Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), señaló que la próxima elección del Fiscal General y del Defensor del Pueblo constituye una oportunidad para que el Ejecutivo demuestre voluntad de apertura
El secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, advirtió este 23 de marzo de 2026 que la Ley de Amnistía no registra avances suficientes en el restablecimiento de los derechos humanos. El dirigente instó a acelerar la aplicación de este instrumento para evitar que se comprometa cualquier intento de reencuentro entre los venezolanos.
«Si se habla de una salida política, social, pacífica y del reencuentro, el proceso de amnistía debe dar pasos más firmes», afirmó Mujica. A su juicio, el retraso en la ejecución de esta ley frena la normalización institucional del país.
Mujica señaló que la próxima elección del Fiscal General y del Defensor del Pueblo constituye una oportunidad para que el Ejecutivo demuestre voluntad de apertura. El dirigente del MAS abogó por que la Asamblea Nacional garantice un proceso basado en el consenso, la pluralidad y la autonomía de poderes al momento de escoger a los nuevos funcionarios.
Asimismo, planteó la necesidad de revisar y dejar sin efecto normativas que, según su criterio, restringen el ejercicio político en Venezuela. Entre ellas, mencionó la Ley contra el Odio y la denominada Ley Simón Bolívar.
Finalmente, Mujica abordó la crisis económica y cuestionó la política de bonos y bolsas de alimentos como mecanismo de control. Advirtió que, sin ajustes estructurales profundos, no habrá una mejora real en el salario de los trabajadores. «Los venezolanos no pueden seguir esperando mientras empeora su situación económica», concluyó.
Según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hasta el 17 de marzo se habían beneficiado con libertad plena a 7.580 personas por la amnistía, aunque no precisó cuántas de estas personas estaban bajo medidas cautelares o fueron excarceladas gracias a la Ley. Asimismo, destacó que del total de casos evaluados por la comisión especial, a 24% se le ha negado su solicitud aunque tienen derecho a apelar.
Los primeros días de la aplicación de la Ley de Amnistía trajeron esperanza a familiares y largas colas en el Palacio de Justicia, en Caracas, donde se ha centralizado casi la totalidad de la acción penal en casos de naturaleza política, especialmente en tribunales con competencia en terrorismo luego de la ola de detenciones tras las presidenciales de 2024.
Pasados los días, empezó el retardo para responder las solicitudes y arreció el reclamo sobre cobros indebidos, «colaboraciones» para acceder al beneficio y evidentes exclusiones de casos de naturaleza política, bajo el amparo del artículo 9 de la Ley. Ha sido la situación de decenas de sindicalistas, periodistas, militares o civiles vinculados a casos de rebelión, y algunos presos poselectorales con calificaciones distintas a las reportadas en la mayoría de las detenciones (terrorismo, asociación para delinquir, incitación al odio, obstrucción de la vía pública).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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