Según Elías Matta, Giorgio Cunto y José Ignacio Hernández, lo que debe ocurrir es la sanción de una nueva ley y la reinstitucionalización del país
En el contexto de la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, tras una operación militar de Estados Unidos y el tutelaje de la administración de Donald Trump sobre la presidencia encargada de Venezuela, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, propuesta por el Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez.
De acuerdo con el proyecto de ley distribuido entre los diputados, apenas horas antes de la primera discusión en plenaria que se dio este 22 de enero, la reforma consta de 18 artículos que incluye la incorporación de tres disposiciones transitorias.
Los cambios son importantes, pero insuficientes para atraer grandes inversiones y desarrollar la industria petrolera nacional, advierten expertos consultados por Efecto Cocuyo. Lo que debe ocurrir tarde o temprano, enfatizaron, es la sanción de una nueva ley y la reinstitucionalización del país.
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¿Qué representan los cambios al texto legal en la situación actual del país? ¿Cuál es el objetivo y las implicaciones? ¿De qué tratan los cambios? ¿Responden al acuerdo petrolero con EEUU? ¿Atrae a grandes inversiones? ¿Qué falta para llegar a una industria petrolera recuperada y modernizada?
Opacidad y falta de consulta
“El hecho de que se esté discutiendo un proyecto sin que se conozca de antemano su contenido ya denota una falla grave de transparencia, que es propia de la opacidad con la cual estos temas han sido tratados en el pasado y, por supuesto, contradice las exigencias de reinstitucionalización que requiere el país en este momento”, señaló el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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