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“Tun Tun”: La maquinaria ciberrepresora del gobierno de Venezuela, al descubierto

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Tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela, actores estatales usaron canales de Telegram y otras redes sociales para perseguir y revelar la información personal de opositores al gobierno de Nicolás Maduro

“¡Te están buscando!” “¡Tienes que irte del país!” Los primeros mensajes de alerta llegaron al teléfono de Raúl* el 31 de julio de 2024, tres días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamara la reelección del presidente Nicolás Maduro. En esos días, observadores nacionales e internacionales, otros países y organismos internacionales estaban cuestionando severamente los resultados oficiales anunciados. Además, estallaron protestas dentro y fuera del país para que se reconociera el triunfo de la oposición.

“Entré en una paranoia muy fuerte, al punto que tuve que botar mi teléfono. Tenía la sensación de que alguien escuchaba mis llamadas”, contó luego Raúl a este equipo periodístico

Raúl asegura que no participó en disturbios, fue veedor ciudadano de las actas electorales en su centro de votación. Terminó encarcelado tras ser víctima de una campaña de acoso digital vinculada a miembros del gobierno venezolano.

Su fotografía, nombre y número de documento de identidad figuraban junto a los datos de otros hombres y mujeres de su localidad, en una imagen donde se lee en grande: “SE BUSCAN”. Eran señalados como “líderes guarimberos”, un término usado por el gobierno de Maduro para referirse a los manifestantes opositores.

*Lea también: Presas políticas de La Crisálida tienen prohibidas las visitas, denuncian familiares

También alcanzó a verse en una imagen de un grupo de WhatsApp de miembros del oficialista Partido Socialista Unido Venezolano (PSUV) en su comunidad, llamado “Compañeros Psuv”, y en una cuenta anónima en Instagram, donde lo calificaban como “terrorista”.

Como Raúl, decenas de jóvenes, dirigentes políticos, líderes sociales y comunitarios, o civiles que cumplieron su papel de veedores electorales o salieron a protestar, han sido expuestos públicamente en redes sociales. 

Esta alianza investigativa logró identificar doce casos de este estilo. Se trata personas cuyos datos fueron difundidos en perfiles de redes sociales vinculados al gobierno venezolano, son activistas políticos o salieron a protestar tras el anuncio del resultado de la elección, y terminaron en un centro de detención mientras el régimen llevaba a cabo la “Operación Tun Tun”, como le ha llamado el madurismo a la campaña generalizada de detenciones que de acuerdo con organismos internacionales de derechos humanos son arbitrarias. Otros 16 ciudadanos permanecen resguardados y dos están exiliados. 

“Yo no me quiero ir del país, tengo mi vida acá y quiero seguir haciendo vida política (…) ¿Por qué yo? … No soy ningún delincuente”, cuestiona Raúl.

Pero esta campaña no fue una iniciativa espontánea entre seguidores del gobierno. Por el contrario, en ella hubo interacción entre actores estatales y esfuerzos colectivos de doxing, el término técnico para referirse a la difusión en línea de los datos personales de alguien sin su consentimiento.

Para Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), organización promotora de derechos humanos, se trata de una “política de terrorismo de Estado” donde toda persona presuntamente sospechosa “está a merced del capricho y la arbitrariedad de cualquier órgano policial”.

Esta investigación periodística recopila rastros y reconstruye hechos registrados en línea a partir del 28 de julio, desde cuando se han registrado 1824 detenciones hasta el 25 de octubre, incluidos 69 menores de edad, según la organización Foro Penal, que presta asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente y a sus familiares. 

Es fruto de la colaboración periodística Los Ilusionistas, un proyecto coordinado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en el que reporteros e investigadores digitales de 15 medios y organizaciones de América Latina investigan colaborativamente la circulación de información falsa y la manipulación de la conversación pública en medios digitales, durante este “súper año electoral” de 2024 en América Latina.

Identificar y aislar al enemigo del gobierno

“Necesito que busquen en #telegram el grupo #CazaGuarimbas y lo denuncien. Están cazando a los que salen a manifestarse URGENTE!!!!”. Denuncias como esta se empezaron a viralizar en redes sociales desde el 30 de julio, mientras se veían a colectivos civiles progobierno en las calles, armados, aterrorizando a personas y dispersando actos públicos a balazos.

El canal de Telegram @CazaGuarimbas se promocionaba entre espacios digitales de adeptos al gobierno venezolano exponiendo a opositores tras la consigna: “NO AL FASCISMO. NO A LA VIOLENCIA”. Y aunque, como lo demostramos aquí en detalle más adelante, @CazaGuarimbas, hoy eliminado, fue el primero, pero no es el único canal creado para “cazar” voces disidentes.

Según el análisis de esta alianza, Telegram, la aplicación de mensajería instantánea de origen ruso es una de las plataformas principales desde donde se articuló esta campaña y presentó el mayor número de actores impulsándola. 

Un seguimiento a las marcas de tiempo que cada publicación deja reveló que @CazaGuarimbas fue el primer grupo en Telegram en el cual se compartió, de forma organizada y sistemática, información personal de personas que manifestaron contra Maduro, siendo el corazón de la campaña de doxing que se extendió durante varias semanas.

La primera publicación en @CazaGuarimbas se hizo el 30 de julio de 2024 a las 01:11 a.m. hora de Venezuela y, en apenas segundos fue reenviada por uno de sus administradores a @CpnbDaet, canal oficial en Telegram de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB). 

Entre el 30 y 31 de julio, 86 mensajes de @CazaGuarimbas se reenviaron a @CpnbDaet, lo que pone en evidencia la coordinación entre ambos canales y sugiere que @CazaGuarimbas funcionaba como una especie de canal “auxiliar” donde la DAET estaba centralizando acusaciones.

A las 10:43 a.m., el enlace al canal de Telegram @CazaGuarimbas fue publicado en la aplicación móvil del CC200, un sistema de organización electoral en línea interno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 

Diversas cuentas en redes sociales (123) documentaron, con capturas de pantalla, que ese enlace había sido compartido en el canal de comunicación interna del Comando de Campaña «Venezuela Nuestra» de Nicolás Maduro, en CC200.

«Hemos creado este link para el reporte de acciones terroristas, fascistas (guarimbas) en cualquier parte del territorio nacional», decía el mensaje publicado en la app, seguido por el enlace al canal @CazaGuarimbas, que también pedía el envío de fotos o videos. 

Otra versión del mismo mensaje, compartida en X, antes Twitter, y que se había hecho viral en WhatsApp, atribuía el texto a “Pedro Infante” en lugar de CC200, nombre que coincide con el del vicepresidente de Organización del PSUV, Pedro Infante Aparicio. Pese a esta coincidencia, la investigación no pudo verificar de forma independiente que el texto proviniera de la misma persona.

El mensaje alcanzó a miles de militantes del PSUV e integrantes de sus estructuras organizativas en todo el país y, en un par de días, el canal de Telegram había acumulado más de 21 mil seguidores

Usuarios en otras redes sociales advirtieron sobre el peligro y comenzaron a pedir que fuera denunciado. 

El 31 de julio a las 01:41., los administradores de @CazaGuarimbas compartieron enlaces a dos nuevos canales de respaldo: @ContraLasGuarimbas y @CazaGuarimbasVe, donde comenzaron a compartir contenidos reenviados del canal original.

El 30 de julio, el canal oficial de la DAET, @CpnbDaet, asoció un grupo de discusión al canal, llamado @SeBuscan, que continuó recibiendo reportes sobre manifestantes en las calles, tal como se había venido haciendo con @CazaGuarimbas.

Tanto el canal como el grupo, ambos vinculados a la subestructura de la Policía Nacional Bolivariana, comparten administrador. Algunos de sus usuarios son policías según las mismas descripciones de sus perfiles. 

“Sé dónde vive uno de los guarimberos en Mérida (…) Anoche andaba quemando caucho (llantas)”. Pocas horas después de la creación del grupo @SeBuscan, usuarios se comenzaron a activar. 

“Compañeros, sean específicos”, escribió el administrador de dicho grupo a las 10:43 de ese día. A continuación, aclaró la forma en que se recibe la información. “Escriban en un solo mensaje: denuncia, lugar y fotografía”.

Denuncia, lugar y fotografía. Mientras usuarios miembros del grupo enviaban sus reportes, el administrador de @SeBuscan hacía lo propio reenviando contenido de @CpnbDaet y viceversa. 

Una fotografía siempre. En algunos casos, un video. Nombres completos, familiares o lugares de trabajo. Dónde viven e inclusive números de teléfono son algunos de los datos personales revelados en estos chats. 

En varias ocasiones, las víctimas son muy jóvenes, al menos de apariencia, adolescentes. 

A las 20:30 de ese mismo día, cuentas oficiales del Gobierno en Instagram, Facebook y Threads compartieron enlaces al grupo @SeBuscan. 

“Organismos de seguridad ciudadana piden el apoyo de la ciudadanía para identificar a los hombres y mujeres responsables de la violencia extrema. Si conoces a algún violento puedes enviar por ese medio”, reza una de las publicaciones gubernamentales.

“Luego de dos meses de estar escondido puedo contarles la situación que ha venido pasando conmigo” relata en Instagram el periodista Luis Gonzalo Pérez, del equipo de comunicaciones de la lideresa opositora María Corina Machado y del candidato presidencial Edmundo González. 

El exilio, dice, no era algo que esperaba, pero finalmente lo consideró necesario para salvaguardar a su familia. 

A partir del 28 de julio empezó a recibir amenazas por parte de organismos de seguridad del Estado. También recibió mensajes que alertaban sobre sus datos personales que circulaban en internet.

Como si se tratase de un delincuente, la fotografía de Luis se envió junto a un aviso de recompensa por el canal de Telegram de la DAET, donde le acusaron de “pagar a menores de edad y vender droga a los motorizados”, supuestamente presentes en las manifestaciones en rechazo a la reelección de Maduro.

TAL CUAL

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