Si como lo vienen señalando las encuestas independientes el 28 de julio se concreta la victoria electoral de Edmundo González Urrutia, veremos el inicio de un período postelectoral de seis meses para recibir la presidencia de la República, algo sin precedentes en la historia de Venezuela y quizá tampoco visto en otra latitud.
En los años de la democracia, el período para el traspaso del poder duraba alrededor de dos meses. Nunca medió un lapso tan absurdo entre las elecciones, realizadas en diciembre, y el inicio del nuevo gobierno. Este de medio año es una de las extravagantes «innovaciones» impuestas arbitrariamente y que más inquietud causa entre la población, ya bastante preocupada por los rumores de una emboscada judicial o administrativa en las dos semanas que restan de campaña electoral, lo mismo que sobre cómo será el comportamiento de los perdedores.
De los malos perdedores, deberíamos decir, pues pese a las acusaciones que lanza la cúpula gobernante contra la oposición sobre el supuesto desconocimiento de resultados electorales, no es menos cierto que el régimen frente a la aplastante derrota en las elecciones legislativas del 2015 maniobró hasta desconocer sus atribuciones y sus actos y finalmente la sustituyó por una constituyente espuria.
Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con las dos victorias de Ledezma en la Alcaldía Mayor, ente que fue despojado de sus bienes, recursos y potestades hasta finalmente hacerlo desaparecer como instancia de gobierno municipal cuando se convencieron que no ganarían ese cargo de elección popular. El invento de los tristemente célebres «protectores», designados a dedo por el presidente por encima de los gobernadores electos, no fue sino una manera de desconocer las victorias regionales de la oposición.
De allí que inevitablemente se levante la preocupación del ciudadano cuando piensa en esos seis meses que el presidente electo tendrá que esperar para recibir el Poder Ejecutivo, sujeto a las no descartables ocurrencias de un gobierno derrotado, que además mantiene atenazadas todas las instituciones.
Pero más allá de eso, una victoria popular amplia y contundente como la que hace presumir el desarrollo de la campaña de González y María Corina Machado tendrá un impacto político y una onda expansiva a todos los niveles que deberá convencer al gobierno saliente de respetar la constitución y la expresión de la soberanía popular.
Lógicamente, tras la victoria del 28 de julio el presidente electo con el apoyo de Machado y de la oposición unificada comenzará a desarrollar una intensa agenda pública de encuentro con los sectores empresariales, sindicales, universitarios, académicos, culturales, poderes regionales y otros, ratificando lo que ha sido su mensaje electoral: Venezuela irá hacia un período de absoluto respeto a la Constitución, de plenas garantías para los derechos humanos, de reencuentro y convivencia ciudadana y de relanzamiento de las potencialidades económicas del país.
La victoria de la oposición el 28 de julio luce inminente. El apoyo a Edmundo González va in crescendo, como lo testifican las recientes giras por Guárico, Cojedes, Mérida, Táchira, Caracas y Anzoátegui, con María Corina Machado al frente. El trabajo de organización para la vigilancia y defensa del voto en las mesas se ha ido consolidando nacionalmente.
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El triunfo del 28 de julio será un paso gigantesco, pero no el único que demandará de la mayor unidad, participación y respaldo de los venezolanos. La tarea de la reinstitucionalización y la reconstrucción será una empresa titánica, exigente en grado sumo, pero sus frutos se comenzarán a ver tempranamente y en todos los terrenos en un país oxigenado por una inmensa bocanada de libertad.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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