.
En el extremo opuesto a Márquez está un ciudadano común, que jamás ha participado en política ni se ha visto involucrado en modo alguno en ninguna actividad al margen de la ley. Es Rafael Tudares Bracho, cuyo único «delito» es ser el yerno del presidente de la República electo, Edmundo González Urrutia.
El día de Navidad cumplió 351 días de detención arbitraria y de desaparición forzada, como lo recordó su esposa, Mariana González de Tudares, quien el 24 de diciembre hizo pública una carta que tuvo como destinatario a su esposo.
«No solo tú estás privado de libertad. También nosotros. Porque cuando a un ser amado lo arrancan injustamente, toda la familia queda atrapada en una ausencia que pesa, en un silencio que hiere, en una incertidumbre que encadena el alma. No hace falta estar entre cuatro paredes. Vivir así también es una forma de cárcel», escribió la señora González de Tudares.
En una de las tantas misivas que ha dado a conocer durante la prisión de su esposo que, en el colmo del ensañamiento, ha sido condenado a 30 años de cárcel, la máxima pena que contemplan las leyes venezolanas. Además, se le ha mantenido en estado de total incomunicación con su familia.
Ese juicio exprés a Rafael Tudares que, obviamente, no tiene otro objetivo que infundir el máximo grado de terror en la población, nos hace recordar que desde hace años fueron detenidos varios de los integrantes de la cúpula del régimen por casos de corrupción en Pdvsa y otros organismos del Estado. Aún no se sabe a ciencia cierta cuál es el estado de sus juicios, cuáles etapas de su proceso se han cumplido e incluso si están verdaderamente detenidos o resguardados en una especie de reclusión dorada.
Presos e incomunicados permanecen dirigentes como Biagio Pilieri, con su salud afectada; Freddy Superlano, Perkins Rocha, Juan Pablo Guanipa, los periodistas Carlos Julio Rojas, Roland Carreño y casi una veintena de sus colegas; José Elías Torres, secretario general de la CTV, y varios dirigentes sindicales; Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Eduardo Torres, entre los activistas de derechos humanos. A ellos se suman ciudadanos de varias nacionalidades, cuyos delitos tampoco se conocen, y los 17 venezolanos que han muerto en prisión, el último de ellos el exgobernador Alfredito Díaz.
Sin duda, la etapa represiva que se abrió a partir de los eventos del 28 de julio es la más desenfrenada que ha conocido Venezuela en su vida republicana. Padres, madres, hijos, organizaciones nacionales y extranjeras por los derechos humanos no cejarán en su demanda de justicia.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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