Afirma que nombramientos apresurados profundizarían la crisis institucional en Venezuela
Enrique Márquez, exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral y candidato presidencial en 2024, consignó una comunicación dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que expresó su preocupación por la metodología aplicada en el proceso de designación del fiscal general de la República y del defensor o defensora del Pueblo, tras la renuncia de los anteriores titulares en días recientes.
Márquez subrayó que estas instituciones «representan pilares de la justicia, la legalidad y la protección de los derechos humanos». Por ello, dijo, «sus titulares no admiten productos de cuotas partidistas ni procedimientos acelerados que sacrifican la legitimidad».
Como ciudadano comprometido con la reinstitucionalización del país, manifiesto mi profunda preocupación ante la metodología empleada en el actual proceso de nombramiento del Fiscal General de la República y del Defensor o Defensora del Pueblo, luego de la renuncia de sus… pic.twitter.com/zloJ9ZOdu5
Instó a la Asamblea Nacional a evitar «atajos legales» o interpretaciones restrictivas que empañen la confianza ciudadana. «Venezuela no puede permitirse perder esta oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Continuar con las prácticas del pasado —donde las instituciones eran apéndices del Ejecutivo— solo profundizaría la crisis que hoy buscamos superar», agregó.
El exdiputado invocó fundamentos legales y constitucionales. Citó el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que obliga al Consejo Moral Republicano a convocar un Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, integrado por representantes de diversos sectores sociales, para un proceso público de selección.
«Este artículo garantiza que el proceso resulte participativo y no cerrado a puertas», enfatizó.
En relación con la Defensoría del Pueblo, refirió el artículo 281, que establece las atribuciones de quien vela por los derechos y garantías constitucionales. «El perfil requiere probada solvencia moral y compromiso con los derechos humanos, sin parcialidad política», añade.
Sobre la Fiscalía General, mencionó el artículo 284, que ratifica la autonomía e idoneidad que reviste la figura del director o directora de la acción penal en el país.
«La legitimidad de origen de estos cargos será el cimiento de la paz social. Un fiscal y un defensor del pueblo nombrados bajo el rigor del derecho y el escrutinio público serán la señal más clara de que Venezuela ha regresado definitivamente a la senda del Estado de derecho», concluyó Márquez en su comunicación.
EFECTO COCUYO
