Familiares de los detenidos por las protestas poselectorales en las cárceles de Tocorón y Tocuyito han denunciado las terribles condiciones que padecen en estos lugares, así como el clima de intimidación durante las visitas que empezaron la primera semana de octubre, tras mes y medio de aislamiento
La organización Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes 11 de octubre que los detenidos por las protestas poselectorales en las cárceles de Tocorón, en el estado Aragua, y Tocuyito, estado Carabobo, están siendo amenazados para que acepten los cargos de los que se les acusan, así como también desde los centros penintenciarios el Rodeo y Las Crisálidas.
«Recordamos que coaccionar a personas que se encuentran detenidas para que confiesen delitos mediante intimidación y otros métodos ilegítimos es una clara violación a sus derechos, además que lo obtenido bajo esas circunstancias carece de validez legal», señaló la oenegé en una publicación en redes sociales.
La información también fue confirmada por Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad jurídica de Provea. Señaló que la presión y amenazas de agresión física se han intensificado para que los presos políticos admitan los hechos en las audiencias preliminares.
Alvarado también afirmó que la coacción, además de vulnerar sus derechos fundamentales, es «una forma de ejercicio del terrorismo de Estado».
Provea señaló que las más de 2.000 personas detenidas por razones políticas en el marco de la represión poselectoral están siendo acusadas de terrorismo, un delito que -de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT)- contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión.
Por su parte Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades «una investigación exhaustiva e imparcial» sobre estas denuncias, y que se tomen «medidas inmediatas para proteger a los privados de libertad de estos atropellos».
Familiares de los detenidos por las protestas poselectorales en las cárceles de Tocorón y Tocuyito han denunciado las terribles condiciones que padecen en estos lugares, así como el clima de intimidación durante las visitas que empezaron la primera semana de octubre, tras mes y medio de aislamiento.
Comida en mal estado, negación de agua o atención médica, además de presión psicológica son algunas de las denuncias. Madres, esposas y hermanas han dicho que han visto a sus familiares enfermos, deprimidos, con una evidente delgadez y algunos con secuelas de las torturas y malos tratos que sufrieron durante su detención.
Según el Foro Penal Venezolano, en el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito) hay al menos 500 detenidos por las protestas poselectorales. En Tocorón se encontrarían al menos 200 personas de distintos estados del país como Barinas, Zulia, Amazonas o Miranda.
Provea indica que los familiares de las personas detenidas exigen se detenga el maltrato físico y psicológico al que están siendo sometidas y todo el núcleo familiar, respeto a las garantías judiciales y el debido proceso y la libertad de todas las personas que se encuentran detenidas por exigir y defender derechos establecidos en la Constitución Nacional.
TAL CUAL
