Mujeres denuncian torturas y exigen libertad de todas las presas políticas

Más de 200 adolescentes y mujeres permanecen detenidas por razones políticas en el país en distintas cárceles y comandos policiales. A mediados de noviembre se registraron algunas excarcelaciones en «La Crisálida», pero las autoridades no han confirmado la cantidad o bajo qué régimen continuarán su proceso legal

Un grupo de mujeres, reunidas bajo el Comité por la Libertad de Presos Políticos, denunció las torturas a los que han sido sometidos las detenidas antes y después de las elecciones presidenciales, y exigieron su libertad inmediata.

Durante el foro «Violencia de género y Mujeres Privadas de Libertad», en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, representantes del Comité expusieron la situación que padecen las más de 200 adolescentes y mujeres que permanecen detenidas en el país por motivos políticos.

«Aprovechamos para visibilizar en estos espacios que en Venezuela hay más de 200 mujeres injustamente privadas de libertad a quienes se les han violado todos sus derechos y no se les ha garantizado el debido proceso. Tampoco tienen acceso a la defensa y, además, se les ha vulnerado y han cometido todo tipo de abusos y violencia. Esto demuestra que el Estado violenta los derechos de las mujeres», dijo Sairam Rivas, activista por los derechos de la mujer.

La hermana de Emirlendris Benítez, Melania Benítez, recordó la situación que atraviesa la comerciante luego de ser detenida en agosto de 2018 por el supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro ese año.

«Mi hermana estuvo más de un mes desaparecida. Después de esos días, cuando la pude ver, no la reconocía porque estaba muy temerosa. Golpeada. No podía mover el cuello y estábamos rodeadas de todos los funcionarios. No podíamos hablar bien, ni abrazarnos. A ella la torturaron. Le arrancaron las uñas de los pies, le daban golpes contra la pared. La metían en tobos de aguas y la amenazaban con que le iban a matar a su familia si ella no grababa un video inculpándose», dijo Benítez.

Emirlendris Benítez tenía cuatro meses de embarazo al momento de ser detenida y la violencia a la que fue sometida le produjo un aborto. Tampoco ha recibido atención médica adecuada para los intensos dolores de espalda que la han dejado en silla de ruedas. Fue una de las 17 personas condenadas a 30 años de cárcel en 2022 y permanece recluida en el INOF Los Teques.

Tanto en el INOF, como el Centro «La Crisálida» y sedes de comandos policiales permanecen detenidas por razones políticas más de 200 mujeres. A mediados de noviembre se registraron algunas excarcelaciones en «La Crisálida», pero las autoridades no han confirmado la cantidad o bajo qué régimen continuarán su proceso legal.

En el foro también se denunció la situación de Edward Ocariz, activista por los derechos humanos y habitante de la parroquia Coche de Caracas. Su hermana, Sol Ocariz, señaló que le fueron suspendidas las visitas en la cárcel de Tocuyito por orden del Ministerio de Servicio Penitenciario.

*Lea también: Denuncian prohibición de visitas al activista de DDHH Edward Ocariz en Tocuyito

Además la hija de Aldo Rosso, un activista de Voluntad Popular en la parroquia El Valle, insistió en que se le brinde atención médica a su padre, debido a las patologías que padece. El dirigente político fue enviado a juicio por varios delitos, entre ellos terrorismo.

«No estamos solas, no estoy sola y la lucha va a seguir. No va a ser fácil, pero si seguimos y avanzamos con más fuerzas todas las libertades de los presos políticos se van a lograr», aseveró.

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