En Venezuela, hay quienes hablan de transición como si fuera, ante todo, un problema electoral. Otros la conciben como una sucesión de fases cuidadosamente calculadas antes siquiera de comenzarla, también bajo una lógica electoral.
Como si bastara con fijar una fecha, construir una candidatura o negociar condiciones mínimas para votar, incluso después de alcanzar una estabilización económica. Pero la experiencia reciente —y la historia más amplia del país— demuestra lo contrario: sin justicia independiente, no hay transición posible.
El problema no es abstracto. Tiene nombre y estructura. Hoy, la gran mayoría de los jueces venezolanos son provisionales. No accedieron al cargo por concurso, no tienen estabilidad y pueden ser removidos sin garantías. No es un accidente. Es un sistema cuidadosamente construido.
Durante años, el poder político entendió algo esencial: controlar la justicia es más efectivo que controlar el voto. Porque al final, toda disputa —electoral, económica o institucional— termina en un tribunal. Así se consolidó un modelo en el que el juez no decide conforme a derecho, sino conforme a su permanencia en el cargo. Ese es, en realidad, el verdadero bloqueo de la transición.
No es un asunto técnico ni una reforma secundaria. Es el punto de partida. Porque ningún acuerdo político, ninguna elección y ningún programa económico será sostenible si el sistema judicial sigue operando como un mecanismo de control.
Y, sin embargo, en esa misma anomalía se encuentra una oportunidad que no hemos sabido ver. El hecho de que la mayoría de los jueces no tenga titularidad permite una intervención inmediata, sin desmontar todo el andamiaje legal ni quedar atrapados en debates interminables. La Constitución ya establece el camino: concursos públicos, carrera judicial, estabilidad. No hace falta inventar nada. Hace falta cumplirla.
Una ley de transición del Poder Judicial que ordene la sustitución progresiva de los jueces provisionales por jueces de carrera seleccionados por mérito no solo cambiaría el sistema desde su base. Haría algo más importante: comenzaría a reconstruir la confianza.
Pero la transición no se define solo en los tribunales de base. Se define, inevitablemente, en la cúspide. El Tribunal Supremo de Justicia ha dejado de ser un árbitro. Es un actor político. Y mientras lo siga siendo, cualquier cambio estará condicionado.
Aquí emerge una paradoja que resume el diseño del sistema. Si la provisionalidad en la base ha sido el mecanismo que garantiza la dependencia y sostiene el poder hegemónico, en la cúspide ocurre lo contrario: el compromiso político de los magistrados, blindado en mandatos que se proyectan hasta 2034, se convierte en un factor de bloqueo institucional.
En la base, la inestabilidad garantiza el control. En la cúspide, la estabilidad prolongada —pero condicionada a la voluntad política de quienes controlan el Ejecutivo y la Asamblea Nacional— asegura su continuidad. Es el mismo diseño operando en dos direcciones.
Por eso no todas las piezas del sistema tienen el mismo peso. La Sala Constitucional, con su capacidad para reinterpretar la Constitución y redefinir el alcance de los otros poderes, e incluso revisar de oficio las decisiones de otras Salas bajo el pretexto de la constitucionalidad, se ha convertido en el verdadero centro de gravedad del sistema político.
Y la Sala Electoral, tras su actuación en el proceso del 28 de julio de 2024, es hoy un punto crítico si se quiere hablar de garantías mínimas para cualquier proceso futuro.
Pero hay un problema adicional que no puede ignorarse. La designación de los magistrados pasa, más allá del Comité de Postulaciones, por el filtro político de la Asamblea Nacional. En un contexto de supermayoría oficialista, no existe un incentivo real para construir acuerdos que permitan alcanzar nombramientos que ofrezcan garantías.
La exigencia formal de una mayoría calificada de dos tercios pierde sentido cuando el control político elimina la necesidad de negociación. En esas condiciones, el mecanismo de designación deja de ser un espacio de construcción institucional y se convierte en una extensión del poder político.
Por ello, si no existe una voluntad política confiable para la mayoría del país, o si no es posible construir consensos arraigados en la confianza pública en la actual Asamblea Nacional, una ley especial de transición del Poder Judicial tendría que prever un mecanismo ad hoc que facilite este proceso, incorporando una participación ciudadana efectiva que ofrezca garantías reales.
No hay transición viable sin abordar estas instancias. El país tiene, en esencia, dos caminos. Puede asumir, desde una ley de transición, la necesidad de recortar el mandato de los actuales magistrados y abrir un nuevo proceso de designación. O puede construir un acuerdo político amplio que permita reformar el Tribunal Supremo de Justicia y reintegrarlo institucionalmente en el corto plazo.
Ambas opciones son complejas. Pero no actuar es, en sí mismo, una decisión: perpetuar el bloqueo o arriesgar el éxito de la transición misma, erosionando desde el inicio la confianza de la sociedad en el cambio.
La transición venezolana no comenzará el día en que se anuncie una elección. Comenzará el día en que un juez pueda decidir contra el poder y permanezca en su cargo al día siguiente. Ese día comenzará el cambio. Porque la verdadera transición no se decreta: se sostiene en la justicia.
Leopoldo Martinez Nucete es Ex-Diputado de la Asamblea Nacional en Venezuela, fue miembro de la Dirección Nacional del Partido Demócrata en EE.UU, Consejero del Departamento de Comercio, y actualmente es Co-Presidente del Venezuelan-American Caucus.
TalCual no se hace responsable por las opiniones emitidas por el autor de este artículo
TAL CUAL
