Para la vpdta nacional del MAS, María Verdeal, el gobierno de Maduro construye de manera paulatina un Estado represivo a través de una ruta autoritaria de tinte legal para perseguir y castigar a los venezolanos.
«La Asamblea Nacional aprobó ahora la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y anteriormente había sancionado la Ley contra el Fascismo y Neofascismo, así como la Ley contra el Odio».
Explicó que la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo antiimperialista y la defensa de la República Bolivariana de Venezuela es una respuesta a la Ley Bolívar que aprobó recientemente la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que también rechaza el partido naranja.
Aclaró que el MAS ha rechazado todas las sanciones que han recaído en contra de Venezuela porque afectan a la población y no logran los «objetivos propuestos»; solo sirven para justificar la incapacidad y los desastres que cometen quienes están en el poder.
«La Ley Simón Bolívar es inconstitucional y contraviene principios legales, entre ellos el de la retroactividad porque podría aplicarse a hechos pasados».
Verdeal indicó que aún se desconoce si será una ley administrativa o una ley punitiva porque establece penas de 25 a 30 años y multas de hasta 1 millón de veces del tipo de cambio.
«La Constitución Nacional contempla una pena máxima de 30 años y ninguna sanción administrativa o penal puede superar lo establecido».
La dirigente de la tolda naranja señaló que la ley en cuestión se atribuye la expulsión del territorio a los extranjeros y el juicio en ausencia, lo cual está expresamente prohibido en nuestra Constitución y demás tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.
Alertó que esta legislación tiene la potestad de sancionar la divulgación de mensajes, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
«La Ley Simón Bolívar viola directamente la presunción de inocencia, el debido proceso y va en contra del pueblo venezolano.Todos somos sospechosos y podemos ser víctimas de la aplicación subjetiva de esta norma arbitraria, injusta e inconstitucional”.
PRENSA/MAS
