A pesar de haber recibido supuestamente una inversión de $100.000 millones, Venezuela produce en 2026 lo mismo que en 1998 (entre 9.000 y 10.000 MW). El exviceministro de Energía Eléctrica Víctor Poleo comenta a TalCual que el pasado 29 de agosto, la turbina 17 de la casa de máquinas 2 en la central hidroeléctrica Guri colapsó mecánicamente, destruyéndose tras salirse de su eje (una estructura de 8,20 metros de diámetro)
La percepción de que las fallas, fluctuaciones y apagones se han multiplicado drásticamente en todo el país durante las últimas semanas no es solo una molestia cotidiana: es el reflejo de un Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en fase crítica. Para el exviceministro de Energía Eléctrica y profesor universitario, Víctor Poleo, la vulnerabilidad de la red ha alcanzado un nivel sin precedentes en la historia reciente de Venezuela.
«Estamos 20 veces peor que en 2019», sentencia Poleo al comparar la coyuntura actual con el histórico mega apagón que dejó a oscuras al país. La razón de su afirmación trasciende el deterioro acumulado de los servicios públicos: apunta a un grave siniestro mecánico en el corazón del Bajo Caroní que la administración estatal mantuvo bajo absoluto hermetismo.
El pasado 29 de agosto de 2026, la casa de máquinas número dos de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) sufrió un accidente de proporciones catastróficas. Diseñada y construida en la segunda mitad del siglo XX como una obra cumbre de la ingeniería venezolana, la casa de máquinas dos alberga 10 turbinas tipo Francis de 770 megavatios (MW) cada una. A pesar de las reiteradas advertencias sobre la precariedad de su funcionamiento mecánico e intensas vibraciones, el personal a cargo no atendió las alertas.
«Esa máquina, la turbina 17, se desprendió, se destruyó y se rompió. Su masa mecánica —una estructura gigantesca de 8,20 metros de diámetro que gira a altas velocidades— se salió de su eje, rompió piezas y colapsó. La nación lo supo 15 días después por gracia de una denuncia que, desde Chicago, hizo el ingeniero venezolano José Aguilar. El país se entera del desastre por la vía de un especialista independiente y no por los canales oficiales del gobierno», detalla Poleo.
El impacto de perder la turbina 17 es de proporciones urbanas: su capacidad instalada de 770 MW equivale a toda la demanda eléctrica de la ciudad de Valencia.
Poleo ubica este evento en medio de un panorama operativo ya fracturado. En un sistema que registra un déficit estructural del 30% —con una demanda pico nacional en el despacho de carga de 15.000 MW y una oferta satisfecha de apenas 12.000 a 13.000 MW—, la pérdida de esta turbina añade un agujero de racionamiento imposible de disimular. «A esto se añade este accidente, a esto se añade entonces una fotografía horrorizante de quienes están gerenciando el Bajo Caroní», enfatiza el exviceministro.*
Además, la sustitución de la pieza no será inmediata ni sencilla: «Esa turbina no se compra en una ferretería. Hay que hablar con el fabricante, Voith, y ordenar el reemplazo. Esas máquinas se pueden hacer en Canadá o en Brasil, en San Pablo, donde Voith tiene plantas. Para que esa turbina vuelva a operar, tienen que pasar al menos dos años».
Opacidad en el sistema eléctrico
El diagnóstico sobre la inoperatividad de la red del sistema eléctrico es respaldado por el exdiputado y especialista en materia energética, Elías Matta, quien advierte sobre la profunda opacidad, desinversión e ineficiencia que arropan al parque térmico e hidroeléctrico del país.
Matta explica que Venezuela cuenta con una capacidad instalada teórica de entre 28.000 y 34.000 MW, según los estimados de analistas independientes ante la ausencia de auditorías oficiales. De esa capacidad, la generación hidroeléctrica comprende cerca de 16.000 MW instalados, donde el sistema del Caroní aporta actualmente entre 9.000 y 10.000 MW.
«Gracias a Dios a Guri no estamos en peores condiciones», señala Matta, al recordar que el plan original para superar las crisis era levantar parques térmicos que compensaran el suministro del Caroní y evitaran la dependencia absoluta de oriente.
No obstante, el especialista subraya que el fallo no radica solo en la generación, sino en la fragilidad de las autopistas eléctricas que conectan al país:
«Casi 70% de las fallas que se están originando es porque estamos sobrecargando mucho la línea de transmisión y no le hemos dado mantenimiento a las subestaciones ni a los transformadores. Cada vez que hay un apagón o desequilibrio en la red, es producto de fallas en la red de transmisión. Colapsa o explota un transformador, o la subestación se sobrecarga, o no le dieron el mantenimiento adecuado a las líneas de transmisión y hay malezas que generan cortocircuitos. Ese es el gran cuello de botella en las redes de 765 y 400 kilovoltios», dice.
Al abordar el parque termoeléctrico, Matta califica la gestión de la emergencia decretada durante el gobierno de Hugo Chávez como un «bochinche» financiero. Aunque se instalaron teóricamente 18.500 MW térmicos, apenas 15% (unos 2.590 MW) permanece operativo en la actualidad.
A su juicio, hubo falta de planificación de combustibles. Destacó que se trajeron turbinas usadas y se instalaron sin pensar cómo se iba a suministrar el combustible y determinar si era gas, fuel oil o gasoil. «Entonces te encuentras con plantas instaladas que no tienen el combustible que pueda prender esas turbinas. ¿Cómo te explicas que eres el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y las mayores de gas de América Latina y tienes turbinas sin gas? Es algo ilógico», cuestiona.
Remarca que el estado Zulia, ubicado en la cola del sistema interconectado a casi 800 kilómetros de Guri, requiere entre 2.100 y 2.200 MW. Explica que de Guri solo le llegan entre 1.100 y 1.200 MW. «Nosotros los zulianos tenemos 16 años con racionamiento eléctrico permanente; esto comenzó en 2009», afirma Matta.
Denuncia además que el parque local colapsó: el proyecto Termozulia —prometido por Chávez para generar 1.400 MW— apenas aporta entre 300 y 400 MW, mientras la histórica planta a vapor Ramón Laguna está prácticamente en cero.
«Un país que se dio el lujo de gastar más de 100.000 millones de dólares supuestamente para recomponer el sistema eléctrico y crear plantas termoeléctricas… Bueno, después de todo ese desastre, en 2026 estamos produciendo lo mismo que producíamos en 1998: unos 9.000 megavatios. Gastamos 100.000 millones cuando hay expertos que dicen que con 30.000 millones se hubiera recuperado el sistema entero», dice a TalCual.
Para Matta, resolver el déficit nacional —que en los picos de mayor demanda oscila en los 2.000 a 3.000 MW— no requeriría hazañas titánicas si existiera voluntad técnica: «De los 15.000 MW termoeléctricos inactivos, si tú recuperas 3.000 MW —que es prácticamente 20%— le quitas los racionamientos a todo el país. Por eso proponemos crear una comisión de expertos de alto nivel, con figuras respetadas como el ingeniero José María de Viana o Nelson Hernández, para que le hagan seguimiento técnico y transparente a la solución del problema».
Lo que dice la administración Rodríguez
Frente a la escalada de bajones e interrupciones en el sistema eléctrico que han sacudido a Miranda, La Guaira, Zulia, los Andes y la Gran Caracas, la postura gubernamental atribuye la inestabilidad a factores externos y meteorológicos.
En un comunicado emitido el pasado 18 de septiembre, el Ministerio de Energía Eléctrica afirmó que la demanda nacional alcanzó un récord de 16.030 MW, calificándolo como el pico de consumo más alto reportado en los últimos nueve años. La cartera responsabilizó a las «elevadas temperaturas» por un consumo intensivo de aires acondicionados, al tiempo que solicitó a la ciudadanía y comercios un «uso racional» del suministro. Asimismo, el Ejecutivo promocionó la firma de convenios con firmas internacionales como GE Vernova e Impsa para la rehabilitación progresiva en Tocoma y Macagua.
Poleo y Matta sostienen que un pico de 16.000 MW es la prueba de la incapacidad de la red. Coinciden en el hecho de que demanda estructural venezolana se desplomó tras la salida de ocho a nueve millones de emigrantes.
«Son millones de personas que ya no pasan un switch», dice Poleo al respecto. Destaca la parálisis de las industrias básicas de Guayana (que consumían 3.000 MW en aluminio y acero) y el desplome comercial e industrial del eje Maracay-Valencia-Barquisimeto, que opera a 10% de su capacidad.
Matta, en tanto, cuestiona las promesas de rehabilitación internacional. Recuerda que el oficuialismo se ha caracterizado porque «todo se hace a dedo» y no se conocen los detalles de los contratos. «Tocoma es el ejemplo claro: una obra que iba a costar 3.300 millones de dólares, donde se han gastado casi 10.000 millones y aún no está terminada. El gobierno habla de lapsos de 24 meses, pero sin licitaciones transparentes donde participen empresas como Siemens u otras, y sin un marco de seguridad jurídica, es pura publicidad para contener el malestar».
¿Qué hay que hacer?
Víctor Poleo sostiene que el origen del descalabro del sistema eléctrico se remonta a 2007, cuando el Ejecutivo estatizó empresas centenarias e históricas —como Edelca (creada en 1952), Cadafe (creada en 1960), la Electricidad de Caracas, Enelven o Enelbar— para fundirlas en Corpoelec.
«Pasamos de un sistema orgánico conducido por 30.000 técnicos especializados a un saco politizado de 120.000 personas bajo control militar. Fue un crimen contra el oficio y la experticia, convirtiendo a Corpoelec en el escenario del gran saqueo de los ‘dineros eléctricos’ a través de tramas como Derwick, Odebrecht o Impsa», enfatiza Poleo.
Por ello, el exviceministro sostiene que la única salida viable no es intentar reformar Corpoelec, sino disolverla y dividir el sistema en cinco áreas de decisión técnica:
Propone, entre otras cosas, desintegrar de Corpoelec e intervenir el Caroní; separar la gestión de las represas en cascada y el sistema de transmisión de alta tensión. Como se ha perdido la cultura hidroeléctrica local, plantea convocar el apoyo técnico de firmas internacionales especializadas como Hydro-Québec.
Cree pudente privatizar el parque termoeléctrico. Abrir una licitación y entregar a la empresa privada de centrales colapsadas como Planta Centro (Carabobo), Tacoa, Arrecife, Picure y las plantas del Zulia. «Planta Centro tiene cinco turbinas de 400 MW cada una y hoy ninguna funciona. Ya en 1994 Cadafe consideraba privatizarla para que viniera la mejor ingeniería a operarla», comenta.
Poleo también pone sobre la mesa la idea de reinstitucionalizar la gobernanza eléctrica y retomar el marco de la Ley del Servicio Eléctrico de 1999, el restablecimiento o la independencia de tres figuras clave: el regulador, el despachador de carga (para optimizar la combinación entre agua y gas) y el planificador con proyección a 20 años.
Propone hacer una concesión internacional del Complejo Hidroandes y licitar en Europa (a empresas de los Alpes suizos, austríacos o franceses) el sistema Uribante-Caparo-Santo Domingo-La Vueltosa, bajo un modelo de múltiples propósitos que combine generación hidroeléctrica, turismo, piscicultura y control de inundaciones en los llanos en alianza con las gobernaciones andinas.
Por último, asoma como buena opción crear una oficina para la recuperación de dineros eléctricos y crear, con este propósito un ente especializado dedicado a contratar firmas internacionales para rastrear, identificar y repatriar los cerca de 100.000 millones de dólares saqueados y dilapidados bajo las declaraciones de emergencia eléctrica en los últimos 25 años.
