Si el continuismo impuesto por el fraude se consolida, el futuro del país será el de irse convirtiendo en una versión venezolana de Cuba: una sociedad sin libertad que regresa a los tiempos en los cuales «la razón de la fuerza» imponía quién gobernaba y no la soberanía popular; con una economía incapaz de aprovechar su potencial de desarrollo y generación de bienestar, signada y reducida a los esfuerzos de subsistencia y rebusque de la mayoría de la población. Con una calidad de vida en deterioro continuo que terminará haciendo estructural la crisis humanitaria compleja traducida en un mayor empobrecimiento de la sociedad y en un incremento de la diáspora.
El apagón del 30 de agosto, cuyos coletazos persisten, es una advertencia sobre el futuro lleno de precariedades de todo tipo que le espera a la sociedad venezolana. Los bajos ingresos y la inflación en conjunto con la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos y la inseguridad ciudadana, constituyen una calamidad creciente para la población. Situación que lejos de remitir escalará sin remedio de persistir el statu quo imperante.
Los gobernantes actuales no tienen la voluntad política, los recursos, la experticia para hacerse cargo de la situación y mucho menos resolverla. A la oligarquía gobernante solo le interesa su bienestar y el poder como garante de sus privilegios.
Ante tal panorama y ante la evidencia de que el sostenimiento en el poder de quienes hoy lo usurpan se basa en el apoyo de la institución castrense, muchos venezolanos nos preguntamos qué gana la FAN con ese posicionamiento.
No se trata de que esté soportando a un régimen modernizador, eficiente y probo en la aplicación de políticas públicas que generen y estimulen la prosperidad y la inclusión social, proveedor de servicios públicos de calidad, garante de la seguridad de la vida y los bienes de la ciudadanía; con apoyo y legitimidad política; sino a uno contrario a todo lo descrito anteriormente. Pero tampoco de que haya optado por respaldar al mal menor dentro de las opciones posibles en una situación en la cual la república está amenazada en su existencia por intereses foráneos o endógenos.
La elección presidencial del 28 de julio era la oportunidad ideal para que mediante el pronunciamiento de la ciudadanía se iniciara el proceso de transición pacífico e institucional necesario para resolver la crisis sistémica que padece la nación. Esa oportunidad parece bloqueada o definitivamente cancelada debido al apoyo de la FAN al fraude y a todo lo que está en progreso desde el Estado contra la sociedad para solidificar el continuismo que se quiere imponer.
Nada positivo gana la FAN ante el país y la Historia al oponerse a la necesidad de cambio apoyada por la voluntad ciudadana. Por supuesto, que hay sectores de la institución beneficiarios de la actual situación, pero no la institución en su conjunto. El daño reputacional auto infligido es inmenso; consolida el proceso que persigue convertirla en Guardia Pretoriana a contramano de las funciones y competencias que le establece la Constitución y en contradicción con los intereses reales del Estado y la sociedad.
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A las Fuerzas Armadas de un país le deben temer los reales o potenciales enemigos de la integridad y seguridad de la nación. Nunca sus compatriotas.
No le pedimos a la FAN que de un golpe de Estado, ejerza presiones indebidas, mucho menos que se fracture. Le solicitamos que asuma un rol de agente facilitador para la resolución positiva de la crisis política derivada del fraude de la noche del 28/7. La FAN sabe cuál fue el pronunciamiento real de la ciudadanía porque custodiaron el proceso y en su poder reposan actas y comprobantes físicos del voto.
Gonzalo González es politólogo. Fue diputado al Congreso Nacional.
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