La Casa Blanca formalizó que reconoce a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela. Para el constitucionalista José Ignacio Hernández, ese paso redefine la representación legal venezolana en EEUU pero, más que un éxito político, acarrea también el traspaso de problemas, especialmente en materia de deudas, litigios y acreedores; y no le ayuda a Nicolás Maduro en su juicio en Nueva York
Estados Unidos puso por escrito lo que hasta ahora se movía en el plano diplomático: la administración de Donald Trump reconoce a Delcy Rodríguez como jefa de Estado y de Gobierno de Venezuela. El pronunciamiento quedó plasmado en una carta del Departamento de Estado, anexada a un escrito consignado por el Departamento de Justicia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en el caso Stansell et al. v. FARC et al. y otros expedientes acumulados.
El documento, fechado el 10 de marzo y consignado al día siguiente, respondió a una solicitud de la corte para que el Ejecutivo estadounidense aclarara cuál es su postura oficial sobre la representación venezolana en ese litigio. Esa aclaratoria era necesaria porque en el expediente se arrastraba una disputa sobre quién puede hablar legalmente en nombre de Venezuela ante los tribunales estadounidenses: si las estructuras vinculadas a la Asamblea Nacional de 2015 o las autoridades que hoy ejercen el poder en Caracas.
José Ignacio Hernández, exprocurador especial designado por la Asamblea Nacional de 2015 y conocedor de estos litigios, había explicado en entrevista con TalCual que ese era el punto central: no solo quién es el interlocutor político o diplomático de Washington, sino quién tiene la autoridad legal para representar al Estado venezolano en cortes, activos y empresas en Estados Unidos.
Con la carta ya emitida, esa duda recibe una respuesta. El texto firmado por el alto funcionario del Departamento de Estado Amb. Michael G. Kozak sostiene que Delcy Rodríguez asumió plenos poderes tras la ausencia de Nicolás Maduro; y deja claro que Washington no reconoce a Maduro como jefe de Estado ni de Gobierno, y recuerda que desde 2019 fue tratado como mandatario de facto solo para fines prácticos, sin reconocimiento formal.
Hernández advierte que un reconocimiento legal de Delcy Rodríguez no equivaldría a validar la legitimidad constitucional de las autoridades en Caracas, sino determinar quién actúa en nombre del Estado venezolano en juicios, ejercer derechos sobre activos, manejar cuentas, hablar por Pdvsa como accionista de PDV Holding y, por esa vía, incidir sobre Citgo.
El peso del reconocimiento legal
La razón es que el reconocimiento legal a Delcy Rodríguez, si se despliega por completo, toca el problema de los acreedores. Hernández fue enfático en desmontar la idea de que el nuevo escenario le permite al gobierno acceso a nuevos recursos. «Todavía muchos venezolanos creen que hay una bóveda llena de dinero bloqueado y que con una decisión del presidente de Estados Unidos aparecerán miles de millones para gastar. Eso no es así».
Según explicó, Venezuela no tiene un gran conjunto de activos líquidos esperando ser desbloqueados. Tiene, más bien, una montaña de deuda y litigios. «Si sumas todos los activos externos de Venezuela –Citgo, cuentas bancarias, participaciones en empresas, el oro en Londres— en el mejor escenario estaríamos hablando de unos 30 mil millones de dólares. Pero la deuda pública externa de Venezuela ronda los 170 mil millones de dólares. Venezuela no tiene activos, lo que tiene es deuda».
Quien tiene la representación legal venezolana en Estados Unidos no puede acceder por tanto a dinero fresco, sino al peso de los reclamos: acreedores exigiendo pagos, arbitrajes, demandas y negociaciones aplazadas por años. «Estamos hablando de más de 170 mil millones de deuda y de cerca de 180 litigios entre tribunales, arbitrajes y reclamos internacionales».
En ese terreno, el reconocimiento puede funcionar como una señal para que más acreedores toquen la puerta. Hernández dice que algunos lo harían mediante cartas, otros solicitando reuniones y otros a través de demandas con gran despliegue público. Pero también advierte que eso no necesariamente cambia de inmediato el riesgo concreto sobre Citgo, por una razón simple: la lista de acreedores en Delaware ya supera ampliamente el valor de la empresa.
En otras palabras, que entren más reclamantes no altera por sí solo una realidad ya crítica. El juicio que compromete las acciones de PDV Holding sigue pendiente de tramos procesales y apelaciones, y la posible venta forzosa de Citgo depende además de autorizaciones regulatorias, incluida la licencia de OFAC.
Citgo en el centro del debate
La empresa Citgo está en un proceso judicial para su subasta, ante el reclamo de acreedores. Hernández recordó que la actual estructura de gobierno corporativo de PDV Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum depende de la junta ad hoc de Pdvsa creada en 2019, una figura levantada precisamente para cortar el vínculo directo con Pdvsa Caracas en un contexto de sanciones.
En el portal Bitácora Económica, se ha informado que Estados Unidos podría exigir a Miraflores reconocer a la directiva actual de Citgo, nombrada por la Asamblea Nacional 2015 y encabezada por Carlos Jordá como presidente ejecutivo. Citgo, después de siete años, ha vuelto a recibir crudo venezolano a través de la reventa de la empresa Trafigura, pero la intención es que retome directamente la recepción de crudo venezolano por parte de Pdvsa, incluso con la posibilidad que sea por intercambio de combustibles, se señala en el semanario Exclusivas Económicas.
Para Hernández, esa sería una solución pragmática: mantener la representación legal o la operatividad ya existente en torno a Citgo y, al mismo tiempo, abrir formas de entendimiento con quienes hoy gobiernan en Venezuela. «Si el esquema funciona, alterarlo puede añadir más tensión de la necesaria», dice Hernández. Y agrega: «Aquí podrías tener por primera vez una forma de cogobernanza: una estructura técnica en Citgo designada por la Asamblea Nacional de 2015 y autoridades políticas ejerciendo el poder en Venezuela».
En esa visión, el interés de Washington no sería «jurungar» una empresa que, según dijo, opera bien, refina con normalidad y hasta puede recibir crudo venezolano, sino evitar un nuevo factor de inestabilidad. De allí que una de las salidas que Hernández veía plausibles era conservar la junta técnica que hoy controla PDV Holding y Citgo, aunque se abriera una relación política más directa con Delcy Rodríguez. «Cambiar esa arquitectura jurídica implica alterar un sistema que se creó precisamente para permitir que Citgo operara sin depender de una empresa sancionada».
¿Adiós a la Asamblea Nacional 2015?
El reconocimiento también reabre el lugar de la Asamblea Nacional de 2015. Hernández recordó que esa estructura ya venía debilitada desde la decisión de eliminar el cargo de presidente encargado. A su juicio, aquello erosionó una gobernanza que de por sí era frágil. Sin embargo, mientras EEUU no hubiera trasladado formalmente la representación legal a otra instancia, la AN de 2015 seguía siendo el soporte jurídico de esa representación en Estados Unidos.
Con el nuevo pronunciamiento, esa justificación se vuelve mucho más endeble. Hernández sostuvo que, al concretar un traspaso efectivo de la representación legal a Delcy Rodríguez, «ya no habría ninguna justificación» para mantener esa estructura.
El alcance del cambio no se limita a Estados Unidos. Hernández explicó que una decisión de Washington puede influir en otros países, aunque no producir un efecto automático ni uniforme. Puso como ejemplo el caso del oro depositado en el Banco de Inglaterra. Allí, la barrera que impidió a las autoridades designadas por Maduro controlar esos recursos se fortaleció en su momento con el reconocimiento al presidente encargado, pero después ese esquema se volvió más inestable cuando el Reino Unido dejó de reconocer esa figura tras su eliminación, y desde entonces no «le entrega la llave» a nadie, hasta que haya confianza en quién tiene una representación válida.
Según explicó, hoy el obstáculo para el acceso al oro en Londres no es solo un problema formal de reconocimiento, sino también de confianza, legitimidad y cumplimiento regulatorio. Es decir, aunque el Reino Unido mantenga relaciones con las autoridades que ejercen el poder en Caracas, eso no significa que vaya a abrir sin más el acceso a esos activos.
Algo parecido ocurre con Portugal. Hernández recordó que, tras la eliminación del gobierno interino, tribunales portugueses concluyeron que quien tenía poder sobre ciertas cuentas era Nicolás Maduro. Ese antecedente muestra que la desaparición o debilitamiento de la estructura ligada a la Asamblea Nacional de 2015 produjo efectos en otras jurisdicciones. El nuevo reconocimiento estadounidense podría alimentar esa tendencia, aunque cada país y cada tribunal responderán según su propio marco legal.
Sobre los activos del Estado, el exprocurador también hizo una precisión importante: no todos están «congelados». En su criterio, salvo situaciones específicas como Citgo o barreras puntuales de control, muchos activos no están formalmente bloqueados, sino atrapados por disputas de representación, medidas cautelares, litigios o decisiones de instituciones financieras. Por eso insistía en que no debe pensarse que basta con una nueva firma o una nueva carta para liberar de golpe recursos cuantiosos.
Incluso señalaba que, fuera de Citgo, los activos relevantes son limitados y dispersos: participación en la refinería Nynas en Suecia, cuentas bancarias en distintos países, oro en Londres y cuentas por cobrar en América Latina y el Caribe, además de filiales de Pdvsa que en muchos casos son poco más que cascarones.
¿Cómo afecta al juicio contra Nicolás Maduro?
La otra implicación del pronunciamiento tiene que ver con Nicolás Maduro y su proceso penal en Nueva York. El propio documento del Departamento de Estado subraya que el reconocimiento de Delcy Rodríguez no afecta ese caso porque EEUU no reconoce a Maduro como jefe de Estado o de Gobierno con inmunidad frente a cargos penales federales. Hernández apunta que al Washington reconocer a otra persona como cabeza del Estado, se debilita aún más cualquier defensa basada en que Maduro sería un presidente reconocido.
A su entender, allí aparece una contradicción importante. Con Delcy Rodríguez reconocida por EEUU como jefa de Estado y de Gobierno, entonces Maduro no puede reclamar simultáneamente esa misma condición ante la justicia estadounidense.
Hernández advirtió que «si Nicolás Maduro fue declarado ilegítimo, surge la pregunta: ¿cómo se reconoce como presidenta a la vicepresidenta nombrada por ese mismo gobierno? Estados Unidos puede tomar esa decisión política, pero jurídicamente genera contradicciones que aparecerán en los tribunales».
La carta enviada a la corte ofrece una respuesta parcial: Washington dice que actúa así para facilitar una relación diplomática y consular funcional y para promover una democratización pacífica en Venezuela por la vía de elecciones libres y justas. Ese es, de hecho, otro punto que Hernández considera central. El reconocimiento legal no equivale a una certificación de legitimidad democrática. Es una definición operativa sobre quién puede actuar en nombre de Venezuela en territorio estadounidense.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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