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SECTOR MINERO SE SUMA A LA PROTESTA LABORAL EN GUAYANA Y DENUNCIA PRESUNTAS IRREGULARIDADES

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Representantes del sector minero del estado Bolívar manifestaron su respaldo a los trabajadores activos y jubilados de las empresas básicas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes mantienen una protesta laboral para exigir respuestas a sus reivindicaciones económicas. Además, denunciaron presuntos hechos de corrupción, persecución y despojo de espacios de trabajo en zonas mineras del sur de la entidad.
🔴 De acuerdo con el comunicado difundido por los denunciantes, los trabajadores en huelga de hambre superarían las 50 horas de protesta, mientras que la paralización laboral acumularía más de 14 días. Entre sus principales exigencias figura el pago de 1.200 dólares por concepto de utilidades.
📢 La vocera de la Agrominera Mamá Pancha, Yunice Barreto, expresó su rechazo a la respuesta que atribuye a la gestión del ministro de Desarrollo Minero Ecológico y presidente de la CVG, Héctor Silva, a quien los representantes mineros declararon persona no grata. También responsabilizaron a las autoridades por las condiciones de salud de los trabajadores que participan en la huelga de hambre.
⚠️ Barreto denunció presuntas actuaciones irregulares de funcionarios militares y organismos de seguridad contra mineros artesanales en el municipio El Callao. En sus declaraciones mencionó al coronel Miguel Ángel Velázquez, al teniente coronel Iván Salazar y al capitán Luisen Álvarez, además de señalar supuestas responsabilidades del viceministro Jesús Mieres y de la directora de despacho, Dessire Hidalgo. Estas acusaciones no han sido verificadas de manera independiente.
⚖️ Por su parte, la abogada Ixamar Bolívar, representante jurídica de las brigadas mineras, informó sobre la introducción de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo con sede en Puerto Ordaz. Según la información suministrada, la acción solicita la citación de organismos del sector minero y de la Fiscalía Superior, así como la restitución de espacios que los denunciantes consideran ocupados arbitrariamente y la devolución del Registro Único Minero.

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