La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículo 304) establece que:
«Todas las aguas son bienes del dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias para garantizar su protección, su aprovechamiento y su recuperación.»
Esto significa que, en esencia, la propiedad del agua (superficial o subterránea) no es del dueño del terreno, sino del Estado venezolano (la Nación)
ADALBERTO ORTA.
