La imposición de defensa pública a presos políticos se afianzó tras las protestas poselectorales. Presiones para inculparse, negativas de ser atendidos o recibir documentos que prueban la inocencia de los detenidos han sido alguna de las cuestiones denunciadas por familiares en estos procesos. Organizaciones resaltan que los defensores públicos, en muchos casos, «son invisibles» lo que coloca a las víctimas en una situación especial de vulnerabilidad
«En la primera audiencia, cuando fuimos a tribunales el defensor nos dijo que ya no podían hacer nada, que eso estaba en manos del Presidente de la República, que era una orden presidencial. Ellos le han cambiado de abogado dos veces. No tienen información que darnos, vamos a tribunales a perder el tiempo».
El relato de Deisy Hernández, madre de Luis Fernando Hernández, arrestado el 29 de julio cerca de su casa en Mamporal (estado Miranda), se repite en cientos de casos de detenidos tras las protestas poselectorales. Durante 2024, y especialmente tras la represión a las protestas en rechazo a los resultados de las presidenciales, la imposición de defensa pública se afianzó en los casos de presos por razones políticas.
Martha Tineo, abogada penalista y directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, señala que la negación del derecho a la defensa, «en términos de que no se le ha permitido a ninguno de los detenidos designar abogados de confianza», es uno de los patrones identificados en este contexto poselectoral.
«En su lugar, se les ha impuesto defensores públicos pero son muchísimos los relatos que tenemos, de una parte de defensores públicos invisibles, a los que nunca los detenidos han visto por lo que es imposible considerar que están estructurando una estrategia de defensa», destaca.
Esto coincide con lo reportado por la Misión de Determinación de Hechos en su informe del pasado 15 de octubre. «En todos los casos investigados, las audiencias de control judicial fueron conducidas con graves violaciones al debido proceso. Las audiencias se realizaron sin presencia de abogados de elección de las personas detenidas, con un defensor público impuesto que, en algunos de los casos, no ejerció una defensa técnica eficaz. Además, no se informó a los familiares de la persona detenida y la audiencia se realizó sin la publicidad necesaria».
Los más de dos mil detenidos pasaron a ser presentados en tribunales de control en audiencias telemáticas donde se designó a un defensor público. Luego, cuando esos tribunales declinaron competencia a jueces con competencia contra el terrorismo, las causas se centralizaron a defensores específicos ubicados en Caracas.
TalCual ha confirmado, en base a relato de al menos una decena de madres consultadas, que los defensores regionales sirven de apoyo al defensor de Caracas, que es quien ejerce todos los recursos y está presente en las audiencias preliminares y de juicio.
En base a la cifra oficial de 2.229 personas detenidas en este contexto poselectoral, argumenta Tineo, «no existía una capacidad real para que los defensores públicos pudieran avanzar en verdaderas defensas para estas personas. Lo que hicieron fue que asignaron casos por regiones, los de Carabobo a una sola persona, los de Guárico a otra y así respectivamente».
En el caso de los adolescentes detenidos, explica, la ONG ha recibido reportes de madres «que intentaron de muchas formas relacionarse con los defensores para consignar documentos de buena conducta, constancias de estudio y actividades recreativas o deportivas, y muchas reportaron maltratos proferidos por las propias defensoras, chantajes de tipo ‘si denuncias va a ser peor’, ‘ahora es que los van a condenar porque se pusieron a denunciar’, instigando a que admitieran los hechos».
La abogada destaca que son una serie de situaciones que no se habían constatado con frecuencia en años anteriores. «Sí se había evidenciado este tipo de tratos crueles, abusivos, tanto de fiscales como jueces, pero había siempre un defensor de confianza que trataba de hacer contrapeso a eso aunque al final la decisión la tomaban jueces y fiscales. Pero en la primera línea de abusos, de maltratos, no habíamos visto jamás a los defensores públicos y lamentablemente en este contexto así ha ocurrido».
Defensa pública «sigue órdenes»
«La defensa pública, como te explico, ellos están cumpliendo una orden. Aún cuando tengan la voluntad de hacerlo, ellos están sujetos a una orden». Así lo señala Sonia Mujica, madre de Leonardo Mujica, un operador de Planta y Subestaciones Eléctricas de Corpoelec en Valencia (estado Carabobo) que actualmente está detenido en la cárcel de Tocorón.
El operador, de 39 años, fue detenido el pasado 3 de agosto por una comisión de la Dgcim, encabezada por un funcionario de nombre José Pérez, cuando fue llamado a una reunión por una «contingencia eléctrica».
El pasado 28 de noviembre le hicieron la audiencia preliminar a Leonardo, que laboraba en Corpoelec desde hace ocho años. Su madre no pudo estar presente. «La defensa pública me dijo que había pedido la libertad plena para mi hijo porque no había nada en su contra y él se había expresado muy bien, pero el juez Franklin Mejías (Tribunal 4 con competencia en terrorismo) le dijo que no. Le pidió una cautelar de presentación cada ocho días y también se la negó».
La Misión de Determinación de Hechos ha dicho que «la falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas».
En esa situación está Pedro Guanipa, exdirector de la Alcaldía de Maracaibo. Fue detenido el 26 de septiembre cuando intentaba cruzar la frontera por Paraguachón hacia Colombia, donde tenía previsto asistir a un compromiso familiar.
Tras dos meses de su detención, su esposa Carol Guanipa declaró a los medios no tener certeza del contenido del expediente sobre su caso por presunta corrupción, según han anunciado las autoridades.
«No sabemos qué dice el expediente porque no tiene su abogado de confianza, incluso el defensor público no ha podido tener acceso al expediente y no sabemos de lo que se hable», ha dicho Figueredo.
El caso de Luis Istúriz, uno de los coordinadores de Vente Venezuela en el estado Miranda, es un poco más complicado. «Él no tiene defensa privada y además sus actas son reserva del Estado. Ni siquiera el defensor público ha podido ver el expediente, eso fue lo que me dijo. Lo poco que sé es que en su presentación se defendió él, porque es abogado, y en la visita nos dijo algunas cosas», dice su madre Yelitze Espinoza.
Istúriz fue acusado de seis presuntos cargos en total, entre ellos usurpación, forjamiento de documento público, desobediencia a las leyes, instigación y conspiración. «Pedimos que le permita juramentar a su abogado de confianza y su excarcelación porque él no es ningún delincuente. Él es abogado, padre de familia y político durante toda su vida», exige Espinoza.
Martha Tineo recuerda que el deber de la defensa pública «es actuar en favor de los intereses de sus defendidos, tal como lo haría un defensor de confianza», es decir, brindar actuaciones de calidad, realizar todas las diligencias necesarias para lograr la libertad de la persona, en base al principio de presunción de inocencia, «que el proceso judicial transcurra en las mejores condiciones para su defendido, aportar todas las pruebas y evidencias necesarias para demostrar su inocencia. En definitiva, sostener los intereses de esa persona».
Insiste en que en este periodo poselectoral no solo se ha negado la posibilidad de asignar o juramentar abogados privados, «sino que te imponen un defensor público que lejos de defender tus intereses, es absolutamente omisivo en sus deberes. Además, en algunos casos pasaron a la primera línea de maltrato contra sus defendidos y sus familiares. Se convirtieron en otro grupo de funcionarios represores».
Torturas sin investigación
Dentro de las actuaciones deficientes de la defensa pública está la poca o nula denuncia de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos a los detenidos poselectorales.
Luis Fernando Hernández fue golpeado en la cabeza con una de las armas de los policías adscritos a la División de Tránsito de Higuerote que lo detuvieron el 29 de julio. También le aporrearon una pierna con la puerta de la patrulla, denuncia su madre, quien desconoce si eso consta dentro del expediente.
«Mi hijo Luis sostiene su casa con trabajos como ayudante de albañil, barbero y transporte a colegios. A mí me parte el alma ver a esos jóvenes, no solo a mi hijo, sino todas las injusticias que están cometiendo contra estos jóvenes. A mi hijo durante los primeros días que llegaron a Yare les daban comida con gusanos, los golpearon con una rama de guayaba, los colocaron con los pies hacia arriba y les daban con eso», comenta Deisy.
Madres y hermanas de los detenidos en cárceles de Carabobo, Aragua, Miranda, Lara o Caracas han denunciado públicamente las golpizas, asfixias, choques eléctricos, violencia sexual y negación de comida o agua a los que fueron sometidos los primeros días de su detención. A pesar de la denuncia pública, no hay procesos abiertos para investigar y sancionar estos hechos.
La Ley Especial contra la Tortura, sancionada en julio de 2013, identifica como perpetradores de tortura a aquellos funcionarios que, en ejercicio de su cargo, atenten contra la integridad de personas bajo su custodia. Los perpetradores no se limitan al ámbito de efectivos de cuerpos de seguridad. También impone penas de hasta 25 años de prisión y suspensión por la misma cantidad de años a aquellos señalados de este tipo de delitos.
Otra cuestión que establece la norma es que cualquier funcionario que «tenga conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, deberá notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a 48 horas». Quienes incumplan esta previsión pueden ser sancionados con multas entre las 50 y 250 unidades tributarias, trabajo comunitario o la destitución del cargo (art. 24).
La abogada Martha Tineo señala que esta es una «responsabilidad por omisión de los defensores, al igual que fiscales y jueces, en las denuncias de torturas que hicieron los detenidos», pues su deber era iniciar la investigación penal contra cualquier señalado de cometer esos crímenes.
LUISA QUINTERO…TAL CUAL
