Un grupo de padres protestan a las puertas de Tocuyito, una cárcel de presos comunes donde están detenidos varios menores de edad arrestados tras las elecciones.
Durante los últimos cinco años, Marta Valiñas ha liderado la misión de Naciones Unidas que investiga al gobierno del presidente Nicolás Maduro por presuntas violaciones de derechos humanos.
Hasta el momento, el equipo de Valiñas ha documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros delitos.
En su último informe, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió que las autoridades “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador sin mostrar las actas de votación.
El viernes 11 de octubre, un día después de que se publicara este reporte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años el mandato de la misión con el voto a favor de 23 países (entre los que figuran Argentina, Chile, Costa Rica y República Dominicana), 18 abstenciones (entre ellas Brasil) y 6 países en contra (Algeria, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam).
Los testimonios recogidos por la misión que preside Valiñas pueden servir para el expediente “Venezuela I”, la investigación que la Corte Penal Internacional (CPI) emprendió contra el gobierno de Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y que constituye el primer caso en América Latina que llega a esta instancia.
Sin embargo, voceros del gobierno de Maduro han rechazado los informes de la misión, señalando que están “plagados de falsedades” o han sido “vulgares” y “panfletarios”. Además, han descalificado a la misión al describirla como una instancia “controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
Valiñas conversó con BBC Mundo para explicar los hallazgos que la misión hizo públicos en su último informe sobre la persecución política en Venezuela después de las elecciones. Esta entrevista fue editada para su publicación.
Usted ha señalado que Venezuela atraviesa una de las crisis más agudas de su historia reciente en el área de derechos humanos. ¿Qué tipo de violaciones ha documentado la misión después de las elecciones?
En el período postelectoral se intensificó la represión estatal de voces críticas o de personas percibidas como opuestas al gobierno.
Por un lado, está el carácter masivo e indiscriminado de las detenciones arbitrarias que ocurrieron después de las elecciones. Y por el otro, la forma en la que fueron realizadas. En algunos casos, las fuerzas de seguridad del Estado fueron a las viviendas, muchas veces sin una orden, y detuvieron a las personas solamente por algún video o alguna declaración que habían encontrado en redes sociales.
El problema es que esta masividad y este carácter indiscriminado estuvieron acompañados de varias violaciones graves al debido proceso, que se dieron de forma repetida y sistemática, y dejaron a las personas totalmente vulnerables.
No es solo el hecho de que no tenían orden de detención o no estaban informando sobre las razones de las capturas, sino que no les permitían el acceso a su familia ni a abogados de su elección, ni siquiera a organizaciones de la sociedad civil que prestan asistencia jurídica.
¿Qué tipo de prácticas represivas se están aplicando ahora que los investigadores de la misión no hayan documentado en años anteriores?
En primer lugar, están las audiencias colectivas donde se imputan cargos como terrorismo o incitación al odio sin una individualización de la conducta de cada una de estas personas. Esto no lo vimos en las protestas de 2014, 2017 o 2019. Algunas de las audiencias fueron realizadas con los niños, niñas y adolescentes que fueron detenidos, sin presencia de sus padres ni asistencia legal.
Hemos podido investigar algunos casos individuales, pero solo una pequeña muestra de este universo enorme de casos. Por ejemplo, en nuestro informe damos cuenta de 2 niñas que fueron detenidas porque estaban pasando cerca de una protesta y las insultaron, las golpearon y las detuvieron junto con hombres adultos. Una fue liberada, pero la otra permaneció detenida y fue víctima de manoseos estando embarazada. Eso es violencia sexual y es una violación de sus derechos reproductivos. La detención de niños, niñas y adolescentes con esta magnitud no la habíamos visto.
Por otra parte, las detenciones selectivas de personas con un perfil público conocido se volvieron más masivas, como los casos de Freddy Superlano, María Oropeza o William Dávila. Esto lo habíamos visto en casos como el de Rocío San Miguel y otras personas que fueron detenidas con sus familiares. El tema es que todo esto ocurrió en un período muy corto. Por eso decimos que no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Ya las autoridades no están preocupadas en dar una apariencia de legalidad.
Violencia sexual
La misión ha descrito en sus reportes técnicas de tortura que incluyen abusos sexuales contra los detenidos. En el último informe, por ejemplo, se advierte que “la violación contra hombres es comúnmente utilizada como herramienta de castigo y humillación”. ¿En qué consisten las prácticas de violencia sexual que han documentado?
Hemos documentado casos de hombres detenidos que fueron golpeados o recibieron descargas eléctricas en los genitales. Tenemos mujeres que hablan de manoseos o el caso de una mujer que había informado que estaba embarazada y aún así la golpearon y perdió a su bebé. Hay niñas y mujeres que cuando estaban detenidas fueron forzadas a desnudarse frente a guardias hombres. Esto también aparece en casos después de las elecciones.
Hay casos de mujeres detenidas que son coaccionadas a tener relaciones sexuales con los guardias para tener acceso a bienes básicos, pero que son vistos como beneficios o privilegios dentro de las cárceles.
¿La misión puede demostrar que esto ha sido sistemático?
En nuestros informes hemos documentado estos hechos dentro del grupo de casos que estamos evaluando: personas opositoras o percibidas como tales. En los primeros informes había más casos de hombres víctimas porque eran militares acusados de estar presuntamente involucrados en conspiraciones. Hay que aclarar que no estamos mirando la violencia sexual en general, sino solo en los casos que estamos analizando.
Es difícil hablar de sistematicidad de la misma forma que en otros delitos y esto tiene que ver con las dificultades propias de investigar casos de violencia sexual. Hay víctimas que están abiertas a hablar sobre esto, pero hay muchas que no. Sin embargo, hemos visto que estas prácticas se repiten con los años. En términos de prácticas de tortura, sí ocurren de forma repetida.
¿Los investigadores de la misión han tenido acceso a las cárceles o centros de detención para conversar directamente con las víctimas? ¿Existe algún nivel de cooperación con el gobierno de Maduro que garantice ese acceso?
Nunca hemos tenido acceso a las cárceles porque no tenemos acceso al territorio ni a las autoridades. Desde que se creó la misión en 2019, las autoridades nunca nos han respondido ninguna comunicación ni solicitud para recibir información de parte de ellos ni para entrar en el país.
Sin embargo, hemos tenido acceso a información proveniente de personas detenidas. Pero después de las elecciones, no tienen abogados privados y los familiares no han podido entrar a visitarlos. Parte de nuestra preocupación y de las organizaciones en Venezuela es que estas personas están abandonadas, sin posibilidad de que sus abogados revisen los expedientes o de decir a sus familiares lo que les está pasando.
En redes sociales hemos visto testimonios de madres que le piden clemencia al gobierno y a los tribunales tras la detención de niños y adolescentes que ni siquiera estaban participando en manifestaciones. ¿Cuál es la situación de los menores de edad que están en la cárcel en este momento?
Eso es parte de lo que estamos recopilando ahora. Estamos recibiendo información de diferentes fuentes de que están forzando, tanto a adultos como a niños, a admitir los cargos. Les dicen que si no aceptan, les van a imponer sanciones mucho más altas. “Te vas a pasar 20 años en la cárcel, entonces mejor reconoce que estuviste haciendo esto”. Eso está pasando ahora. Y es sumamente preocupante, sobre todo cuando hablamos de niños.
¿Una política de Estado?
¿En qué momento las violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad y cómo se demuestra?
Para que sean crímenes de lesa humanidad tienen que estar previstos en el Estatuto de Roma. No todos los delitos como tortura, violencia sexual o detenciones arbitrarias lo son. Se consideran crímenes de lesa humanidad cuando son cometidos como parte de un ataque a una población, es decir, cuando hay varios incidentes que hacen parte de una misma línea de conducta en contra de una población civil. Estos incidentes tienen que ser cometidos de forma generalizada o sistemática. Si es generalizada, hay muchos casos y ocurre en varios sitios. Si es sistemática, se trata de un patrón de actuación.
También hay que probar que son cometidos bajo una política de Estado. ¿Por qué hemos dicho, ya en 2020, que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad y por qué creemos que se están cometiendo ahora? Porque son parte de una misma línea de conducta y bajo una misma política de Estado. Estos son los requisitos jurídicos.
Y no tiene que ser el Estado quien ejecuta los crímenes, pero sí es una política diseñada por el Estado que luego podría ser implementada por particulares. Por ejemplo, tenemos muchas alegaciones sobre el involucramiento de civiles armados, los colectivos, y hasta qué punto están actuando no solamente con el conocimiento de los agentes del Estado, sino en coordinación con ellos, bajo sus instrucciones.
Ellos son civiles, pero pueden estar actuando bajo una misma política que proviene del Estado. Y es una política de silenciar, anular y sofocar a la oposición, entendida de forma amplia. No es una oposición política solamente, sino de activistas, periodistas o personas defensoras de derechos humanos.
Esto no lo habíamos dicho así antes, pero en el último informe dijimos que el delito de persecución fundada en motivos políticos es un crimen que está previsto en el Estatuto de Roma. Creemos que ese delito de lesa humanidad, el delito de persecución fundada en motivos políticos, está siendo cometido en este momento porque los niños y niñas detenidos, los miembros de las mesas electorales o personas que simplemente pusieron algo en sus redes sociales contra los resultados electorales, están siendo blanco de esta represión por expresar sus opiniones, que son vistas como una crítica o una amenaza al gobierno y que hay que anular, eliminar.
A lo largo de su labor, la misión ha documentado y analizado al menos 850 casos. 520 de ellos constituyen detenciones arbitrarias y 170 corresponden a torturas y malos tratos. ¿Cómo se transforma todo este cuerpo de investigación en insumos para el expediente de la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Maduro?
Hemos dicho públicamente que estamos dispuestos a compartir la información que recopilamos. No solamente los informes que ya son públicos, sino las entrevistas que realizamos, los expedientes judiciales y otros documentos a los que hemos tenido acceso.
Estamos dispuestos a compartirlo tanto con la Corte Penal Internacional, como con otras jurisdicciones que actúen bajo el principio de la jurisdicción universal, como es el caso de los dos procesos que están abiertos en Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Podemos compartir esa información siempre y cuando la persona que nos dio una entrevista, nos dé el consentimiento para hacerlo.
Por ahora, lo que es público es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en todos sus documentos sobre Venezuela pero de forma más significativa en el último, ha citado nuestros informes de manera exhaustiva frente a los jueces para argumentar por qué se debería permitir a la Fiscalía seguir investigando a Venezuela.
Un país sin conflicto armado
Por un lado, el gobierno de Maduro despide al personal de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas, pero por otro asegura que va a permitir la instalación de la oficina de la CPI. ¿Qué significa que se cierre un mecanismo, pero al mismo tiempo se abra otro?
Sinceramente, es difícil de entender cuál es la estrategia. Siempre rechazaron la existencia de esta misión y cualquier hallazgo porque también va en la línea de otros miembros del Consejo de Derechos Humanos que defienden que no se deberían crear estos mecanismos sin el consentimiento del Estado.
Hablamos de países como China, Irán y Rusia. Nosotros somos independientes, actuamos de forma totalmente separada de la Oficina del Alto Comisionado, aunque Venezuela siempre haya tratado de crear este antagonismo entre los dos (la misión y la oficina) para su propio interés. Venezuela puede expulsar al personal de la oficina y rechazar la existencia de nuestra misión, pero eso no tiene ningún impacto en la CPI, ellos hacen sus investigaciones sin que el gobierno pueda detener ese proceso.
Usted ha trabajado en países que han vivido conflictos armados como Colombia, Guatemala o Bosnia y Herzegovina. ¿Qué particularidades ha visto en Venezuela con respecto a otros países?
La particularidad de Venezuela es que tenemos graves violaciones de derechos humanos, que se están prolongando en el tiempo con consecuencias muy graves e intensas para la población, tanto a nivel humanitario como de respeto a los derechos humanos, en un país que está supuestamente en paz, donde no hay un conflicto armado.
Esto genera un gran desgaste en la población y en los defensores de derechos humanos, que intentan resistir. Eso es impresionante. A pesar de toda esta represión continuada, las organizaciones de la sociedad civil mantienen un nivel de capacidad y de profesionalismo muy alto y con una valentía sorprendentes. Además, Venezuela se está cerrando cada vez más al escrutinio internacional y a lo que pudiera lograr la asistencia técnica en materia de derechos humanos.
¿Qué significa la renovación del mandato de la misión hasta el año 2026?
Para las personas que están sufriendo estas violaciones, para la sociedad en general y para las organizaciones de defensa de derechos humanos, es muy importante que exista este trabajo a nivel internacional y que se mantenga el tema de Venezuela sobre la mesa. Es importante como respaldo al trabajo de estas organizaciones y a su protección.
Con esta decisión, el Consejo de Derechos Humanos dio un mensaje muy simbólico. Hay una percepción de que los países autocráticos, que no respetan el orden internacional de protección de derechos humanos, se están fortaleciendo. Pero a la vez, posiciones como ésta son señales muy importantes de que una entidad como el Consejo sí denuncia lo que está pasando en Venezuela.
¿Cuál considera que es la mayor contribución de la misión?
Nuestro trabajo da aliento a las víctimas y a los defensores, les da voz en los foros internacionales. Intentamos que no se normalice la situación de Venezuela, que no se olvide lo que está pasando, simplemente porque ya no está en la noticia del día. A largo plazo, el resultado más tangible de nuestro trabajo será contribuir con los procesos de rendición de cuentas. En el futuro, creo que va a colaborar con las discusiones de justicia transicional.
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